La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 44 de 2026, que imponía un impuesto del 2,5% a las generadoras de energía y un aporte en especie de energía hidráulica para salvar a la empresa Air-e. La decisión fue unánime y ordena devolver los recursos recaudados en un plazo máximo de seis meses.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio un nuevo golpe a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica declarada en diciembre de 2025. Con una votación unánime de ocho magistrados, el alto tribunal tumbó el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, que imponía cargas tributarias y aportes energéticos a las empresas generadoras de energía.
La norma establecía dos medidas principales: una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de 2025 y un aporte en especie equivalente al 12% de la energía vendida en bolsa por las hidroeléctricas. Estos recursos estaban destinados a garantizar la sostenibilidad financiera de Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hacía más de un año.
La Corte determinó que el decreto carecía de sustento jurídico tras la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1390 de 2025, que había dado origen a la emergencia económica. En consecuencia, el Decreto 44 también fue declarado inconstitucional “por consecuencia”. La decisión se formalizó en la Sentencia C-115 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es la modulación de efectos. La Corte ordenó que la inexequibilidad tenga carácter retroactivo, lo que implica que las sumas recaudadas deberán ser devueltas o compensadas a las empresas generadoras. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá seis meses para aplicar los mecanismos legales que garanticen la devolución efectiva.
En cuanto al aporte en especie de energía, el tribunal dispuso que las compañías podrán reconocerlo como un descuento tributario en el impuesto de renta. Si el valor excede los límites legales, podrá trasladarse a periodos futuros, lo que representa un alivio fiscal progresivo para las empresas involucradas.
El sector energético había manifestado su rechazo desde la expedición del decreto, argumentando que se trataba de una medida injusta que obligaba a las generadoras a financiar deudas ajenas. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, señaló que la decisión “muestra la independencia de los poderes” y confirma que el Gobierno actuó sin sustento legal.
La decisión de la Corte Constitucional no solo frena el recaudo de más de 300.000 millones de pesos, sino que también envía un mensaje contundente sobre los límites de las facultades extraordinarias del Ejecutivo en situaciones de crisis. Para el Gobierno, la medida representa un revés en su intento de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la Costa Caribe, mientras que para el sector privado es una victoria en defensa de la seguridad jurídica.
