En Colombia hay temas que, por su peso histórico, económico y simbólico, no deberían prestarse para la ligereza del debate público. Ecopetrol es uno de ellos. Sin embargo, una vez más, el país ha sido arrastrado a una discusión marcada más por el ruido que por el rigor, más por la emoción que por los hechos.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |En las últimas semanas, ha circulado con fuerza la versión de que el Gobierno Nacional estaría preparando la venta de activos estratégicos, incluyendo su participación en Ecopetrol. Titulares, publicaciones en redes y comentarios en distintos escenarios han contribuido a instalar una sensación de alarma que, para muchos, revive viejos fantasmas: la privatización, la pérdida de control estatal y el debilitamiento de uno de los pilares de la economía nacional.
Pero cuando se deja de lado el titular y se examina el contenido real de la información, la historia es otra.
Lo que existe, en términos concretos, es un informe técnico que el Estado colombiano debe presentar periódicamente al Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 226 de 1995. Este informe incluye un inventario y valoración de activos de la Nación susceptibles de enajenación, como parte de una obligación de transparencia fiscal. Es, en esencia, una herramienta de reporte, no una hoja de ruta de venta.
La diferencia no es menor.
Un informe no es una decisión. Una obligación legal no es una intención política. Un documento técnico no es un decreto de privatización.
Sin embargo, en el clima actual, esas diferencias se diluyen con facilidad.
¿Por qué?
Porque Colombia atraviesa un momento donde la política ha colonizado casi todos los espacios de interpretación. Cada documento se lee como un mensaje oculto, cada cifra como una advertencia, cada informe como una antesala de decisiones mayores. Y en medio de ese ambiente, Ecopetrol se convierte en un blanco perfecto: lo suficientemente importante como para generar atención, y lo suficientemente sensible como para activar emociones colectivas.
Pero quedarse en esa superficie sería un error.
El verdadero debate no está en si hoy se va a vender o no Ecopetrol —porque, con base en la información oficial disponible, no existe una decisión en ese sentido—. El debate de fondo es mucho más complejo, y tiene que ver con la relación histórica entre el Estado colombiano y sus activos estratégicos.
Ecopetrol no es solo una empresa petrolera. Es, ante todo, una fuente fundamental de ingresos para el país, un generador de empleo directo e indirecto, un actor clave en la seguridad energética y un instrumento de política pública. Su comportamiento impacta el presupuesto nacional, las finanzas territoriales, la inversión social y la estabilidad macroeconómica.
Por eso, cualquier discusión sobre su futuro trasciende lo técnico y entra de lleno en el terreno de lo político.
Y es precisamente en ese punto donde la conversación se vuelve incómoda.
Porque aunque hoy no exista una decisión de venta, la historia demuestra que los activos de la Nación han sido considerados, en distintos momentos, como herramientas de ajuste fiscal. No es un fenómeno exclusivo de un gobierno ni de una ideología. Es una realidad estructural de los Estados que enfrentan presiones presupuestales, necesidades de liquidez o cambios en sus prioridades económicas.
Negar esa posibilidad sería ingenuo.
Pero asumir que cada informe técnico es una señal inminente de privatización también lo es.
Entre esos dos extremos —la negación absoluta y el alarmismo permanente— es donde debería ubicarse una postura seria, responsable y estratégica.
Una postura que entienda que la defensa de Ecopetrol no puede ser reactiva ni episódica. No puede activarse únicamente cuando una noticia se vuelve tendencia o cuando una declaración genera controversia. Debe ser una construcción constante, basada en conocimiento, en seguimiento riguroso de las decisiones públicas y en una comprensión profunda del papel que juega la empresa en el desarrollo del país.
Aquí es donde la memoria juega un papel fundamental.
Colombia ha vivido procesos de apertura económica, de privatización parcial y de transformación institucional que han dejado lecciones importantes. En muchos casos, las decisiones se tomaron en contextos de urgencia, con debates limitados y con una ciudadanía poco informada. El resultado ha sido, en ocasiones, la pérdida de control sobre sectores estratégicos o la generación de tensiones sociales que pudieron haberse evitado.
Ecopetrol, por su naturaleza, no puede recorrer ese camino.
Y no se trata de cerrarse al cambio, ni de desconocer los desafíos que enfrenta la industria energética en un mundo que avanza hacia la transición. Se trata de entender que cualquier decisión sobre el futuro de la empresa debe responder a una visión de largo plazo, que equilibre sostenibilidad, soberanía, empleo y estabilidad económica.
No es una decisión menor. No es una decisión técnica. Es una decisión de país.
Por eso preocupa que el debate se degrade.
Que se reduzca a consignas, a rumores, a interpretaciones apresuradas. Que se utilice como herramienta de confrontación política sin considerar sus implicaciones reales. Que se juegue con la percepción de millones de personas que dependen directa o indirectamente de la industria.
Porque al final, el problema no es solo la desinformación.
El problema es lo que la desinformación genera: desconfianza, polarización y decisiones tomadas desde la emoción y no desde el análisis.
Y en un tema como Ecopetrol, eso puede salir muy caro.
Por eso, el llamado es a recuperar el nivel de la discusión.
A exigir claridad, sí.
A hacer control, también.
Pero sobre todo, a comprender.
A entender que los informes técnicos existen y deben existir. Que la transparencia fiscal implica poner sobre la mesa información que puede ser incómoda, pero necesaria. Que no todo documento es una amenaza, pero que tampoco todo debe asumirse con tranquilidad automática.
La madurez institucional se construye precisamente en ese equilibrio.
Ni miedo infundado, ni complacencia peligrosa.
Vigilancia informada.
Ecopetrol no necesita ser defendida desde el grito, sino desde la conciencia.
Desde la capacidad de leer el contexto, de anticipar escenarios y de participar activamente en la construcción de su futuro. Porque si algo está claro es que ese futuro no será definido únicamente por quienes gobiernan, sino también por la presión, la organización y la claridad de quienes entienden lo que está en juego.
Y lo que está en juego no es menor.
Es la soberanía energética.
Es la estabilidad fiscal.
Es el empleo de miles de familias.
Es la capacidad del país de decidir sobre sus propios recursos.
En ese contexto, la pregunta no es si hoy se vende o no se vende.
La pregunta es si Colombia está preparada para dar este debate con la seriedad que merece.
Porque Ecopetrol no es una cifra en un informe.
No es un activo más en un balance.
Es, en muchos sentidos, el reflejo de cómo un país entiende su propio desarrollo.
Y eso no debería definirse en medio del ruido.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
