Desde que tengo uso de razón —y ya sumo 54 años— he escuchado una palabra que se repite como consigna, promesa o advertencia: cambio. Cambiar parece inevitable. Cambiamos como seres humanos incluso sin notarlo: cada día perdemos minerales, vitaminas, zinc; nuestro cuerpo se transforma de manera silenciosa. Lo mismo ocurre con la naturaleza: la fauna, la flora, el aire, el agua. Todo cambia de forma orgánica, constante, a veces imperceptible y otras veces brutal.
Por: María Adalgiza Velásquez|Pero hay un punto clave que no podemos ignorar: como humanidad somos corresponsables de esos cambios. No basta con observar el deterioro; estamos obligados a reemplazar, mejorar y fortalecer aquello que garantiza nuestra coexistencia y supervivencia. En otras palabras, el cambio no puede ser solo biológico o natural: debe ser político, ético y social.
Aquí es donde resulta útil traer a colación a Michel Foucault y su concepto de biopolítica. Para el filósofo francés, el poder moderno ya no se limita a dominar territorios o imponer castigos, sino que se enfoca en gestionar la vida misma de las poblaciones: la salud, la reproducción, la longevidad, la productividad. El Estado moderno pasa de un poder soberano que decidía “hacer morir y dejar vivir”, a uno que busca “hacer vivir y dejar morir” de forma funcional al sistema. La vida biológica se convierte así en un recurso estratégico.
Este enfoque permite entender cómo los individuos son normalizados y cómo las poblaciones son administradas como capital humano. El poder, entonces, no desaparece: se transforma. Ya no se ejerce únicamente con ejércitos, sino con estadísticas, mercados, discursos de seguridad, de desarrollo y hasta de justicia.
Si observamos el escenario global, el presente no es muy distinto del pasado. Históricamente, las potencias hegemónicas —Estados Unidos, Europa, Rusia y China— han disputado el control del mundo. Las guerras, según analistas políticos y económicos, no solo han sido tragedias humanas, sino también mecanismos de medición y reacomodo del poder global. Hoy asistimos a una nueva fase de esa disputa.
Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, vuelve a mostrar sin pudor su interés por apropiarse de recursos estratégicos: petróleo, gas, tierras raras, agua. América Latina vuelve a ser vista como patio trasero, como despensa geopolítica. Venezuela, Colombia, México y otros países aparecen en el radar no por su soberanía, sino por su riqueza natural. Las amenazas ya no siempre llegan en forma de invasión militar directa, sino disfrazadas de discursos mediáticos sobre libertad, democracia o seguridad.
Pero esa narrativa tiene poco de creíble. Es una verdad dicha en voz alta: el interés es económico y geopolítico. Trump sueña con consolidar una dominación regional que desconoce un principio fundamental del derecho internacional y de nuestra propia Constitución.
El artículo 9 de la Constitución Política de Colombia es claro: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional. Además, orienta nuestra política exterior hacia la integración latinoamericana y caribeña, no hacia la subordinación.
Por eso, cuando en 2026 se habla de cambio, no se trata de una palabra vacía ni de una consigna de campaña más. Se habla de decidir si seguimos siendo objeto del poder de otros o si asumimos, como pueblo, la responsabilidad histórica de defender la vida, la soberanía y el futuro. El cambio no es inevitable por sí solo: ¡se construye o se pierde!
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Socióloga – Lideresa social-política- feminista – Gestora social
Consejera nacional – Distrital
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