La administración de Donald Trump afirma no saber el paradero de 137 venezolanos deportados bajo la controvertida invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en 2025 y advierte que brindarles audiencias o devolverlos podría afectar “sensiblemente” la política exterior estadounidense. El Gobierno también rechaza cumplir la orden de un juez federal que exige brindarles debido proceso legal.
El Gobierno del expresidente Donald Trump enfrenta un nuevo capítulo en la batalla legal y política por las deportaciones masivas de venezolanos ocurridas en marzo de 2025. En una presentación judicial reciente, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que no existen medios prácticos para localizar a los 137 ciudadanos venezolanos deportados, que fueron enviados a El Salvador bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y posteriormente regresados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. El funcionario argumentó que reubicar a estas personas en procesos judiciales o facilitarlas audiencias virtuales dañaría los intereses de la política exterior de Estados Unidos en el país sudamericano.
La crisis comenzó cuando la administración Trump invocó por primera vez en tiempos modernos una ley de guerra del siglo XVIII —originalmente pensada para conflictos con naciones hostiles— para acelerar la deportación de inmigrantes que, según Washington, estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Los vuelos con cientos de migrantes desde Estados Unidos a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador provocaron un choque directo con el sistema judicial estadounidense.
El juez James Boasberg, de un tribunal federal en Washington, determinó en diciembre que esos 137 venezolanos “no recibieron un proceso constitucionalmente adecuado” al ser deportados sin una notificación significativa ni la oportunidad de impugnar sus expulsiones mediante recursos como el habeas corpus. Boasberg ordenó que el Gobierno permitiera a los afectados impugnar su designación y deportación ante las cortes.
Rubio, en su respuesta, planteó que debido al tiempo transcurrido desde las deportaciones y a las complejidades de localizar a los individuos —incluyendo si han salido de Venezuela o han sido detenidos de nuevo—, los intentos de cumplir con la orden judicial resultarían impracticables y contraproducentes para las relaciones con el gobierno venezolano
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, confiere al presidente facultades extraordinarias para detener, restringir y expulsar extranjeros de países con los que Estados Unidos está en guerra o bajo invasión. Antes de 2025, se había aplicado solo en contextos bélicos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. La administración Trump la utilizó con el argumento de que la banda Tren de Aragua representaba una amenaza y una “incursión depredadora” al país.
Grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Democracy Forward impugnaron la aplicación de esta ley, argumentando que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que la norma no otorga autoridad para deportar masivamente inmigrantes sin audiencias judiciales previas. En un fallo de 2025, una corte federal dictaminó que la deportación bajo esta ley sin oportunidad de impugnar era ilegal y ordenó permitir el acceso a procedimientos judiciales para los deportados.
Los tribunales de apelaciones entraron en el debate, y en septiembre de 2025 un panel rechazó el uso de la ley para deportar venezolanos acusados de pertenecer a Tren de Aragua, concluyendo que no había evidencia de una invasión como la prevista por el estatuto. Esa decisión podría terminar, eventualmente, en la Corte Suprema, según expertos jurídicos.
Consecuencias diplomáticas y de derechos humanos
Las deportaciones suscitaron preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes, que señalan que al menos algunos de los deportados no tenían antecedentes criminales relevantes y fueron enviados a condiciones duras en El Salvador antes de ser trasladados de regreso a Venezuela. Reportes periodísticos destacaron testimonios de familiares describiendo detenciones arbitrarias y la falta de información sobre el destino de sus seres queridos.
Mientras tanto, el Gobierno estadounidense ha justificado su postura señalando la importancia de mantener una estrategia coherente de política exterior y seguridad, especialmente en un momento de tensiones entre ambos países. Según la presentación de Rubio, organizar audiencias o permitir impugnaciones desde el extranjero podría revelar información sensible o interferir con esfuerzos diplomáticos actuales.
Esta disputa no es solo sobre inmigración; también refleja un choque entre los poderes ejecutivo y judicial en Estados Unidos. Trump y sus aliados en la rama ejecutiva han criticado a los tribunales por interferir con la autoridad presidencial en materia de seguridad nacional, mientras que jueces y abogados defensores insisten en que incluso medidas extraordinarias deben respetar las garantías constitucionales fundamentales.
La ausencia de información verificable sobre el paradero actual de los 137 venezolanos deportados subraya, además, los desafíos prácticos de rastrear personas movidas entre países durante operaciones de este tipo. Para muchos observadores, esto plantea preguntas profundas sobre el uso de leyes antiguas en contextos modernos y sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales en un sistema democrático.
