La Municipalidad de San Gil anunció que desde este momento exigirá el pago por los cuerpos provenientes de otras zonas del sur de Santander.
La Alcaldía de San Gil y Medicina Legal firmarán un nuevo acuerdo para que esta última entidad siga operando en el municipio. Tras la no aceptación de un cadáver de una comunidad vecina en el laboratorio de tanatopraxia que opera en el cementerio La Esperanza, se reveló que la firma de tal documento estaba en conflicto y por ello la demora en el procedimiento.
No obstante, para proseguir con el procedimiento, la administración de Sangil buscaba que las otras alcaldías de las provincias de Guanentá y Comunera que carecen de medicina legal contribuyan con los costos asociados al alquiler y mantenimiento de la sala de tanatopraxia de Medicina Legal situada en el sector La Playa.
Orlando Quintero, secretario de Gobierno de San Gil, manifestó que no sería equitativo que San Gil asumiera toda la responsabilidad financiera de este funcionamiento, si todos los municipios vecinos utilizaban el servicio. De acuerdo con las cuentas locales, el acuerdo comprende dos contratos: por el centro de tanatopraxia se abonan $12 millones mensuales y por la vivienda en La Playa para las oficinas cerca de $3 millones.
Para alcanzar este acuerdo financiero, la Alcaldía convocó a las administraciones locales la semana anterior a un encuentro, pero la convocatoria no fue muy exitosa. La reunión, a la que también asistieron los miembros de Medicina Legal, solo se presentó personal de Charalá, El Páramo y Ocamonte. Frente a esta circunstancia, Quintero declaró que desde este momento, el municipio cobrará por los cuerpos provenientes de otras zonas. Cada alcaldía recibirá facturas de cobro por un monto cercano a $1,2 millones por el tratamiento de un cuerpo sin vida.
