«Colombia cuenta con una democracia respetable, nuestro sistema electoral y particularmente nuestros mecanismos de participación se ven constantemente atacados por personas inescrupulosas que cada certamen electoral refina sus tácticas criminales para interferir en las diferentes elecciones y atentar contra los mecanismos de participación democrática»[1]
Por: Alexander Mateus Rodríguez | La Jurisprudencia constitucional enseña que: «La libertad política no es un asunto menor. Es un derecho inalienable de los ciudadanos para elegir el modelo de democracia, que es en nuestro caso representativa y participativa».[2] Por lo anterior, se conceptuado ampliamente que el diálogo democrático no termina el día de elecciones: “la democracia constitucional garantiza el derecho a controlar el ejercicio del poder, facultad que se resigna cuando la elección no es voluntaria sino comprada”[3].
i). Análisis Dogmático
El artículo 1° del Título I, como principio fundamental, determina que: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista».
Los que defendemos la Constitución Política de 1991, entendemos que Colombia se ha mantenido porque ha caminado dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que respeta la voluntad del pueblo, permitiendo escenarios de participación democrática donde se adopten decisiones de manera libre y consciente, sin ningún tipo de coacción, constreñimiento o temor. Con fundamentos en estos valores democráticos y constitucionales nació la protección penal de los mecanismos de participación ciudadana, pues para que ello se cumpla es necesario que el sufragio se realice mediante procesos transparentes (Gómez, 2018).
El delito de corrupción de sufragante, descrito en el artículo 390 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, establece literalmente:
«Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
La descripción típica anterior, se deducen los siguientes elementos del tipo, referidos al inciso 1° del Art.390 del Código Penal, así:
El agente o sujeto activo es indeterminado, lo cual significa que cualquier persona puede incurrir en el comportamiento.
Sujeto pasivo de la conducta es el ciudadano o extranjero, habilitado por la Ley para sufragar, sobre quien se actualiza cualquiera de los verbos rectores, para que deposite su voto en el sentido requerido por el sujeto activo.
La norma contiene varios verbos rectores o conductas alternativas, como son «prometer», «pagar» o «entregar», con lo cual, basta incurrir en una de las conductas para la consumación del delito.
Objeto material de la descripción típica, lo constituyen el «dinero» o la «dádiva» que se promete, paga o entrega. El delito de corrupción de sufragante, un tipo penal de mera conducta, ya que no se requiere que la promesa efectivamente se cumpla o que el destinatario de ésta vote en la forma propuesta o deje de hacerlo[4].
Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia indica:
“Más allá de referencias dogmáticas a la estructura del tipo penal, consistente en sancionar el estímulo al elector para votar por un candidato a cambio de celebrar un contrato, condicionar su perfección o prórroga, o por promesa, dinero o dádivas y otra serie de gratificaciones inaceptables, se debe destacar que esa conducta distorsiona no únicamente los “mecanismos de participación democrática” (…), sino la democracia como sistema político, cuya legitimidad depende en gran medida del respeto por la autonomía ética de las personas y su inderogable capacidad para decidir conforme a su ideario y convicciones la conformación del poder político. (…) En fin, al enredar la democracia con la idea de engaño, de mercado y compraventa de votos, se crea una especie de legitimidad de la mentira. Esa aproximación explica, entonces el sentido, el por qué y la urgencia de sancionar conductas contra los “mecanismos de participación democrática”, la ofensividad y gravedad de la conducta que se juzga”. (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de mayo de 2020).
ii) Política Criminal
Una política criminal bien diseñada, debe atacar oportunamente este flagelo, porque en cada elección o certamen democrático es evidente, notorio a los observadores electorales, pero las medidas no son eficaces, las empresas criminales dedicadas a la comercialización de votos siguen fortalecidas, operando a nivel nacional sin ningún tipo de control.
La Corte Suprema entiende nítidamente que el derecho penal de un Estado Social y Democrático de Derecho se caracteriza no sólo por ser el garante de las reglas mínimas de convivencia social, sino también, por tener como fundamento el principio de intervención mínima, entre otros principios fundamentales limitadores del «ius puniendi estatal», los cuales deben ser observados tanto por el legislador, como por los demás órganos encargados de ejercer la función punitiva. Insistentemente se ha proclamado que: «(…) el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes»[5].
Empero, la conducta punible de corrupción del sufragante contenida artículo 390 del Código Penal, es pluriofensiva, porque afecta los bienes jurídicamente tutelados al libre ejercicio de la voluntad del elector o libre determinación del votante, el derecho a la participación política, la transparencia del sistema electoral; lo cual, exige una respuesta contundente por parte de todas las instituciones públicas -poder judicial y de control disciplinario-, que dañan ostensiblemente los valores democráticos.
iii) Realidad Electoral
En la columna anterior, relacionada con la compra de votos en el proceso electoral inmediatamente anterior, realmente fue aflictivo: «(…) donde se observó en las calles hileras de personas, esperando recibir algún tipo de incentivo por salir a votar, genera indignación, es indescriptible lo que se puede sentir cuando escuchamos que servidores públicos se encuentren involucrados en estos actos de corrupción del elector -dañaron la democracia, se encuentra capturada por verdaderas empresas electorales, por individuos claramente reconocidos»[6].
En Barrancabermeja, Santander, nadie reclama sus derechos -vivimos con limitado acceso a los servicios de salud, potabilidad del agua, seguridad, empleo y mejoramiento de vías-; no se puede controlar el ejercicio del poder, porque esa facultad se encuentra limitada o atada; cuando la elección no es voluntaria y libre, no podemos exigir derechos que previamente fueron cedidos.
No puede olvidarse fácilmente que: «la función de un derecho penal electoral, en tanto derecho penal, no es sancionar meras inobservancias o violaciones a la normativa electoral, sino sólo aquellas que lesionen o pongan el peligro el juego democrático»[7]. Debemos esforzarnos por dar el mejor ejemplo, cambiando malas prácticas, luchar contra el gigante de la corrupción que impide nuestra sociedad avance en áreas donde tenemos mayor atraso. Siempre los actos de corrupción empañan los buenos deseos de transformar nuestra sociedad, necesitamos un grupo de valientes decidido a cambiar el panorama actual, y regresemos la esperanza a las próximas generaciones.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Santo Tomas, Seccional Bucaramanga. Funcionario de la Rama Judicial.
E-mail: alexandermateusrodriguez@gmail.com.
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
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[1] Exposición de motivos de la Ley 1864 de 2017 «mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para Proteger los mecanismos de participación democrática».
[2] Corte Constitucional. Sentencia C 027 de 2018.
[3] CSJ SP, 27 mayo 2020. Radicado: 56400.
[4] Confrontar Sentencia. CSJ. AP., de 17 de abril de 2013, Rad. 28631.
[5] Muñoz Conde F., Derecho Penal PG, 8ª Ed., págs. 72 y s.
[6] https://www.riogrande.com.co/2024/08/18/la-corrupcion-un-problema-sistemico/
[7]Corte Suprema. M.P. Hugo Quintero Bernate. Sentencia SP3672-2020. Radicación No. 57967.
