“El Rio Magdalena fue afectado con la expansión de la industria del petróleo, fue perdiendo su antigua relevancia, su función vital se desvirtuó y su biodiversidad está desapareciendo”.
Por: Alexander Mateus Rodríguez | La teoría de Robert Alexy sobre el «efecto de irradiación» de los Derechos Fundamentales en la legislación ordinaria del Estado, desarrollada en sentencias del Tribunal Constitucional Alemán, nos motiva a escribir sobre temas ambientales; Particularmente, en el Fallo Lüth se indicó:
«La Ley Fundamental, que no quiere ser un orden neutral de valores, ha establecido también en la parte dedicada a los derechos fundamentales un orden objetivo de valores y que precisamente con ello se pone de manifiesto un fortalecimiento por principio de la pretensión de validez de los derechos fundamentales. Este sistema de valores, que encuentra su núcleo en la personalidad humana que se desarrolla libremente en el interior de la comunidad social y en su dignidad, debe regir, en tanto que decisión constitucional básica, en todos los ámbitos del derecho; la legislación, la administración y la jurisprudencia reciben de él directrices e impulso».
La Corte Constitucional al momento de declarar el Atrato como «sujeto de derechos», entendió el efecto irradiador que cumple la norma superior[1]. En similar sentido, el día veinte (20) de junio de 2019, el Tribunal Superior de Medellín -Antioquía-, reconoció al Río Cauca, su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM (Empresas Públicas de Medellín) y del Estado.
Lo anterior, permite considerar que, con la Constitución de 1991, cambió sustancialmente el panorama ecológico o ambiental del país, como lo reconoció la Corte en la sentencia C-126 de 1998: «La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado […] que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica“, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente».
El análisis ecocéntrico de la protección de los ríos y ciénagas en Colombia, conduce a pensar que son sujetos con derechos propios, que sin prevención deben ser protegidos contra toda amenaza que afecte ostensiblemente su conservación. Sobre este punto la Corte señaló en sentencia C-449 de 2015 señaló que la perspectiva ecológica de la Constitución reconoce la relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra.
Particularmente en la sentencia C-632 de 2011, se indicó textualmente que:
«(…) en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza’. Postura que principalmente ha encontrado justificación en los saberes ancestrales en orden al principio de diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7º Superior)».
Siguiendo ese mismo pensamiento en la sentencia T-080 de 2015, se indicó que en esta línea,
«(…) la jurisprudencia constitucional ha atendido los saberes ancestrales y las corrientes alternas de pensamiento, llegando a sostener que ‘la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados»[2].
Recientemente la Corte Constitucional en sentencia C-408 de 2004, M.P. Natalia Ángel Cabo, incluyó a las mascotas en el listado de bienes que no pueden embargarse con los propósitos de proteger los derechos fundamentales de los tenedores de animales de compañía al libre desarrollo de la personalidad Y a la intimidad personal y familiar, y de garantizar el principio la dignidad humana, del cual se deriva un deber de protección animal. Particularmente, se indicó que al permitir el embargo de los animales de compañía el Congreso de la República desconoció el deber de protección animal así como su reconocimiento como seres sintientes.
La importancia de reconocer al Rio Magdalena sujeto de derechos constitucionales
La Corte Constitucional en Sentencia T-622 de 2016, respondió el anterior cuestionamiento, otorgando al río Atrato -principal afluente del departamento del Chocó-, la categoría de sujeto de derecho. Enseñó lo siguiente:
«(…) la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos. Bajo esta comprensión es que la Sala considera necesario dar un paso adelante en la jurisprudencia hacia la protección constitucional de una de nuestras fuentes de biodiversidad más importantes: el Río Atrato. Esta interpretación encuentra plena justificación en el interés superior del medio ambiente que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional y que está conformado por numerosas cláusulas constitucionales que constituyen lo que se ha denominado la “Constitución Ecológica” o “Constitución Verde (…)».
Ese mismo análisis se realizó en Sentencia C-632 de 2011, donde se dijo que: “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza”.
Debemos memorar que, en la Convención de Estocolmo de 1972, se estableció que: «El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma».[3]
En punto de la importancia de los recursos hídricos, se ha dicho que: «Los ríos del mundo conforman una intrincada red con enlaces vitales a la tierra, el agua subterránea y la atmósfera. Los que fluyen libremente son importantes, tanto para los seres humanos como para el ambiente, pero el desarrollo económico alrededor del mundo los está reduciendo»[4].
Reflejarnos en el gran Rio Magdalena, y reconocerlo como sujeto de especial protección constitucional, nos permite entender que tiene los derechos que nosotros reclamamos y disfrutamos; por eso, es importante que se establezcan de forma inmediata las medidas de carácter administrativo requeridas para poder restaurar y superar cualquier amenaza que este contaminando el rio y sus indeterminados afluentes.
No es necesario vivir una II guerra mundial para poder acercarnos al constitucionalismo Alemán, donde se ha entendido que la norma constitucional produce un efecto importante dentro de las instituciones del Estado, que debe irradiar cada rincón de nuestra sociedad, llegando a espacios o lugares donde vemos que no hay desarrollo; si integramos todos los principios constitucionales, vamos a ver de forma inmediata que se superan todos los conflictos económicos, ambientales, políticos y militares que afectan ostensiblemente el medio ambiente.
Si el lector llegó a las conclusiones del presente escrito, desde ahora debe asumir la responsabilidad histórica que tenemos con la naturaleza. Por ello, en el contexto de la Agenda COP16 Colombia, debemos analizar la realidad del Rio Magdalena, reconocer que afronta el mismo abandono del Rio Atrato, y no podemos tolerar que se continúe destruyendo un patrimonio natural que no se puede reemplazar.
Esperamos que trasciendan en el tiempo, lo impulsado por la COP16 en Colombia, que realmente se busque la «Paz con la Naturaleza» y podamos transformar la forma como nos relacionamos con el medio ambiente; indiscutiblemente deben cambiar las prácticas de producción y consumo actual, que garantice mejores condiciones de vida para las subsiguientes generaciones.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Santo Tomas, Seccional Bucaramanga. Funcionario de la Rama Judicial.
E-mail: alexandermateusrodriguez@gmail.com.
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
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[1] Sentencia T-622 de 2016.
[2] De acuerdo con la sentencia T-080 de 2015, «adicionalmente, la Corte Constitucional ha venido construyendo una sólida doctrina con respecto a la defensa del pluralismo y autodeterminación cultural de los pueblos, advirtiendo los riesgos conexos a ‘la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza con la desaparición de sus costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la economía y, en términos amplios, su modo de vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión)».
[3] Convención de Estocolmo. Organización de las Naciones Unidas, 1972.
[4] Günther Grill, investigador e integrante del Departamento de Geografía de la universidad canadiense McGill
