Por la dignidad del territorio y el respeto a la comunidad, la memoria se convierte hoy en responsabilidad colectiva y compromiso ético permanente.
Santander atraviesa un momento que no se mide solo en cifras electorales ni en discursos de plaza pública. Se mide en la confianza de la gente. Se mide en la sensación de abandono que recorre veredas, barrios y centros poblados cuando las promesas se repiten pero las soluciones no llegan. Se mide en el silencio institucional frente a denuncias ciudadanas que esperan respuesta. La democracia no se debilita de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando la política deja de escuchar y se acostumbra a administrar el poder sin rendir cuentas claras.
Por: Elbert Vargas Cubides |La historia del departamento demuestra que esta no es tierra sumisa. Desde la Revolución de los Comuneros de 1781, reconocida por la historiografía nacional como uno de los primeros levantamientos contra los abusos coloniales, hasta los procesos organizativos del Magdalena Medio documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la región ha defendido su dignidad con trabajo y organización social. Esa memoria no es un adorno. Es una responsabilidad viva. Cada generación recibe un legado que no puede administrarse con indiferencia ni con cálculo personal. Gobernar o legislar no es repartir cuotas. Es proteger el interés general.
Durante los últimos meses se han conocido denuncias públicas relacionadas con el uso de recursos y programas sociales en contextos preelectorales. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad y transparencia. Cuando surgen dudas razonables, las entidades de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tienen el deber de investigar con rigor. La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho de preguntar sin ser estigmatizada ni señalada.
Defender principios no significa atacar personas. La presunción de inocencia es pilar del Estado de Derecho, tal como lo consagra el artículo 29 constitucional. Al mismo tiempo, el control ciudadano es expresión legítima de la democracia participativa reconocida en el artículo 40. Una sociedad madura comprende que vigilar no es perseguir y que denunciar no es calumniar cuando existen hechos verificables y solicitudes formales de información. La confianza pública se fortalece con claridad institucional, no con silencios prolongados ni con respuestas evasivas.
Santander necesita debates de fondo. El estado de las vías terciarias, señalado reiteradamente en informes de la Contraloría como uno de los principales cuellos de botella para la competitividad rural, afecta directamente al campesinado. La situación del campo, el acceso a educación superior en provincias alejadas, la seguridad en zonas rurales y urbanas y la sostenibilidad ambiental en regiones productoras no pueden reducirse a consignas de campaña. Las brechas en empleo juvenil y formalización laboral, registradas por el DANE en sus boletines de mercado laboral, representan familias que esperan oportunidades reales y no simples anuncios.
El Magdalena Medio continúa siendo territorio estratégico para la economía nacional por su riqueza hídrica, agrícola y energética. Sin embargo, también ha sido escenario de violencia y abandono estatal, como lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en varios de sus informes regionales. La inversión pública no siempre llega con la misma fuerza que los discursos. Defender la región implica exigir planeación seria, ejecución transparente y seguimiento ciudadano permanente. Implica acompañar a las comunidades que históricamente han resistido con organización social y esperanza.
La política no puede reducirse a marketing ni a confrontación superficial. Requiere estudio, carácter y compromiso ético. Quien aspire a representar a Santander debe demostrar conocimiento del territorio, comprensión de sus desigualdades internas y capacidad de diálogo con sectores diversos. Las decisiones legislativas afectan la vida cotidiana de los municipios. Una ley mal diseñada puede profundizar brechas históricas. Una ley bien construida, debatida con rigor técnico y participación ciudadana, puede abrir caminos de desarrollo sostenible y justicia territorial.
El periodismo y la opinión crítica cumplen una función democrática insustituible. La Fundación Gabo ha insistido en que la ética periodística exige independencia, verificación y responsabilidad social. Callar por conveniencia sería traicionar esa misión. La región necesita voces que no se acomoden al poder de turno, sino que acompañen a la comunidad en sus reclamos legítimos. La palabra pública debe servir para iluminar, no para confundir. Debe tender puentes, no levantar cortinas de humo.
Defender a Santander no es levantar banderas vacías. Significa caminar veredas, escuchar madres cabeza de hogar, conversar con campesinos que madrugan a cultivar cacao y plátano, dialogar con jóvenes que sueñan con estudiar sin tener que migrar a otras ciudades. Significa comprender que la dignidad no se negocia y que el desarrollo no puede concentrarse en unos pocos municipios mientras otros sobreviven con presupuestos limitados y escasa presencia institucional. La equidad territorial es condición básica para la paz duradera.
La historia demuestra que los territorios que olvidan su memoria repiten errores. La organización social ha sido la fuerza más constante en los momentos difíciles. Cuando las instituciones fallan, la comunidad se articula. Cuando el poder se distancia, la gente se acerca entre sí y construye soluciones desde abajo. Esa reserva moral no puede ser utilizada como herramienta electoral ni como simple discurso emotivo. Es patrimonio colectivo que exige respeto y coherencia.
La vara está alta porque la región lo exige. Cada palabra publicada debe honrar la responsabilidad de quienes escriben y de quienes leen. No hay espacio para la mediocridad cuando lo que está en juego es la confianza colectiva. La opinión no es propaganda. Es conciencia pública. La conciencia no se vende ni se alquila. Se cultiva con estudio, con escucha y con compromiso real con la comunidad.
Santander no se vende. Se defiende con memoria, con argumentos y con trabajo comunitario constante. La dignidad no es consigna electoral. Es práctica diaria en cada barrio, en cada corregimiento y en cada espacio donde la ciudadanía decide participar. Cuando la política vuelve a encontrarse con la ética, la región avanza. Cuando la comunidad exige transparencia y actúa con criterio, la democracia respira y se fortalece.
El futuro del departamento no dependerá de un eslogan ni de una fotografía bien producida. Dependerá de la capacidad colectiva para exigir rendición de cuentas, elegir con responsabilidad y mantener viva la organización social que ha caracterizado históricamente a este territorio. Esa es la tarea permanente. Esa es la verdadera defensa del territorio.
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Presidente de la Asociación Anvicfim, columnista de Río Grande y autor del libro «Colombia grita justicia al mundo».
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