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Corte Constitucional anula la creación del Ministerio de la Igualdad

El tribunal encuentra que el Congreso obvió un requisito al aprobar la ley que dio luz a la institución que lidera la vicepresidenta Francia Márquez, aunque posterga los efectos de su decisión por dos años.

La Corte Constitucional ha decidido anular la creación del Ministerio de la Igualdad. Al alto tribunal encontró que el Congreso, responsable de la creación de la cartera, se saltó un requisito procedimental ―el del aval fiscal que debe expedir el Ministerio de Hacienda cuando una ley crea nuevos gastos para el Estado― y por ello dicha norma es inválida.

Sin embargo, la Corte posterga sus efectos hasta 2026 para dar un plazo para que el Congreso reexpida una Ley. Mientras tanto, la institución que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez podrá seguir operando

La ponente de la decisión es la magistrada Paola Meneses, quien llegó a la Corte ternada por el expresidente Iván Duque, de quien fue compañera en el colegio. Argumentó ante sus ocho colegas que tenía razón la demanda de 11 congresistas de la oposición uribista, incluyendo antiguos compañeros de bancada de Duque en el Senado, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal o Paola Holguín, y la mayoría estuvo de acuerdo con ella.

En enero 21 de 2023, cuando la ley tenía menos de tres semanas de haber sido firmada por el presidente Gustavo Petro, los congresistas argumentaron que en el debate legislativo se debía explicar con detalle cuál era el costo fiscal de crear el Ministerio, y que ello nunca se realizó.

Entre sus pruebas, recordaron que, si bien el Ministerio de Hacienda envió un concepto favorable a la nueva cartera, no fue preciso.

“El costo preciso de creación y operación del nuevo Ministerio se puede tener una vez se cuente con la estructura final de la entidad”, decía el documento. Aunque había dos argumentos adicionales, este fue el clave en la decisión.

El trámite en la Corte fue largo, con decenas de escritos de intervención, incluyendo los de varios congresistas gobiernistas, revisión de actas y videos de las sesiones del Congreso y un cambio de ponente que al final fue clave.

Originalmente, el proceso estuvo en manos de Alejandro Linares, quien rechazó parte de la demanda y adelantó el trámite hasta el final. Solo faltaba la decisión, pero en diciembre de 2023 Linares terminó su periodo y lo reemplazo Vladimir Fernández, quien había sido elegido tras ser ternado por Gustavo Petro, de quien venía de ser secretario jurídico en la Presidencia. Tan pronto término la vacancia judicial, el periodo de vacaciones obligatorias de la Rama, el nuevo magistrado se declaró impedido para conocer el caso: él mismo había intervenido ante la Corte en agosto, defendiendo la constitucionalidad de la ley en representación de la Presidencia. La Corte aceptó su impedimento y el expediente quedó en manos de Meneses. Menos de cuatro meses después, el Tribunal le propina una nueva derrota jurídica al Gobierno.

Esa mala noticia, sin embargo, deja una luz de esperanza. El alto tribunal decidió dejar vigente la ley por dos años. Explicó que anularla inmediatamente podría generar “una desarticulación institucional que afectaría a la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”.

En otras palabras, que el Ministerio ya está desempeñando unas funciones fundamentales para sectores marginados, por lo que es necesario que el Congreso tenga la oportunidad de sacar adelante de nuevo la ley, ya sin errores, y evitar la eliminación de la cartera.

Antes de conocer la decisión, la vicepresidenta Márquez afirmó desde Cartagena que el Ministerio a su cargo “trabajará con los jóvenes del barrismo social para construir con ellos una ruta de turismo futbolero”.

En estos pocos meses de funcionamiento, el Ministerio ha ejecutado un porcentaje mínimo de su presupuesto. Este año el Ministerio tenía un presupuesto de $1,3 billones y cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos. Entre unos y otros, eran cerca de 740 puestos.

En teoría, la función de la cartera, como la pensaron Petro y Márquez, es garantizar los derechos de distintos grupos sociales históricamente discriminados, priorizando a las mujeres, quienes representan el 51,2% de la población y son las que más padecen el desempleo; los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palanqueros e indígenas, históricamente marginados; los campesinos que han sufrido el despojo de tierras; la juventud y la niñez, la población LGBTIQ+ y personas con discapacidad.

El Ministerio también tiene como función atender hogares en situación de pobreza, adultos mayores, población migrante y habitantes de calle; y luchar contra el racismo, la discriminación y las violencias basadas en género.

Sin embargo, su inicio ha sido lento. La definición de su estructura tomó varios meses, la vicepresidenta solo se posesionó como ministra el 29 de junio de 2023, y el nombramiento de sus funcionarios ha sido pausado.

Además, salidas como al de Diana Marcela Gómez del viceministerio de la Igualdad han afectado su marcha. De hecho, Márquez enfrentó este martes un debate de control político por la escasa ejecución de la cartera, que hasta marzo iba en el 0,24%.

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