Colombia dejó de recaudar 153,2 billones de pesos en 2024 por beneficios tributarios, una cifra que equivale a cinco reformas fiscales de 30 billones. El dato reabre el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad del sistema impositivo.
Mientras el Gobierno nacional insiste en la necesidad de una nueva reforma tributaria para cubrir el creciente déficit fiscal, un dato revelado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto le cuesta al país mantener el amplio esquema de beneficios, deducciones y exenciones tributarias.
Las cifras son contundentes. Según el Ministerio de Hacienda, durante el año gravable 2024 el Estado colombiano dejó de percibir 153,2 billones de pesos por concepto de los llamados “gastos tributarios”, un término técnico que en la práctica representa alivios fiscales, tratamientos preferenciales y exclusiones impositivas otorgadas a personas y empresas.
La magnitud del monto es significativa. Equivale a cerca del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y supera en cinco veces el recaudo proyectado de una reforma tributaria promedio de 30 billones de pesos, como la que el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho que será necesaria para enfrentar el desbalance de las finanzas públicas.
El escenario cobra aún más relevancia en medio del cambio de administración, cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberá asumir el desafío de cuadrar las cuentas del Estado en un contexto marcado por menor crecimiento, alta deuda y presiones sociales.
El informe oficial advierte que estas “gabelas tributarias” crecieron 13% frente al 2023, cuando habían representado 135,4 billones de pesos. En términos reales, el incremento fue de 0,4 puntos del PIB, impulsado principalmente por el aumento en los beneficios asociados al IVA y al impuesto sobre la renta.
Economistas consultados por distintos sectores coinciden en que el debate no se limita a eliminar o mantener beneficios, sino a evaluar su efectividad. La pregunta central es si estas exenciones realmente generan crecimiento, inversión y bienestar social o si, por el contrario, profundizan la inequidad tributaria.
El IVA concentra la mayor fuga de recursos
El principal agujero fiscal está en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con Hacienda, el 65% del costo fiscal total corresponde a este gravamen, con un impacto estimado de 99,1 billones de pesos, equivalente al 5,8% del PIB.
La mayor pérdida se concentra en los llamados bienes y servicios excluidos, que representan 78,1 billones de pesos. Se trata de productos que, por disposición legal, no generan IVA, como varios alimentos de la canasta básica.
Entre ellos figuran hortalizas como papa, tomate, cebolla y zanahoria; frutas como manzana, banano y uva; además de arroz, maíz, avena y sal.
El argumento histórico detrás de estas exclusiones ha sido proteger el bolsillo de los hogares más vulnerables. Sin embargo, varios analistas sostienen que este modelo también beneficia proporcionalmente más a los sectores de mayores ingresos, que consumen mayores volúmenes. El problema no es que existan bienes excluidos, sino que el subsidio termina siendo generalizado y no focalizado.
A esto se suman los 20,3 billones de pesos correspondientes a productos exentos, es decir, aquellos que tienen tarifa de 0%, como leche, huevos y algunas carnes. Aunque el consumidor no paga IVA, el productor sí puede descontar el impuesto pagado en sus insumos.
También están las tarifas reducidas del 5% para bienes como el café y ciertos aceites, otro mecanismo que disminuye la capacidad de recaudo.
El debate sobre estos beneficios suele ser políticamente sensible. Tocar productos básicos implica riesgos sociales y electorales, por lo que históricamente ha sido uno de los puntos más difíciles en cualquier reforma.
Renta, gasolina y carbono en la lupa fiscal
El segundo gran bloque de beneficios está en el impuesto sobre la renta. Allí, el costo fiscal alcanzó 54 billones de pesos, equivalentes al 3,2% del PIB. Del total, 28,3 billones corresponden a beneficios para personas naturales y 25,6 billones a empresas.
Entre las personas naturales, las mayores pérdidas se concentran en las rentas exentas, que sumaron 19,7 billones de pesos, un aumento del 13% frente a 2023. A esto se agregan 4,5 billones por ingresos no gravables, 3,1 billones por deducciones y 882.000 millones en descuentos tributarios.
En el caso empresarial, el Ministerio de Hacienda explicó que el aumento del costo fiscal obedeció, en parte, a la reducción de ingresos por las sobretasas aplicadas al sector extractivo, especialmente carbón y petróleo. “El costo fiscal aumentó de 1,3 a 1,5 por ciento del PIB entre 2023 y 2024”, precisó la cartera económica.
Pero no solo renta e IVA generan impacto. También están los beneficios en combustibles y gravámenes ambientales. El impuesto nacional a la gasolina y al ACPM tuvo un costo fiscal de 453.000 millones de pesos en 2025, equivalente al 0,02 % del PIB.
Según Hacienda, esto obedeció al aumento en las ventas y retiros de combustibles en zonas de frontera. En paralelo, el impuesto nacional al carbono registró un costo fiscal de 483.000 millones de pesos, es decir, 31.000 millones más que en 2024.
La discusión de fondo ahora será inevitable para el próximo gobierno: ¿mantener beneficios que alivian sectores sensibles o desmontarlos para aumentar el recaudo?
