El cierre de la Oficina del Ombudsman para la Detención de Inmigrantes (OIDO) en Estados Unidos deja a miles de migrantes sin un mecanismo independiente para denunciar abusos en cárceles del ICE. La decisión del gobierno de Donald Trump ocurre en medio de denuncias por muertes bajo custodia y uso excesivo de la fuerza.
La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cerrar la Oficina del Ombudsman para la Detención de Inmigrantes (OIDO) ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes. Esta oficina, creada en 2021, funcionaba como una defensoría del pueblo independiente, encargada de investigar quejas relacionadas con abusos, mala administración y violaciones de derechos en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El cierre se atribuye a la falta de fondos en el proyecto de ley de asignaciones aprobado por el Congreso, aunque el texto legal no exigía su desaparición. Antes de su clausura, la OIDO ya operaba con recursos mínimos: apenas cinco empleados, una reducción del 96% respecto a su personal original.
La medida ocurre en un contexto crítico. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se han registrado más de 780 casos de uso de fuerza física o química contra migrantes, un incremento del 37% respecto al año anterior. En 2025, más de 30 personas murieron bajo custodia del ICE, el año más letal en dos décadas. En lo que va de 2026, al menos 18 migrantes han perdido la vida en estos centros.
Actualmente, casi 70,000 personas permanecen detenidas de manera constante en los centros del ICE, cifra que duplica la capacidad financiada por administraciones anteriores. El DHS proyecta mantener hasta 99,000 detenidos diarios entre 2026 y 2027, como parte de un objetivo de arrestar y deportar un millón de personas al año.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la FLIP en Colombia han advertido que el cierre de la OIDO elimina un canal vital para que migrantes y sus familias presenten denuncias o den seguimiento a casos de abuso. “Sin esta oficina, los migrantes quedan a merced de un sistema sin vigilancia independiente”, señaló un vocero de derechos humanos.
El sitio web de la OIDO ya no está disponible, lo que impide a abogados y defensores acceder a información o presentar quejas. Para las comunidades migrantes, la medida representa un retroceso en la protección de derechos y un aumento de la impunidad en los centros de detención.
El cierre de la OIDO refleja un endurecimiento de la política migratoria estadounidense, donde las denuncias por condiciones insalubres, falta de acceso a asesoría legal y tratos inhumanos se multiplican. La comunidad internacional observa con preocupación cómo se debilitan los mecanismos de control y supervisión en un sistema que afecta a miles de personas vulnerables.
