La adherencia a la Reglamentación Fiscal está en peligro: disminución de los ingresos, incremento de la deuda y presiones en aumento impactan en las finanzas públicas.
Aunque el gobierno no ha anunciado nuevas reformas de las ya planteadas, el CARF insiste en la necesidad de buscar fuentes de ingresos permanentes.
Para 2025, el presupuesto nacional se topa con un desafío crucial: un déficit de $46 billones, que equivale al 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) lo alerta, indicando que, sin acciones inmediatas para incrementar los ingresos o disminuir el gasto, el país se dirige a un panorama de insostenibilidad fiscal.
Este desequilibrio no se origina de improviso. En 2024, la deuda fiscal llegó al 6,8 % del Producto Interno Bruto, muy por encima del 4,3 % registrado en 2023 y del 5,6 % previsto en el Marco Fiscal de Medio Plazo. Para equilibrar las cuentas, el gobierno optó por las Transacciones de Única Vez (TUV), un procedimiento contable que le facilitó la modificación del balance primario neto estructural y el cumplimiento de la Regla Fiscal. Sin embargo, estas operaciones, valoradas en $31,9 billones, no obtuvieron la aprobación del CARF, lo que señala que su repercusión en las finanzas públicas será analizada en los dos años venideros.
