El incremento sin precedentes de impuestos al tabaco y al licor por decreto de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro ha generado un auge del contrabando, reduciendo el recaudo fiscal, fortaleciendo redes ilegales y profundizando tensiones entre finanzas públicas, economía regional y salud pública.
A finales de diciembre de 2025, ante dificultades para cumplir con las metas fiscales de 2026 tras el fracaso del proyecto de Ley de Financiamiento, el Gobierno de Gustavo Petro decretó una emergencia económica y social que habilitó aumentos tributarios extraordinarios.
Entre las medidas más polémicas se encuentra el aumento del impuesto específico al tabaco en un 175%, elevando los precios de los cigarrillos a niveles récord, y la imposición de gravámenes sustanciales sobre bebidas alcohólicas como el ron.
El objetivo oficial del decreto es ampliar el recaudo fiscal con urgencia, compensar ingresos futuros ya cobrados anticipadamente y mitigar tensiones en el presupuesto nacional. Sin embargo, analistas señalan que la estrategia no ha resuelto las debilidades estructurales del sistema tributario, incluyendo la ineficiente lucha contra la evasión y el contrabando, y podría agravar las brechas fiscales si no genera un crecimiento proporcional del recaudo.
Contrabando, una amenaza creciente
Los impuestos elevados han avivado la preocupación de expertos en seguridad fiscal y antiguos funcionarios públicos. Para Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, el contrabando no solo amenaza la recaudación formal, sino que se ha convertido en “un componente estratégico” para el financiamiento de organizaciones criminales.
Según estimaciones de consultoras como Strategos BIP y encuestas de mercado de Invamer, el mercado ilegal de cigarrillos ya absorbe un 36% de la demanda y podría escalar hasta un 80% en el corto plazo, si persisten las condiciones actuales.
El contrabando no se limita a los cigarrillos. El mercado de licores muestra una proliferación de productos adulterados que se venden a precios significativamente menores —por menos de una décima parte del valor de las versiones legales—, complicando aún más la competencia y debilitando el mercado formal.
Este fenómeno tiene antecedentes preocupantes: la DIAN ha estimado que el contrabando pudo haber generado pérdidas por más de 6,14 billones de pesos en derechos e impuestos sobre importaciones en años recientes, afectando bienes tan diversos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, textiles y equipos eléctricos.
Impacto en el recaudo y finanzas regionales
Las finanzas regionales han sufrido impactos directos. En el Valle del Cauca, por ejemplo, los ingresos por impuestos al consumo de tabaco y alcohol se desplomaron más del 80% en los primeros días de enero de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la fuga de mercado hacia el contrabando.
Los gobernadores de varias regiones han expresado su rechazo a la política tributaria, argumentando que el traslado de recursos desde los departamentos hacia el Gobierno central es inconstitucional y perjudica el financiamiento local de salud, educación y deporte.
Pese a los aumentos impositivos, el recaudo efectivo no ha crecido al ritmo esperado. El presupuesto nacional —que fijó una meta cercana a los 305 billones de pesos en ingresos tributarios para 2026— enfrenta un escenario en que parte de esos recursos ya fueron anticipados en 2025, dejando un posible faltante significativo.
Además, la ausencia de mejoras profundas en la capacidad de la DIAN para combatir la evasión y el contrabando limita la eficacia de cualquier esfuerzo recaudatorio que se base únicamente en incrementar tasas impositivas.
El auge del contrabando ha dividido a analistas y sectores sociales. Mientras algunos, como el exdirector Buitrago, subrayan el riesgo de ampliar la cuota del mercado ilegal y financiar economías criminales, otros investigadores presentan evidencias mixtas. Por ejemplo, estudios del pasado sugieren que alzas impositivas anteriores redujeron el consumo sin necesariamente aumentar de forma proporcional el contrabando.
Blanca Llorente, economista de la Universidad Javeriana, sostiene que la industria y algunos grupos económicos exageran las cifras del contrabando para frenar la imposición de nuevos impuestos, subrayando que el problema fundamental radica en el control policial más que en la tasa tributaria.
Por su parte, consultores de mercado argumentan que los consumidores de productos gravados por estas medidas buscarán alternativas no solo por precio, sino por falta de cambio de hábitos, lo que presionaría aún más el comercio ilegal.
Consecuencias económicas y sociales
El fenómeno del contrabando tiene impacto más allá del recaudo: debilita las empresas legales, distorsiona la competencia, reduce la productividad formal y erosiona los recursos destinados a servicios públicos vitales.
Asimismo, agradece un terreno fértil a redes criminales que integran actividades ilícitas desde la producción de bienes adulterados hasta el lavado de dinero, escalando la complejidad de los retos de seguridad para el Estado.
En este sentido, la emergencia económica ha mostrado tensiones entre la urgencia por recursos fiscales y la necesidad de políticas sostenibles que protejan tanto la actividad económica formal como la seguridad pública, revelando desafíos estructurales en la administración tributaria de Colombia.
