Una inspección de la Secretaría Distrital de Integración Social en la UPI La Rioja, Bogotá, reveló graves hechos de violencia y consumo de alcohol entre miembros de la comunidad Emberá durante la celebración del Día de la Madre. El caso involucró a 52 menores y activó la intervención del ICBF y la Policía.
La celebración del Día de la Madre en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en Bogotá, terminó en una preocupante emergencia social. Una inspección realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social descubrió situaciones de violencia y consumo de alcohol entre integrantes de la comunidad Emberá, incluyendo menores de edad en estado de embriaguez.
El hallazgo obligó al traslado de 52 menores y a la intervención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional, quienes activaron los protocolos de protección y atención institucional. Según el reporte oficial, uno de los casos más delicados fue el de una adolescente de 13 años encontrada en “alto estado de alicoramiento”, lo que derivó en una respuesta urgente de los equipos de atención social.
La denuncia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría, en el que se detalló que los equipos territoriales presentes en la jornada detectaron múltiples factores de riesgo que comprometían la integridad de niñas, niños y adolescentes. “Se evidenciaron condiciones que vulneraban los derechos de los menores y requerían intervención inmediata”, señaló la entidad.
Durante la inspección, las autoridades también encontraron adultos en estado de embriaguez y menores ingiriendo licor, además de episodios de riñas y alteraciones del orden público entre algunos asistentes. La situación generó alarma entre los funcionarios, quienes reportaron que gran parte de la población adulta presente se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que dificultó la intervención inicial y aumentó la preocupación por las condiciones en las que estaban los menores.
La Secretaría Distrital de Integración Social rechazó los hechos y anunció que se reforzarán las medidas de control y acompañamiento en los espacios donde se encuentran comunidades indígenas en proceso de atención. “Nuestro compromiso es garantizar la protección integral de los niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad”, indicó la entidad.
Por su parte, el ICBF confirmó que los menores fueron trasladados a centros especializados para recibir atención médica y psicológica, mientras se adelantan las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer las condiciones en las que se desarrolló la actividad.
El caso ha generado indignación y preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que insisten en la necesidad de fortalecer los programas de prevención del consumo de alcohol y violencia en comunidades vulnerables. La situación también reabre el debate sobre las condiciones de vida y atención que reciben los pueblos indígenas desplazados en Bogotá.
