En un desenlace que refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, la Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Con ocho votos a favor y cinco en contra, la iniciativa quedó en suspenso, profundizando la crisis del sistema.
La reforma a la salud ha sido uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno. Desde su radicación en agosto de 2024, la propuesta buscaba transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un modelo de aseguramiento social donde el Estado asumiera la gestión del riesgo financiero. En este esquema, las EPS pasarían a ser Gestoras de Salud y Vida, articulando los sectores público, privado y mixto, con un mecanismo de giro directo hacia las IPS.
Sin embargo, la iniciativa enfrentó un camino lleno de obstáculos. La Comisión Séptima del Senado, encargada de discutir el proyecto, decidió archivarlo en la última sesión del periodo legislativo. El resultado de la votación —ocho votos a favor del archivo y cinco en contra— significó un golpe duro para la administración Petro, que había apostado gran parte de su capital político en esta reforma.
El proyecto fue cuestionado desde varios frentes. Cuatro críticas fundamentales minaron su viabilidad:
- Naturaleza jurídica: Al tratarse de un derecho fundamental, la salud debería regularse mediante una ley estatutaria y no ordinaria, lo que restaba legitimidad al trámite.
- Aval fiscal insuficiente: El Ministerio de Hacienda presentó un aval que, según opositores, carecía de sustento sólido, generando dudas sobre la sostenibilidad financiera del nuevo modelo.
- Desarrollo incompleto de la Ley Estatutaria 1751 de 2015: Esta norma, que consagra la salud como derecho fundamental, aún no ha sido implementada plenamente, lo que hacía prematuro un cambio estructural.
- Incumplimiento del Auto 007 de la Corte Constitucional: El proyecto no resolvía las exigencias sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos, dejando en el aire la garantía de giros suficientes a las IPS.
Estas críticas reflejan la tensión entre la necesidad de transformar un sistema en crisis y la falta de consensos técnicos y políticos para hacerlo viable.
Reacciones del gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su frustración en redes sociales, calificando la decisión como una “vulgaridad”. Según él, la reforma fue “ocultada” durante meses en la comisión para finalmente ser archivada sin debate ni discernimiento.
Por su parte, el Ministerio de Salud advirtió que la decisión “blindó el negocio de la salud” y cerró las puertas a transformaciones urgentes. En su pronunciamiento, el ministro Guillermo Jaramillo señaló que archivar la reforma no elimina la crisis del sistema, sino que la profundiza.
La crisis del sistema de salud colombiano es innegable. Las EPS enfrentan problemas de liquidez, las IPS denuncian retrasos en los pagos y los usuarios sufren barreras de acceso a servicios básicos. La pandemia de COVID-19 evidenció las debilidades estructurales: falta de cobertura universal efectiva, inequidades territoriales y una dependencia excesiva de la intermediación financiera.
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoció la salud como derecho fundamental, pero su implementación ha sido parcial. Persisten las tutelas como mecanismo de acceso, lo que demuestra que el sistema no garantiza de manera efectiva los derechos de los ciudadanos. En este contexto, la reforma de Petro buscaba corregir esas fallas, aunque su diseño generó resistencias.
Importancia del proyecto
La reforma a la salud era considerada una de las iniciativas insignia del gobierno Petro. Su objetivo era reestructurar el modelo de aseguramiento, reducir la intermediación financiera y fortalecer la atención primaria. En teoría, esto permitiría un sistema más equitativo y sostenible.
Sin embargo, la falta de consenso político y técnico debilitó la propuesta. El archivo del proyecto no solo representa un revés para el gobierno, sino que deja en el limbo la posibilidad de una transformación profunda del sistema. La apelación presentada por los senadores Fabián Díaz y Wilson Arias busca llevar el debate a la plenaria del Senado, pero el receso legislativo hasta marzo de 2026 retrasa cualquier decisión.
El destino de la reforma dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso el próximo año. La apelación podría abrir una nueva oportunidad de discusión, pero el calendario legislativo y las tensiones políticas hacen difícil prever un desenlace favorable.
Mientras tanto, el sistema de salud seguirá enfrentando problemas de sostenibilidad financiera y de acceso. Archivar la reforma no resuelve la crisis: la posterga. La pregunta de fondo es si el país logrará construir un consenso político y técnico para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de equidad y sostenibilidad.
El hundimiento de la reforma a la salud refleja la dificultad de transformar un sistema complejo en medio de tensiones políticas y jurídicas. Para el gobierno Petro, la decisión del Senado es un golpe a su agenda social. Para los ciudadanos, significa que la crisis del sistema continuará sin soluciones estructurales en el corto plazo.
