En el Magdalena Medio no se bloquean carreteras ni campos petroleros por capricho. No se bloquea por moda, por protagonismo ni por interés político pasajero. Se bloquea cuando el cansancio se acumula, cuando el diálogo se agota y cuando la exclusión laboral se vuelve norma. Se bloquea cuando la gente siente que ya no tiene nada más que perder.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |Cada vez que ocurre un bloqueo comunitario o sindical, la reacción es predecible: comunicados oficiales, llamados al orden, advertencias sobre pérdidas económicas y señalamientos que reducen el conflicto a un problema de “vías de hecho”. Pero rara vez se habla de las causas estructurales que llevan a comunidades enteras y a trabajadores organizados a tomar una decisión tan drástica. Se condena el efecto, pero se ignora la raíz del problema.
Barrancabermeja y el Magdalena Medio han sido históricamente territorios estratégicos para la economía nacional. De aquí ha salido buena parte de la riqueza energética que mueve al país. Sin embargo, esa importancia económica no se ha traducido en bienestar social sostenible. El contraste es doloroso: regiones que producen millones de dólares en petróleo conviven con desempleo persistente, informalidad laboral, tercerización extrema y oportunidades cada vez más limitadas para la población local.
El conflicto no está en el bloqueo. El conflicto está en la exclusión sistemática de la mano de obra local, incluso en zonas donde existe personal calificado, experiencia certificada y conocimiento profundo del territorio. Ingenieros, técnicos, operadores, conductores y trabajadores con décadas de experiencia ven cómo los contratos pasan de largo, mientras las oportunidades laborales llegan empacadas desde otras regiones del país.
Este modelo no solo es injusto, también es ineficiente. Desconoce el saber local, rompe el tejido social y genera resentimiento legítimo. Cuando a una comunidad se le niega la posibilidad de trabajar en su propio territorio, se está sembrando conflicto. Cuando se le pide paciencia indefinida mientras se incumplen acuerdos, se está alimentando la protesta.
Las mesas de diálogo se han vuelto escenarios repetitivos donde se promete más de lo que se cumple. Los compromisos se aplazan, los cronogramas se diluyen y las soluciones reales nunca llegan. En ese contexto, la protesta deja de ser una opción política para convertirse en una reacción inevitable. Nadie bloquea alegremente su propia fuente de ingresos; se bloquea porque el modelo laboral ha cerrado todas las demás salidas.
A esto se suma una narrativa peligrosa: la criminalización de la protesta social. Se habla de bloqueos como si fueran actos de sabotaje, se mezcla a comunidades organizadas con actores ilegales y se estigmatiza al sindicalismo como si fuera una amenaza. Esta mirada no solo es injusta, sino profundamente irresponsable. Confunde deliberadamente el reclamo legítimo por trabajo digno con acciones criminales, y con ello justifica la falta de soluciones estructurales.
El sindicalismo y la organización comunitaria no son enemigos del desarrollo. Por el contrario, han sido históricamente mecanismos de equilibrio frente al abuso, la precarización y la desigualdad. Cuando estos actores alzan la voz, no lo hacen para destruir la industria, sino para exigir que funcione con criterios mínimos de justicia social y responsabilidad territorial.
El Magdalena Medio no necesita más discursos sobre orden público ni más presencia reactiva de la fuerza pública cuando estalla el conflicto. Necesita políticas claras de inclusión laboral, reglas transparentes de contratación, seguimiento real a los compromisos y una institucionalidad que no aparezca solo cuando hay bloqueo. La estabilidad operativa no se garantiza con fuerza, sino con legitimidad.
También es necesario decirlo con claridad: mientras la riqueza siga saliendo del territorio y la pobreza se quede, el conflicto persistirá. Mientras se siga tratando la contratación local como una concesión y no como un derecho, la inconformidad crecerá. Mientras los jóvenes formados en la región sigan viendo cómo sus títulos no valen en su propia tierra, el malestar social seguirá acumulándose.
Los bloqueos no son el origen del problema; son el síntoma. Son la señal de que algo está fallando profundamente en la relación entre la industria, el Estado y el territorio. Ignorar esa señal o responder únicamente con represión es una receta segura para que el conflicto se repita, se agrave y se radicalice.
Si el empleo local fuera una realidad tangible y no una consigna vacía, los bloqueos perderían sentido. Si las comunidades sintieran que la industria también les pertenece, que su trabajo es valorado y que su territorio no es solo una zona de extracción, el diálogo sería suficiente. Pero mientras la exclusión se normalice y la desigualdad se administre como parte del negocio, la protesta seguirá siendo el último recurso.
El verdadero problema no es la protesta.
El verdadero problema es haber convertido la exclusión laboral en una política silenciosa.
Y mientras eso no cambie, el Magdalena Medio seguirá bloqueando no por rebeldía, sino por supervivencia.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
