Hay espacios que, por su vocación histórica y simbólica, deberían estar protegidos del deterioro social más extremo. El Paseo del Estudiante es uno de ellos. Su sola denominación evoca tránsito de saberes, conversaciones juveniles, mochilas cargadas de libros y sueños que aún no han sido derrotados por la realidad.
Por: Adriano Contreras Uribe | Sin embargo, hoy ese corredor urbano se ha convertido en una postal incómoda de la desigualdad, un escenario donde la educación convive sin mediaciones ni respuestas claras con la exclusión más cruda.
Entre el Colegio Industrial, la Normal Superior y la sede de la Unión Sindical Obrera (USO), instituciones que representan formación, pensamiento crítico y organización social, se despliega una escena que duele y avergüenza: habitantes de calle deambulan sin rumbo fijo, cuerpos vencidos por la adicción, el desprendimiento de sus familias, el abandono institucional y una indiferencia colectiva que parece haberse normalizado. El contraste es brutal. Allí donde debería respirarse futuro, se impone una imagen persistente de degradación del ser humano.
No se trata de una incomodidad estética ni de un problema menor de convivencia. Es una fractura profunda en el tejido social. No debería existir ni siquiera como posibilidad que niños, niñas y jóvenes crezcan normalizando escenas de consumo de drogas, deterioro físico extremo y pérdida total de la dignidad humana. No debería ser parte del paisaje cotidiano observar cuerpos tirados en el suelo, miradas ausentes, episodios de alteración de conciencia en espacios pensados para la formación. Y, sin embargo, ocurre todos los días, sin filtros y, lo que resulta más grave, sin respuestas estructurales visibles.
Aquí surge una pregunta que incomoda, pero que no puede seguir siendo evadida: ¿en qué momento dejamos de indignarnos? ¿Cuándo el dolor ajeno se convirtió en un ruido de fondo que ya no interpela tan siquiera un llamado? La tranquilidad con la que transeúntes, ciudadanos y autoridades observan estas escenas habla de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado, a convivir con la exclusión como si fuera un fenómeno natural e inevitable.
La administración local y las autoridades competentes han demostrado, hasta ahora, una alarmante incapacidad para mitigar o controlar una situación que ya no es solo social, sino un grave problema de salud pública. El consumo problemático de sustancias psicoactivas, la falta de atención médica y psicológica, la ruptura de vínculos familiares y la exposición permanente a la violencia configuran un escenario que desborda cualquier enfoque de orden público. No es un asunto de “limpieza” del espacio urbano; es una crisis emocional que afecta a todos.
Los datos existen y son contundentes. El Censo Nacional de Habitantes de Calle de 2025 identificó 34.000 personas en esta condición a nivel nacional, con un predominio masculino del 87,6 %. En el ámbito local, la Administración Distrital de Barrancabermeja a través de la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, ha logrado focalizar a 337 personas habitantes de calle, pero podrían ser más.
Según estos ejercicios se ha podido identificar grados de consanguinidad, parentescos, personas no censadas y su situación actual. Es decir, el diagnóstico está parcialmente hecho. La información está sobre la mesa. Lo que sigue siendo esquivo es la acción sostenida, articulada y efectiva.
La estigmatización social que viven los habitantes de calle no es un fenómeno nuevo ni aislado. A lo largo de la historia, distintos grupos poblacionales afrodescendientes, pueblos indígenas, judíos, población LGBTIQ+, entre otros han sido objeto de exclusión, discriminación y violencia simbólica. En el caso de quienes habitan la calle, esta señalización adopta una forma particularmente visible y cruel: la estética del rechazo. Como lo señala el documento técnico de la Política Pública Social de Habitante de Calle del Ministerio de Salud (2018), su apariencia física, la falta de higiene, los estados alterados de conciencia o ciertas actitudes percibidas como amenazantes generan miedo y aprensión en la ciudadanía. El resultado es predecible: se refuerza la distancia, se justifica el rechazo y se consolida la exclusión.
La desigualdad y la descalificación no solo marginan; también invisibilizan. Y en esta se gesta una violencia estructural y simbólica que tiene al Estado como actor central. Cuando no se aplican de manera proactiva los principios de igualdad y dignidad humana, cuando las políticas se quedan en el papel y no transforman realidades, el mensaje es claro: hay vidas que importan menos que otras. Esa es, quizás, una de las lecciones más duras que se están aprendiendo en el Paseo del Estudiante.
Es cierto que existen herramientas institucionales para abordar esta problemática. La formulación e implementación de políticas públicas con enfoques diferenciales es una de ellas. Sin embargo, una política pública que no se ejecuta, que no cuenta con recursos suficientes, o que, si los tiene, pero son presuntamente mal gastados, seguimiento riguroso y voluntad política, termina siendo materialmente excluyente y, paradójicamente, discriminatoria. Nombrar el problema no es resolverlo.
Dentro del plan de desarrollo de la alcaldía distrital existe un programa que, al menos en el discurso, busca caracterizar a la población habitante de calle para ofrecer soluciones oportunas. No obstante, en el territorio los resultados son poco visibles. La percepción ciudadana es de abandono y descontrol. Comerciantes, estudiantes y residentes manifiestan preocupación por las situaciones de inseguridad a las que se ven expuestos; denuncian hurtos, amenazas y restricciones para trabajar o transitar libremente por algunos sectores de la ciudad. Estas preocupaciones son legítimas y no deben ser desmeritadas, pero tampoco pueden ser utilizadas como excusa para reforzar la estigmatización o promover respuestas exclusivamente represivas.
En medio de este panorama, surgen luces tímidas, pero significativas. Once personas en situación de calle dieron un paso valiente al vincularse voluntariamente al Programa de Atención Integral del Distrito de Barrancabermeja. Para ellas, este proceso representa una oportunidad de acompañamiento, acceso a servicios, reconstrucción de proyectos de vida y, en algunos casos, reencuentro con sus familias. También se avanza en la construcción de una hoja de ruta a diez años, orientada a garantizar condiciones de dignidad y resocialización para esta población. Asimismo, se están realizando socializaciones de la Política Pública Social para Habitantes de Calle con entidades, presidentes de juntas de acción comunal y ediles, con la intención de llevar el proyecto al Concejo Distrital y surtir el trámite legal correspondiente.
Estos esfuerzos deben reconocerse, pero no idealizarse. Son insuficientes frente a la magnitud del problema y corren el riesgo de convertirse en gestos simbólicos si no se traducen en transformaciones reales y sostenidas. Once personas atendidas son once historias valiosas, pero también son el reflejo de cientos que siguen en la calle, expuestos a la violencia, la enfermedad y la muerte temprana.
La comunidad continúa quejándose, y con razón. La presencia permanente de habitantes de calle en determinados sectores ya se percibe como una problemática social compleja que afecta la convivencia, la seguridad y el uso del espacio público.
De allí el llamado insistente a la intervención de las autoridades. Pero la verdadera pregunta es qué tipo de intervención queremos como sociedad. ¿Una que esconda el problema, o una que lo enfrente desde la raíz?
El Paseo del Estudiante se ha convertido, paradójicamente, en un aula a cielo abierto donde se enseña una lección amarga: se puede hablar de educación, derechos y futuro mientras se fracasa rotundamente en humanidad. La presencia de habitantes de calle no debería verse como una molestia que hay que erradicar, sino como un grito urgente que exige atención, políticas integrales, recursos reales y, sobre todo, voluntad ética y política.
Mientras el silencio institucional y la indiferencia social sigan reinando, seguiremos formando generaciones que aprenden matemáticas, historia y lenguaje, pero que también aprenden quizás sin darse cuenta que la exclusión es tolerable y que el dolor ajeno puede ignorarse. Y esa es una lección que ninguna ciudad debería permitirse enseñar.
Moraleja:
Una ciudad que educa, pero no cuida enseña, sin quererlo, que el conocimiento sin humanidad es una forma silenciosa de fracaso colectivo.
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Realizador Audiovisual, estudiante de Comunicación Social, Camarógrafo de TV y Secretario general de junta nacional de SintraONGS.
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