En medio de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2026, varios congresistas con investigaciones abiertas en la Corte Suprema y vinculados al escándalo de la UNGRD aspiran a repetir curul. La controversia crece porque algunos encabezan listas, pese a los cuestionamientos judiciales y éticos.
La política colombiana enfrenta un nuevo capítulo de tensión y desconfianza ciudadana. La inscripción de candidatos al Congreso para el periodo 2026-2030 ha puesto en evidencia que varios congresistas con investigaciones en curso por la Corte Suprema de Justicia buscan reelegirse. Entre ellos figuran nombres asociados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ha marcado la agenda pública en los últimos dos años.
La situación genera debate porque, aunque la Constitución garantiza la presunción de inocencia, la opinión pública cuestiona que quienes enfrentan procesos judiciales pretendan mantenerse en el poder legislativo. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, calificó la situación como un “insulto al país”, al señalar que muchos de los implicados “andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”.
Entre los aspirantes señalados aparecen figuras de distintos partidos y corrientes ideológicas:
- Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, acusada por la Fiscalía de coordinar maniobras para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyo político. Busca conservar su curul con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
- Wadith Manzur, del Partido Conservador, pretende dar el salto de la Cámara al Senado, pese a estar vinculado en las investigaciones.
- Julio Elías Chagüi, del Partido de La U, igualmente salpicado en el caso, aspira a mantenerse en el Congreso.
- Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), mencionada en imputaciones recientes contra exministros, también busca repetir curul.
- David Barguil, exsenador conservador, con procesos abiertos en la Corte Suprema, figura en las listas.
- Wilmer Carrillo, representante de La U, con investigaciones pendientes, se inscribió para continuar en el Legislativo.
- Pedro Flórez, del Pacto Histórico, y John Besaile, también aparecen en el listado de candidatos con procesos judiciales.
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha sido uno de los más vehementes críticos:
“En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales, esto es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”.
La Corte Suprema de Justicia mantiene abiertas investigaciones contra varios de estos congresistas. Los procesos abarcan presuntos delitos de corrupción, concierto para delinquir y tráfico de influencias. En paralelo, el escándalo de la UNGRD ha dejado a exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco enfrentando imputaciones, mientras que exdirectivos de la entidad están prófugos o bajo medida de aseguramiento.
La controversia no se limita a un partido o coalición. Desde el Pacto Histórico hasta el Partido Conservador, pasando por La U y movimientos independientes, las listas incluyen candidatos con procesos judiciales en curso. Esto refuerza la percepción de que la corrupción atraviesa transversalmente el espectro político.
La inscripción de estos candidatos ha generado indignación ciudadana y un debate sobre la ética en la política. Para muchos, la posibilidad de que congresistas investigados encabecen listas refleja impunidad y falta de filtros en los partidos. Sin embargo, los defensores de estas candidaturas apelan al principio de presunción de inocencia y al derecho constitucional de participar en política mientras no exista condena firme.
El dilema se centra en la tensión entre derechos individuales y responsabilidad pública. Aunque legalmente los candidatos pueden aspirar, la pregunta es si resulta legítimo que quienes enfrentan graves cuestionamientos pretendan legislar en nombre de los ciudadanos.
De cara a las elecciones de 2026, el panorama político se perfila complejo. La presencia de candidatos investigados podría afectar la confianza en el Congreso y en los partidos que los avalan. Además, la presión mediática y ciudadana podría influir en los resultados electorales, aunque la decisión final recaerá en los votantes.
La Corte Suprema, por su parte, deberá avanzar en los procesos para esclarecer responsabilidades. El desenlace de estas investigaciones será clave para definir si los aspirantes logran consolidar sus curules o enfrentan sanciones judiciales que los aparten de la política.
El caso de los candidatos indagados por la Corte Suprema que buscan repetir curul en el Congreso refleja la fragilidad institucional y la tensión entre legalidad y legitimidad en la política colombiana. Mientras los partidos inscriben nombres cuestionados, la ciudadanía observa con desconfianza y exige mayor transparencia. La frase de Carlos Carrillo resume el sentimiento general: “Esto es un insulto al país”.
