La Agencia Nacional de Tierras recuperó la finca Buenavista, un baldío de 6.182 hectáreas ocupado indebidamente por Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia, y Gustavo Londoño. El caso revive el debate sobre el acaparamiento de tierras en Colombia y abre esperanza para campesinos que esperan acceso a predios.
La finca Buenavista, ubicada en La Primavera, Vichada, volvió a manos de la Nación tras un proceso de recuperación adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El predio, de más de 6.000 hectáreas, había sido ocupado durante más de una década por Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia, y Gustavo Londoño, exdirigente político del Centro Democrático condenado por corrupción electoral.
La decisión representa un hito en la lucha contra el acaparamiento de baldíos, terrenos que por ley deben destinarse a campesinos sin tierra o víctimas del conflicto armado. Según el director de la ANT, Juan Felipe Harman, la recuperación busca entregar de manera provisional los lotes a comunidades campesinas de Buenavista, quienes han reclamado durante décadas un espacio para cultivar y subsistir.
El caso se remonta a inicios de siglo, cuando Laserna y Londoño alegaron haber comprado la finca a un colono por COP 520 millones, equivalentes a menos de COP 90.000 por hectárea. Sin embargo, los expedientes oficiales nunca registraron la transacción y, al tratarse de baldíos, la propiedad no podía ser transferida. En 2014, los ocupantes intentaron que un juzgado de Puerto Carreño les reconociera la posesión mediante la figura de usucapión, pero el proceso fue cuestionado por fallos viciados y denuncias de irregularidades.
La recuperación de Buenavista, casi el doble de la superficie de la Hacienda Nápoles, pone en evidencia cómo terrenos destinados a la reforma agraria han sido explotados por particulares para actividades como la ganadería y el aprovechamiento de recursos hídricos. Durante años, mientras los ocupantes mejoraban pastos y criaban ganado, cientos de campesinos clamaban por un lote para garantizar su sustento.
El caso también expone la magnitud del problema en el Legislativo, donde al menos una docena de parlamentarios tienen predios o familiares envueltos en líos de propiedad similares. La situación refleja un patrón de concentración de tierras que ha frenado la soberanía alimentaria y la equidad rural en Colombia.
Organizaciones sociales celebraron la decisión de la ANT como un acto de justicia histórica. Para los campesinos de Vichada, la recuperación significa la posibilidad de acceder a tierras productivas en un departamento con vastas extensiones, pero donde gran parte de la población carece de propiedad formal.
La medida, además, reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre los baldíos, garantizar transparencia en los procesos judiciales y avanzar en una verdadera reforma agraria que priorice a quienes trabajan la tierra.
La finca Buenavista se convierte así en símbolo de resistencia y esperanza: un recordatorio de que, pese a décadas de ocupación indebida, los baldíos pueden regresar a manos de la Nación y cumplir su propósito social.
