Written by 1:00 am OPINIÓN

Los derechos de la familia en una nueva constituyente inoportuna

Superamos el trigésimo aniversario de nuestra Constitución -promulgada el 4 de julio de 1991-, superando profundas desigualdades sociales, económicas y fuertes tensiones políticas que anunciaban una verdadera hecatombe. Los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad ampliamente reconocido como un dispositivo amplificador de derechos, pero no se ha entendido, ni desarrollado todo el potencial que tienen estas herramientas.

Por: Alexander Mateus Rodríguez | Sin comprender la profundidad del derecho constitucional, se anuncia una nueva constituyente -una transición constitucional-, que, desde la óptica del poder constituido actualmente, representa muchas amenazas, en un ambiente polarizado de debilitaran instituciones inmutables, como la familia, la propiedad privada y la libertad de empresa.

Inicialmente debo advertir que en América Latina las constituciones de Colombia[1], Venezuela[2] , Brasil[3] y Bolivia[4] contienen cláusulas que garantiza la heterosexualidad de la familia y ha sido el eje de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno a la familia, como pudo advertirse al analizar las Sentencias C-098 de 1996 y C-814 de 2001, donde preserva el modelo de la familia monogámica y heterosexual.

Doctrinalmente se ha insistido que: “La Corte emplea un ámbito argumentativo formalístico, creado artificiosamente por ella misma, asumiendo un protagonismo que desinstala el sistema constitucional que existe en las materias del derecho de familia y que otorga precisas competencias a los órganos legislativos, apartándose así de la intención conceptualizadora y redactora del constituyente de 1991. Aun habiendo sido reconocida por esta corporación en sus anteriores sentencias con carácter de jurisprudencia vinculante, el que la pareja que da inicio a la familia se estructura a partir de la monogamia y la heterosexualidad, la Corte Constitucional colombiana reformó el artículo 42 de la Constitución Política e impuso, por un ejercicio formalístico de sus poderes, la doctrina ideológica de que las relaciones homosexuales se deben tomar como actos que producen vínculos que caracterizan legalmente a las familias en Colombia”[5].

La Corte Constitucional en Sentencia T-290 de 1995, estableció que el niño tiene derecho a vivir en el seno de una familia, y resulta inobjetable, además, que en un Estado pluralista y protector de la diversidad como es el Estado colombiano, no existe un único tipo familiar digno de protección, sino que se reconoce igualmente a la familia proveniente de vínculos jurídicos como a aquella formada por lazos naturales o afectivos.

En dicho precedente se indicó que los niños tienen derecho a gozar de la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social, y que, a falta de los padres o de las personas legalmente obligadas a dispensarle al menor esta asistencia, el Estado debe asumir su cuidado o confiarlo, mediante adopción, a personas cuya idoneidad debe calificar según criterios axiológicos ajustados al orden constitucional.

Sea esta la oportunidad para reconocer que el razonamiento jurídico desarrollo en el precedente jurisprudencial citado anteriormente -Sentencia T-290/95-, armoniza con el tipo de sociedad perfecta, y enseña el núcleo esencial de la protección constitucional de los niños, pues, fue negada la pretensión perseguida por una pareja del mismo sexo, porque no pudo brindar el ambiente adecuado para que la menor afectada se desarrollara armónicamente con su entorno. Se puede pensar que el operador constitucional apeló a razones objetivas para negar la adopción solicitada por el demandante. Sin embargo, se colige prima facie, que la argumentación jurídica presentada buscaba proteger, mantener o preservar principios ius-naturalistas que solo reconocen a la pareja heterosexual, como el modelo adecuado de familia, la cual, al erigirse como núcleo de toda sociedad, debe prodigar en su seno el mejor ejemplo, que armonice con el orden natural preestablecido.

La lógica natural ha enseñado que los derechos de los hombres terminan donde comienzan los de otras personas, y precisamente dicho axioma permite concluir que existe una serie parámetros conductuales que no pueden ser desconocidos o desnaturalizados por los gobernantes, el legislador o por los jueces que administren justicia, a quienes se ha encomendado la loable labor de proteger el interés general contra cualquier manifestación que desconozca los principios que fundamentan la convivencia pacífica.

Nótese que en las aportaciones realizadas desde la salud metal a la teoría de la adopción por parejas homosexuales,[6]  resalta que la Asociación Española de Pediatría afirma que un núcleo familiar con dos padres o dos madres es, desde el punto de vista pedagógico y pediátrico, claramente perjudicial para el armónico desarrollo de la personalidad y adaptación social del niño, demostrando con meridiana claridad que cualquier propuesta que promueva la adopción de niños por parejas del mismo sexo, provocaría en el menor consecuencias nocivas para su desarrollo, con escasas herramientas sociales para restablecer los derechos soslayados, por el advenimiento de un modelo de familia, que será difícilmente aceptado por la sociedad.

No podemos aceptar que en la jurisprudencia o en una nueva constituyente se indique que el concepto de familia es evolutivo, que se puede modificar por las corrientes de pensamiento actual. La familia como institución esencia de la sociedad, de la propiedad privada y del Estado no puede sufrir alteraciones, el diseño original es inmodificable y cualquier intento de cambiarla, debilitará significativamente los cimientos que han sostenido las sociedades actuales.

Son prolíficos los referentes normativos, doctrinales y jurisprudenciales, a través de los cuales se ha introducido un concepto claro e inmutable de familia, la cual no puede ser desnaturalizada, ni desvertebrada por novedosas corrientes de argumentación jurídica, que pretenden desorbitar al ciudadano incauto que desconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, donde deben conservarse los mejores valores y condiciones de desarrollo intelectual y emotivo. Cuando se atenta o amenaza la institución de la familia, colateralmente se destruye toda posibilidad de preservar la cohesión de la sociedad, se debilita la maya social, y se erigen estereotipos unipersonales e individualistas que se alejan de cualquier oportunidad de desarrollo.

Los nuevos cambios introducidos por la Corte Constitucional para reconocer derecho a personas del mismo sexo no han contribuido al fortalecimiento de la sociedad, ni han generado mejores de condiciones de desarrollo del hombre, únicamente se preocupa por extender la interpretación del derecho, pero se aparta de la exigencia Constitucional de garantizar un orden justo y equilibrado, apartado de subjetivismos, que no consultan la voluntad general.

En el artículo 374 de la Carta Política, se estableció que «la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo». Recientemente, se ha invitado a redactar una nueva constitución, pero los sectores que defendemos la Constitución de 1991, consideramos que cualquier intento de modificarla es nocivo, es inoportuno, porque se ha encorvado mucho el derecho -el concepto de ética y moral-, la jurisprudencia y las Leyes son inestables en las condiciones actuales, no desarrollan adecuadamente los principios constitucionales, ergo, toda iniciativa de cambiar la Carta Fundamental, nos puede conducir a un Estado autoritario, con un programa inspirado en la limitación de derechos personalísimos como los que crezcan sus hijos.

___

*Abogado especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Santo Tomas, Seccional Bucaramanga. Funcionario de la Rama Judicial.

E-mail: alexandermateusrodriguez@gmail.com.

Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.

___

[1]Constitución de Colombia: Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

[2] Constitución de Venezuela. Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.

[3] Constitución de Brasil. “Artículo. 226. La familia base de la sociedad, es objeto de especial protección por el Estado. (…) 3o. A efectos de la protección por el Estado, se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”.

[4] Constitución de Bolivia. Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

[5] Pág. Tesis: La Transformación del Concepto Constitucional de Familia. Alcances de una Problemática Teórica. Autor: José Alejandro Machado Jiménez. Universidad de la Sabana. 2013.

[6] Instituto de Psicoterapia, Manuel allende, Bilbao España. Revista Internacional. Vol 3. Pag 7.

Visited 99 times, 1 visit(s) today
Cerca de