Barrancabermeja vive una nueva controversia política tras la suspensión del alcalde Jonathan Vásquez por parte de la Procuraduría.
El mandatario local denunció públicamente que el Ministerio del Interior pretende nombrar una alcaldesa encargada que no hace parte de la terna enviada por el movimiento político que lo avaló, lo cual, según él, violaría el artículo 32 de la Ley 1617 de 2013.
De acuerdo con Vásquez, la terna fue remitida hace una semana y en ella se solicitó aplicar el control de convencionalidad, mecanismo que busca garantizar los derechos políticos frente a sanciones administrativas. El alcalde recordó que el presidente Gustavo Petro defendió dicho principio cuando fue sancionado por la Procuraduría durante su gestión en Bogotá, y pidió coherencia en la aplicación de la norma.
El Director Jurídico del Ministerio del Interior habría manifestado inicialmente que el reemplazo sería escogido de la terna, pero ahora, de manera contradictoria, se plantea una designación externa. Para Vásquez, esta decisión desconoce la voluntad popular expresada por más de 72.000 ciudadanos que lo eligieron en las urnas y representa una imposición de intereses políticos tradicionales.
Presidente @petrogustavo: el @MinInterior quiere nombrar de forma ilegal una alcaldesa encargada en Barrancabermeja que NO está en la terna enviada por el movimiento político que me avaló. Eso viola el artículo 32 de la Ley 1617 de 2013.
La terna fue enviada hace una semana.… pic.twitter.com/eskHkLMH9l
— Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) November 19, 2025
La Ley 1617 establece que, en caso de falta temporal de un alcalde en distritos especiales, el Gobierno debe designar un encargado de la terna enviada por el partido o movimiento que lo avaló. Por ello, el anuncio de un nombramiento ajeno a esa lista abre un debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento y la protección de los derechos políticos.
En su mensaje, Vásquez apeló directamente al presidente Petro para que actúe como garante de la democracia y evite lo que calificó como una “imposición arbitraria”. “La voluntad del pueblo no puede ser reemplazada por intereses políticos tradicionales”, afirmó, insistiendo en que se respete la terna y se frene la designación externa.
El caso refleja una tensión creciente entre las decisiones administrativas del Gobierno nacional y la defensa de la representación popular en Barrancabermeja. La resolución de este pulso será clave para definir si se mantiene la terna como mecanismo de legitimidad o si se impone un nombramiento que podría escalar en un conflicto jurídico y político de mayor alcance.
