En Colombia, el petróleo y el gas no son un sector más: son la bisagra que conecta las finanzas públicas, la política energética y la estabilidad social. Cerca del 40 % de las exportaciones y entre el 12 % y 15 % de los ingresos fiscales dependen de los hidrocarburos. Y, sin embargo, la industria atraviesa un declive que va más allá de los altibajos coyunturales.
Por: Letty Carranza | En julio de 2025, la producción de crudo cayó 4,8 % interanual y la de gas se desplomó 16,3 %. Los campos maduros producen menos, la exploración pierde ritmo por la falta de nuevos contratos y las grandes multinacionales reducen su participación ante regulaciones más estrictas. Las reservas de gas apenas alcanzan para seis años, y ya en 2024 el país tuvo que aumentar 166 % sus importaciones para cubrir la demanda.
La dependencia se convierte así en vulnerabilidad: mientras el precio internacional fluctúa, la balanza comercial se resiente y el riesgo de un déficit energético es cada vez más tangible.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto la transición energética en el centro de su discurso, apostando por solar y eólica. Pero aquí surge una contradicción: los recursos para financiar esa transición provienen, en gran parte, de las regalías y tributos del petróleo y el gas. Es decir, se busca reemplazar el motor mientras aún impulsa la máquina.
La oposición, por su parte, acusa improvisación y falta de claridad en la política energética. Sin embargo, tampoco ofrece una alternativa consistente: defender la permanencia de los hidrocarburos sin reconocer su agotamiento es igual de riesgoso que abandonarlos sin tener un plan realista de sustitución.
La caída en las exportaciones de crudo (-17 % en julio) impacta las cuentas externas, la inversión extranjera y la confianza de los mercados. Ecopetrol, empresa estatal y buque insignia, enfrenta presiones simultáneas: mantener producción, financiar transición y responder a inversionistas que ven con desconfianza su rumbo.
El déficit fiscal amenaza con ampliarse: si las regalías disminuyen, el gobierno deberá compensar con más impuestos o recortes en inversión social. Y esa tensión se siente en los territorios, donde la renta petrolera financia infraestructura, salud y educación.
Si hay una región que encarna esta paradoja, es el Magdalena Medio. Barrancabermeja, capital petrolera de Colombia, ha vivido durante un siglo de la bonanza de los hidrocarburos. Allí se asienta la refinería más grande del país y miles de familias dependen directa o indirectamente de la industria.
La caída en la producción no es solo un problema macroeconómico: significa empleo perdido, menores regalías municipales y más incertidumbre para una región históricamente golpeada por el conflicto armado y la desigualdad. La promesa de la transición energética aún no se traduce en proyectos sólidos que garanticen nuevas fuentes de trabajo. Así, la sensación en las comunidades es clara: se les pide dejar atrás el petróleo, pero sin mostrarles con qué se va a reemplazar.
Los expertos advierten que, sin exploración, las reservas caerán drásticamente en menos de una década. El déficit de gas podría alcanzar el 20 % en 2026, obligando a importar a mayor costo. A nivel eléctrico, esto compromete la generación térmica y pone más presión sobre las hidroeléctricas, vulnerables a fenómenos climáticos.
El desarrollo de renovables avanza, pero aún representa apenas el 10 % de la matriz energética. A este ritmo, el país tardaría casi tres décadas en cumplir las metas proyectadas para 2030.
Colombia enfrenta un dilema estructural: administrar el ocaso de los hidrocarburos mientras diseña —y financia— la transición. El riesgo es doble: caer en un vacío fiscal y energético si se abandona demasiado rápido, o hipotecar el futuro ambiental y social si se prolonga indefinidamente el modelo fósil.
El Magdalena Medio es el espejo de ese dilema: una región cuya historia, economía y cultura giran en torno al petróleo, pero que hoy necesita alternativas reales, no solo promesas.
La pregunta de fondo es si el país será capaz de transformar esta crisis en oportunidad. Para lograrlo se requiere algo que hasta ahora ha faltado: coherencia entre el discurso político, la planeación técnica y las necesidades sociales de los territorios. De lo contrario, la transición no será energética, sino simplemente un nuevo capítulo de desigualdad y frustración.
.
___
* Topógrafa, Trabajadora Social en formación, Defensora de Derechos Humanos.
Facebook: RedVid Col Rep Dom
Correo: redvidcolrd@gmail.com
