Aunque los casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes disminuyeron frente al mismo período del año anterior, la Defensoría del Pueblo advirtió que el fenómeno continúa siendo una de las más graves violaciones contra la infancia, impulsada por la persistencia del conflicto armado y el subregistro.
El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las principales expresiones de la violencia armada en Colombia. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo al revelar que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 fueron documentados 74 casos, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de 2025, pero que, según la entidad, sigue representando una grave vulneración de los derechos fundamentales de la infancia.
De acuerdo con el informe, el 65% de las víctimas corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 35% son niñas y adolescentes mujeres. El análisis también evidencia que el 28% de los casos afecta a población indígena, el 12% a comunidades afrodescendientes y el 60% restante corresponde a menores que no reportan pertenencia étnica.
La Defensoría insistió en que estas cifras deben interpretarse con cautela debido al alto nivel de subregistro existente en el país. Muchas familias optan por no denunciar los hechos por temor a represalias de los grupos armados ilegales que mantienen control territorial en diversas regiones.
“El subregistro continúa siendo una alerta, ya que muchas veces las denuncias no se realizan por miedo. Si conoces casos de reclutamiento, ponlo en conocimiento de las autoridades. Entre todos y todas debemos seguir trabajando para construir un buen futuro para la infancia y adolescencia en el país”, señaló la Defensoría del Pueblo.
La entidad recordó que el reclutamiento no solo implica incorporar menores a organizaciones armadas, sino también utilizarlos para labores de inteligencia, transporte de armas, vigilancia, actividades ilícitas y explotación sexual, hechos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y considerados crímenes de guerra.
Disidencias y ELN concentran la mayor responsabilidad
El informe identifica nuevamente a las disidencias de las antiguas FARC como los principales responsables de este delito.
Según la Defensoría, el Estado Mayor Central (EMC) concentra el 28,4% de los casos reportados durante el primer semestre de 2026. Le siguen las disidencias sin identificar, con 24,3%; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 21,6%; y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con 18,9%.
El restante porcentaje corresponde a otros actores armados ilegales: 2,7% fue atribuido a grupos sin identificar, otro 2,7% a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras que los Comandos de Frontera aparecen con 1,4% de los casos registrados.
Los datos muestran una continuidad de las tendencias observadas durante los primeros meses del año. Entre enero y mayo, la Defensoría ya había advertido que Norte de Santander, Cauca y Antioquia concentraban buena parte de los reportes, situación que posteriormente se amplió con nuevos casos documentados durante junio.
Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que el reclutamiento responde al interés de los grupos armados por fortalecer su capacidad militar y mantener el control sobre economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y las rutas de contrabando.
Además, expertos advierten que las estrategias de captación han evolucionado. A las amenazas y presiones tradicionales se suman ahora mecanismos de persuasión mediante redes sociales, falsas ofertas laborales y promesas económicas dirigidas especialmente a adolescentes que viven en condiciones de pobreza o abandono estatal.
La JEP insiste en que el reclutamiento sigue activo
La preocupación por este fenómeno no proviene únicamente de la Defensoría del Pueblo.
En mayo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el reclutamiento forzado de menores continúa ocurriendo en distintas regiones del país, pese a los compromisos asumidos por algunos grupos armados dentro de procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
Las cifras históricas también reflejan la magnitud del problema. Durante todo 2025 fueron identificados 419 casos de reclutamiento forzado de menores. De ellos, el 57 % correspondió a niños y el 43% a niñas, siendo Cauca, con 187 casos, y Antioquia, con 33, los departamentos más afectados.
Aunque la reducción observada durante el primer semestre de 2026 representa un alivio parcial frente al comportamiento del año anterior, organismos nacionales e internacionales coinciden en que el fenómeno sigue lejos de ser controlado.
La persistencia de enfrentamientos entre grupos ilegales, la expansión de estructuras armadas en zonas rurales y las limitadas oportunidades educativas y económicas para miles de menores continúan creando condiciones propicias para el reclutamiento.
Por ello, la Defensoría reiteró el llamado al Estado para fortalecer la presencia institucional en los territorios más vulnerables, garantizar protección efectiva a las comunidades y reforzar las rutas de prevención, atención y restablecimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes.
