El aumento reciente en las tarifas de peajes desafía a Colombia, donde el costo afecta tanto a los transportadores como al desarrollo vial del país.
Por: Milton Ardila | Como viajero y ocasionalmente conductor frecuente en las carreteras colombianas, entiendo la frustración de enfrentar incrementos constantes en los costos de peaje.
Estos aumentos, que en 2025 incluyen un 4,64% adicional en relación a la inflación de 2023, se sienten como una carga pesada para quienes dependen de estas vías.
En Colombia, los peajes son una fuente clave para financiar el desarrollo y buen estado de las vías. Sin embargo, también son un recordatorio de la brecha estructural que nos lleva a depender de concesiones privadas para construir y mantener carreteras.
El dilema es claro: equilibrar el progreso vial con la economía de los ciudadanos. Si bien las concesiones han mejorado las vías, muchos contratos priorizan el lucro de algunos sobre el bienestar de la población.
En Santander, la situación es especialmente crítica. Los peajes de Bucaramanga a Bogotá, como Curos, cuestan $11.300, y la Ruta del Cacao (Bucaramanga – Barrancabermeja) suma seis casetas en apenas 114 kilómetros.
“Esto afecta tanto a los viajeros frecuentes como a los transportadores”.
Los costos adicionales impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos. Para los transportadores, estos incrementos representan una subida en el precio de los bienes esenciales, afectando a toda la cadena de consumo.
El Gobierno ha tomado medidas temporales para aliviar la situación. En 2023, los precios fueron congelados, y en 2025 se limitaron algunos incrementos gracias a acuerdos con concesionarios. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo.
La solución no es sencilla ni inmediata. Primero, es necesario renegociar los contratos más antiguos para eliminar cláusulas abusivas. Esto evitaría que las concesiones sigan siendo una carga desproporcionada para los usuarios.
Segundo, nuestros congresistas deben trabajar en propuestas claras para regular la densidad de peajes. Una buena medida es garantizar un mínimo de 150 kilómetros entre estaciones, lo que evitaría excesos como los vistos en Santander. Antioquia y Cundinamarca.
Ahora, la transparencia también es fundamental. Los ciudadanos merecen saber cómo se invierten los ingresos de los peajes. Invias y el ministerio de trasporte, así como las concesiones deben rendir cuentas de forma clara sobre el mantenimiento de las vías y los servicios asociados.
Es que conseguir información confiable, sobre el que se está haciendo en las vías es una tarea casi imposible. El acceso a información confiable permitirá que los colombianos comprendan mejor el destino de sus aportes.
Esto podría reducir el descontento y generar confianza en el sistema de concesiones y los costos operativos de los peajes en el territorio.
Otro punto clave es asegurar tarifas diferenciadas para transportadores de bienes esenciales. Esta medida podría aliviar la inflación y reducir los costos de productos básicos para la población.
Por ejemplo, en Santander, estas soluciones tienen un impacto directo. La regulación de los peajes en rutas como (Bucaramanga-Barrancabermeja) es fundamental para garantizar la conectividad sin castigar a los conductores.
El papel del Ministerio de Transporte es crucial. La planificación de incrementos debe ser coherente y balanceada, evitando que los ajustes se conviertan en sorpresas abruptas para los usuarios.
Además, se requiere un enfoque en el mantenimiento adecuado de las vías existentes. Esto garantizaría que los costos de los peajes se traduzcan en mejoras tangibles y perceptibles por los ciudadanos.
Es necesario también promover proyectos de ley que prioricen la eficiencia y la equidad en los sistemas de concesiones. Esto implica revisar cómo se adjudican los contratos y qué garantías ofrecen a largo plazo.
La educación vial también debe ser parte de la solución. Informar a los conductores sobre los beneficios de las concesiones y los servicios incluidos podría cambiar percepciones negativas.
Esto lo comento, porque un día cualquiera, encontré un conocido de mi tierra Barrancabermeja, que se encontraba con problemas técnicos en su vehículo, y desconocía detalles básicos como que en el tiquete del peaje está el número de atención.
Que, al llamar, podía solicitar el apoyo de un carro taller, o una grúa de ser necesario que lo llevaría hasta un punto seguro para el y su familia y así no correr riesgo en la oscura carretera.
Colombia sigue siendo un país en construcción. La infraestructura vial es hoy muy mala en algunas etapas, pero debe gestionarse su mejora de manera justa y sostenible.
Necesitamos también un sistema que equilibre el progreso y la inclusión, evitando que los peajes sean una barrera para la movilidad y el crecimiento.
El futuro de nuestras carreteras está en juego. Solo con decisiones responsables y consensuadas podremos construir un país más conectado y equitativo.
Las vías de Colombia no son solo caminos; son arterias que conectan nuestra economía y sociedad. Por eso, su regulación no puede ser tomada a la ligera.
Si actuamos ahora, podemos transformar este problema en una oportunidad. Una oportunidad para rediseñar un sistema que funcione para todos.
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*Comunicador social en formación, Defensor de Derechos Humanos, director general de la corporación Cornacoidh.
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