Las cárceles en Colombia, concebidas como espacios de rehabilitación y justicia, se han convertido en centros de operaciones para redes delictivas que, lejos de abandonar el crimen, lo perpetúan desde las rejas.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga | En las cárceles de Colombia, la reclusión parece no ser un límite para el crimen. Las extorsiones realizadas desde el interior de los penales han evolucionado hasta convertirse en un problema nacional. Este fenómeno afecta profundamente a pequeños comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, quienes viven bajo amenazas constantes que desestabilizan sus vidas.
A través de celulares y complicidades internas, los reclusos coordinan extorsiones que afectan a comerciantes, empresarios y familias en todo el país, extendiendo el alcance de sus delitos más allá de los muros penitenciarios.
El reciente mega operativo de la Policía Nacional en 11 cárceles del país marcó un avance importante en la lucha contra esta problemática. Durante las inspecciones en penales como Cómbita (Boyacá), La Modelo (Bogotá), La Picota (Bogotá), Pedregal (Medellín), Picaleña (Ibagué), Doña Juana (Caldas), Tramacúa (Valledupar), La Modelo (Cúcuta), El Buen Pastor (Bogotá), Jamundí (Valle del Cauca), Palo Gordo (Santander)., se incautaron más de 300 celulares, 408 armas blancas, drogas y libretas con información detallada de víctimas.
Además, se confirmó la captura de ocho personas, entre ellos seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Señalados de colaborar con estas redes delictivas. Estas cifras confirman la gravedad de la corrupción que permite que las cárceles sigan siendo un motor del crimen organizado.
Sin embargo, más allá de las estadísticas, este problema tiene un rostro humano. Las víctimas de estas extorsiones no solo enfrentan pérdidas económicas; viven con miedo constante, bajo amenazas que afectan su tranquilidad y la de sus familias. Muchos pequeños comerciantes y ciudadanos vulnerables prefieren callar antes que denunciar, perpetuando el ciclo de impunidad que estas redes aprovechan.
Aunque el operativo es un paso positivo, las acciones deben ser continuas y sistemáticas. Los resultados muestran que las extorsiones desde las cárceles no son un problema aislado, sino una práctica generalizada que requiere atención urgente en todos los rincones del país.
En este contexto, Barrancabermeja, en Santander, destaca como una región donde este tipo de actividades también es una preocupación creciente. Las denuncias de extorsiones relacionadas con su cárcel local reflejan la necesidad de actuar antes de que el problema se agrave aún más.
Por eso, hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales para que extiendan estos operativos a Barrancabermeja. Este Distrito especial, estratégico por su economía y ubicación, no puede quedar rezagado en la lucha contra este flagelo. Los ciudadanos merecen la tranquilidad de saber que su seguridad no está siendo vulnerada desde las mismas instituciones que deberían protegerlos.
Es imperativo implementar medidas más estrictas, como bloqueadores de señal celular eficientes, controles más rigurosos al personal del INPEC y sistemas de vigilancia que impidan el ingreso de dispositivos ilícitos. Además, se deben fomentar campañas que alienten a las víctimas a denunciar, asegurándoles protección y apoyo.
El mega operativo reciente nos demuestra que la voluntad de cambiar esta realidad existe. Ahora, corresponde extenderla a cada cárcel del país, incluyendo Barrancabermeja, para garantizar que ningún lugar sea cómplice involuntario del crimen organizado. Solo así podremos devolverles a las cárceles su propósito de rehabilitación y ofrecer a las víctimas un rayo de esperanza en medio de esta oscuridad.
La seguridad de los colombianos no debe tener excepciones ni barreras geográficas. Barrancabermeja y todas las regiones de Colombia merecen ser parte de una estrategia que no solo combata el crimen, sino que también devuelva la confianza en las instituciones. Es hora de actuar y de demostrar que el sistema penitenciario puede transformarse en una herramienta de justicia real y no en un punto de partida para el delito.
“Las cárceles no deberían ser solo lugares de reclusión, sino de rehabilitación. Sin un cambio estructural en la forma en que las gestionamos, los centros penitenciarios se convierten en incubadoras de criminalidad, perpetuando la violencia en lugar de erradicarla.”
___
*Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
