El Consejo de Estado condenó a Bernardo Moreno Villegas a pagar 354 millones de pesos por asumir con sus propios recursos una indemnización relacionada con las “chuzadas” ilegales del DAS contra magistrados, en uno de los capítulos más controversiales de espionaje político en Colombia.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, afronta una nueva consecuencia judicial derivada del escándalo de las llamadas chuzadas del DAS, una red de interceptaciones ilegales a opositores, magistrados y periodistas que sacudió a Colombia en la década de 2000.
El Consejo de Estado, en fallo de la Sección Tercera, declaró responsabilidad patrimonial de Moreno en este caso y ordenó que pague de su bolsillo 354.074.968 pesos a favor del Estado, en sustitución del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), que había asumido la indemnización originalmente.
El fallo responde a una demanda de reparación directa presentada por el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, quien fue víctima de escuchas y seguimientos ilegales ordenados desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Según la sentencia, Moreno deberá reembolsar al Estado lo que este pagó como indemnización en un proceso de reparación por los daños ocasionados a Pérez Espinosa y su familia por las interceptaciones ilegales. Una vez la decisión quede en firme, la suma será entregada al Dapre como entidad demandante.
Raíces del escándalo
El caso conocido como las chuzadas del DAS data de 2007 y 2008, cuando altos funcionarios de este organismo de inteligencia interceptaron comunicaciones sin orden judicial a figuras públicas críticas del Gobierno, incluidos magistrados de la Corte Suprema y líderes políticos de oposición.
En años anteriores, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había declarado a Moreno culpable por delitos como abuso de función pública, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, imponiéndole una pena de ocho años de prisión domiciliaria.
En paralelo, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, también fue condenada a 14 años de prisión por su papel en las interceptaciones ilegales, y otros funcionarios vinculados al escándalo enfrentaron procesos judiciales y condenas.
Aunque Moreno cumplió parte de su condena y posteriormente obtuvo libertad condicional tras cumplir aproximadamente 57 meses de su sentencia, la decisión del Consejo de Estado representa una nueva etapa de rendición de cuentas por las actuaciones de inteligencia ilegal que marcaron la política colombiana de esa época.
Implicaciones políticas y jurídicas
El fallo del Consejo de Estado subraya la responsabilidad personal de los altos funcionarios en actos que vulneran derechos fundamentales y comprometen instituciones democráticas. Más allá de las sanciones penales previas, esta sanción económica busca reforzar la idea de que los funcionarios públicos pueden responder con su patrimonio por actos que causan daños al Estado y a ciudadanos afectados.
El caso mantiene vigente el debate sobre la impunidad y la transparencia en el manejo de inteligencia estatal y sus límites en un Estado de derecho. También revive preguntas sobre la participación de autoridades de alto nivel en decisiones que permitieron a entidades de seguridad vulnerar la privacidad de personas sin las debidas garantías legales.
Mientras tanto, el legado de las chuzadas del DAS sigue siendo referente en la discusión sobre la reforma de los órganos de inteligencia y los mecanismos de control civil y judicial sobre sus actividades, para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el futuro.
