El Tribunal Superior de Bogotá suspendió parcialmente la Resolución 09673 del CNE, permitiendo la participación de Colombia Humana y Progresistas en la consulta interna del Pacto Histórico. La decisión garantiza derechos fundamentales y reactiva el pluralismo político en medio de tensiones institucionales.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de suspender parcialmente la Resolución 09673 del Consejo Nacional Electoral (CNE) marca un hito en la contienda política colombiana de cara a las consultas internas del 26 de octubre de 2025. El fallo, emitido por la magistrada Karen Lucía Castro Ortega, responde a una acción de tutela interpuesta por los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes denunciaron una vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, la igualdad y el debido proceso.
La Resolución 09673, expedida el 17 de septiembre por el CNE, condicionaba el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico a la firmeza de procesos sancionatorios contra partidos integrantes de la coalición. Esta medida excluía de facto a movimientos como Colombia Humana y Progresistas, impidiendo su participación en la consulta interna. La resolución también reconocía al Pacto Histórico como partido único, fusionando a la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista, pero dejando por fuera a sectores clave del progresismo colombiano.
Ante el inminente cierre del calendario electoral —la inscripción de precandidaturas vence el 26 de septiembre—, los accionantes solicitaron una medida cautelar urgente para evitar lo que calificaron como un “perjuicio grave e irreversible”.
El Tribunal acogió la tutela y decretó la suspensión parcial de la resolución del CNE, específicamente en los apartes que condicionaban la personería jurídica. Ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar de inmediato el proceso de inscripción de precandidaturas del Pacto Histórico, incluyendo a Colombia Humana y Progresistas. También prohibió al CNE y a la Registraduría ejecutar actos que bloqueen o retrasen dicha inscripción.
La magistrada Castro argumentó que la medida busca evitar que el fallo de tutela resulte inocuo, dado que el calendario electoral avanzaría sin los accionantes en condiciones de igualdad. Citó como precedente la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional, que reconoció la personería jurídica de Colombia Humana y reafirmó el principio de apertura democrática.
Reacciones políticas
La decisión ha generado una oleada de reacciones entre los actores políticos del país. Carolina Corcho, precandidata presidencial, celebró el fallo como “un triunfo de la justicia y de los derechos fundamentales”. En sus palabras: “La justicia ratifica que la democracia no puede ser cercenada por decisiones administrativas que buscan excluir a sectores mayoritarios del país. Nuestra voz y la de millones de colombianos y colombianas no podrá ser silenciada”.
Gustavo Bolívar, también precandidato, calificó la medida como una “victoria contra el autoritarismo administrativo” y llamó a la ciudadanía a defender el pluralismo político. María José Pizarro, líder del movimiento Progresistas, expresó que “la exclusión de nuestras colectividades era un obstáculo inaceptable para la democracia”.
Desde sectores más conservadores, algunos analistas han cuestionado la intervención judicial en decisiones administrativas del CNE, advirtiendo que podría sentar un precedente de judicialización de la política. Sin embargo, expertos constitucionalistas han defendido la medida como una garantía de derechos fundamentales frente a actos administrativos que afectan el equilibrio democrático.
El fallo del Tribunal no resuelve de fondo la tutela, pero sí modifica el escenario político inmediato. La Registraduría deberá entregar en un plazo máximo de cinco horas los soportes verificables sobre el calendario electoral, plazos, instructivos y registros relacionados con el Pacto Histórico. Además, se ordenó publicar un aviso en la página web de la Rama Judicial por dos días, para permitir nuevas coadyuvancias u oposiciones.
Esta medida reactiva la participación de sectores excluidos y obliga al CNE a revisar sus procedimientos de reconocimiento partidario. También pone en evidencia las tensiones entre órganos administrativos y judiciales en la definición de reglas electorales.
¿Qué sigue?
El proceso de tutela continuará en estudio, y se espera una sentencia de fondo en las próximas semanas. Mientras tanto, el Pacto Histórico podrá inscribir sus precandidaturas este 26 de septiembre y participar en la consulta interna del 26 de octubre. La decisión judicial garantiza que los sectores progresistas puedan concurrir en condiciones de equidad, preservando el principio democrático y evitando la exclusión de candidaturas.
Este episodio revela la fragilidad institucional en la gestión de la personería jurídica de los partidos y la necesidad de fortalecer mecanismos transparentes y equitativos para la participación política. En un país donde la democracia aún enfrenta desafíos estructurales, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá se convierte en un recordatorio de que los derechos políticos no pueden estar supeditados a decisiones administrativas sin control judicial.
