Las inspecciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud evidenciaron irregularidades en la entrega de medicamentos, incluso cuando existía disponibilidad en algunos dispensarios. La entidad amplió su estrategia de vigilancia en todo el país con el propósito de garantizar tratamientos oportunos y reducir las reclamaciones de los usuarios.
La Superintendencia Nacional de Salud intensificó sus acciones de inspección mediante el denominado Plan 100, una estrategia que comenzó con la meta de visitar un centenar de dispensarios y que posteriormente amplió su cobertura hasta superar las 1.000 inspecciones en diferentes regiones del país. El propósito es verificar directamente las condiciones en las que los gestores farmacéuticos y las EPS realizan la entrega de medicamentos a los pacientes.
Según el balance presentado por la entidad, las acciones de inspección, vigilancia y control han contribuido a una reducción cercana al 22% en las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la entrega de medicamentos. La Superintendencia atribuye este resultado a la verificación permanente de los procesos de dispensación y a las órdenes impartidas para corregir fallas detectadas durante las visitas.
El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, explicó que durante varios operativos se encontraron situaciones en las que “a la gente le dicen que no hay medicamentos, pero sí están”, una circunstancia que, según el funcionario, evidencia posibles deficiencias administrativas y operativas en algunos puntos de entrega.
Las inspecciones permitieron identificar casos en los que medicamentos inicialmente reportados como agotados fueron entregados a los usuarios mientras se desarrollaban las visitas de la Superintendencia. Para la entidad, estos hallazgos demuestran que algunas barreras no obedecen exclusivamente a problemas de abastecimiento, sino también a fallas en los procedimientos internos de dispensación.
De acuerdo con la Superintendencia, los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente quienes requieren tratamientos permanentes para diabetes e hipertensión, figuran entre los más afectados por las demoras en la entrega de medicamentos. Estas interrupciones pueden comprometer la continuidad de los tratamientos y aumentar el riesgo de complicaciones clínicas.
Las inspecciones también surgieron como respuesta al incremento de reclamaciones reportado por organismos de control, entre ellos la Contraloría General, que alertó sobre las dificultades persistentes para acceder oportunamente a medicamentos formulados. Esta situación motivó el fortalecimiento de la supervisión en dispensarios y operadores farmacéuticos.
La Superintendencia anunció que la meta es completar al menos 1.200 inspecciones antes de finalizar el actual periodo de Gobierno, consolidando una estrategia permanente de seguimiento sobre EPS y gestores farmacéuticos. El objetivo consiste en verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas, prevenir nuevas irregularidades y garantizar que los medicamentos lleguen oportunamente a los pacientes.
