Gobernar no consiste únicamente en ocupar un despacho, anunciar medidas o pronunciar discursos ante los medios de comunicación, gobernar significa tomar decisiones, asumir responsabilidades y responderle a una ciudadanía que durante años ha pedido resultados frente a la inseguridad, la corrupción y las dificultades regionales.
Por: José Luis Moreno Álvarez | Los primeros días del gobierno de Abelardo De La Espriella permiten identificar una dirección política definida, recuperar la seguridad, fortalecer la autoridad del Estado, ordenar el gasto, enfrentar la corrupción y responder ante las emergencias, una agenda debatida ampliamente, pero que también merece ser examinada con serenidad.
El primer resultado que salta a la vista está relacionado con la seguridad, pues en 36 días el Gobierno reportó más de 17.000 capturas y 73 extradiciones firmadas, cifras que muestran una decisión firme de recuperar el control territorial y devolverle a la Fuerza Pública un papel central.
Para quienes viven donde la extorsión, el narcotráfico, el reclutamiento de menores o las amenazas hacen parte de la vida cotidiana, estas decisiones significan mucho más de lo que puede entenderse desde un escritorio, porque recuperar una carretera o proteger un comercio representa también recuperar derechos y oportunidades.
La seguridad debe caminar siempre de la mano de la Constitución, la ley y los derechos humanos, porque una autoridad legítima no se mide solamente por su capacidad de imponer orden, sino por proteger la vida, respetar el debido proceso y garantizar controles institucionales.
Otro aspecto relevante es la decisión de enfrentar el despilfarro y la corrupción, una tarea que no debería pertenecer a una corriente política porque cada peso perdido en contratos irregulares o gastos innecesarios termina afectando financiar educación, salud, infraestructura y seguridad.
La austeridad anunciada por el Gobierno también debe entenderse así, no se trata simplemente de gastar menos, sino de preguntarse qué se está financiando, cuánto cuesta y cuál es el beneficio real para los ciudadanos, para concentrar recursos en prioridades.
La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto puso además a prueba a una administración recién iniciada, ante una tragedia semejante el Gobierno adoptó once decretos para movilizar recursos, fortalecer las regiones, garantizar servicios públicos y acelerar la reconstrucción.
Ese episodio mostró algo poco común en balances políticos, la capacidad de estar presente cuando las circunstancias obligan a decidir, porque detrás de cada vivienda afectada, cada escuela dañada y cada familia existe una realidad humana que exige respuestas.
También merece destacarse la decisión de acercar el Gobierno a los territorios, Colombia no puede seguir administrándose únicamente desde Bogotá porque las necesidades de una comunidad rural de Santander son diferentes a las de otras regiones, aunque todas comparten la expectativa de instituciones presentes y eficientes.
En economía y comercio, la administración ha buscado recuperar relaciones con aliados tradicionales y reducir obstáculos para la actividad productiva, mientras impulsa cambios destinados a disminuir la burocracia y mejorar entidades públicas, una apuesta para empresarios, comerciantes, productores rurales y trabajadores.
La relación con Estados Unidos también representa una oportunidad para mirar con pragmatismo, en seguridad, comercio, energía y reconstrucción, pues Colombia necesita cooperación para enfrentar amenazas transnacionales y debe aprovechar sus alianzas para atraer inversión, abrir mercados y fortalecer capacidades nacionales.
Otro hecho significativo es la sanción de once leyes durante el primer mes, relacionadas con educación, cultura, comercio, movilidad y protección animal, entre otros, lo cual demuestra que la agenda nacional no se ha limitado a la seguridad y responde a sectores sociales.
Reconocer estos resultados no significa entregar un cheque en blanco, precisamente porque un Gobierno que concentra muchas expectativas debe observarse, la seguridad tendrá que demostrar resultados sostenibles, la lucha contra la corrupción deberá respetar el debido proceso y la austeridad tendrá que proteger a los más vulnerables.
La ciudadanía también tendrá un papel esencial, no solamente como espectadora de las decisiones oficiales sino como vigilante de su cumplimiento, porque la democracia se fortalece cuando existen organizaciones sociales que acompañan a las comunidades, instituciones de control que cumplen su función y ciudadanos dispuestos a reconocer aciertos y señalar errores.
Esa mirada equilibrada es particularmente necesaria en las regiones, donde por décadas muchas comunidades han reclamado seguridad, infraestructura, oportunidades y presencia institucional, allí el éxito de cualquier política nacional se mide preguntando si el campesino puede trabajar tranquilo, si el comerciante puede abrir y si los niños pueden estudiar.
Colombia necesita autoridad, pero una autoridad sometida a la Constitución, necesita inversión, pero acompañada de transparencia, necesita crecimiento, pero con oportunidades para las comunidades, y necesita seguridad, pero también justicia, porque estos elementos forman parte de una misma obligación estatal, proteger los derechos de todos.
Quizás uno de los principales logros de este comienzo sea haber colocado nuevamente estos asuntos en el centro de la conversación nacional, seguridad, institucionalidad, eficiencia del gasto, lucha contra la corrupción, atención a las emergencias y presencia territorial son problemas demasiado serios para quedar reducidos a discusiones partidistas.
El camino apenas comienza y sería prematuro presentar un balance definitivo, sin embargo, también sería injusto desconocer los resultados que ya pueden observarse, un Gobierno debe ser evaluado por sus hechos y no únicamente por la simpatía o antipatía que despierte su presidente.
Lo que viene será más exigente, mantener la seguridad, consolidar la recuperación económica, atender las consecuencias del terremoto, fortalecer las regiones y garantizar transparencia requerirá más que anuncios, requerirá instituciones sólidas, servidores comprometidos y una ciudadanía activa que acompañe, vigile y exija resultados.
En estos primeros días hay razones para mirar con expectativa el rumbo adoptado, no porque todo esté resuelto ni porque desaparezcan las diferencias, sino porque existe una voluntad de recuperar autoridad, ordenar prioridades y hacer que el Estado vuelva a ocupar espacios donde la ilegalidad o el abandono tuvieron demasiado terreno.
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*Representante Legal y Presidente – Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz
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