Este informe analiza la Zona Binacional Colombia–Venezuela como apuesta de integración fronteriza. Examina sus objetivos económicos y sociales, críticas jurídicas y de seguridad, y el debate político que ha generado. Concluye que la transparencia y participación ciudadana serán clave para evitar que esta iniciativa derive en nuevos conflictos.
El pasado 17 de julio, los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento que oficializa la creación de una “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo” en la frontera compartida. El acuerdo, presentado como un hito en la integración regional, ha desatado una intensa polémica en el escenario político colombiano, donde sectores opositores lo califican como una “entrega de soberanía” y una amenaza a la seguridad nacional.
Este artículo analiza en profundidad qué implica esta zona binacional, cuáles son sus objetivos declarados, qué beneficios y riesgos plantea, y por qué ha generado una ola de críticas desde diversos sectores políticos, empresariales y académicos.
¿Qué es la Zona Binacional?
La Zona Binacional es una figura inédita en la historia de las relaciones colombo-venezolanas. Según el memorando firmado en Caracas por las ministras de Comercio de ambos países y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, se trata de una franja fronteriza de cooperación económica, social y cultural que busca articular esfuerzos bilaterales en áreas como:
- Comercio exterior
- Producción agroalimentaria
- Infraestructura compartida
- Educación y salud transfronteriza
- Turismo, cultura y transporte
- Sustitución de cultivos ilícitos
La zona incluye los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia, considerados históricamente como los puntos más activos —y conflictivos— de la frontera de 2.219 kilómetros que une a ambos países.
Objetivos declarados del acuerdo
Según los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, la Zona Binacional busca:
- Impulsar la integración económica mediante clústeres productivos binacionales.
- Fomentar la inversión conjunta en sectores como petroquímica, metalmecánica, textiles y agroindustria.
- Reactivar el comercio bilateral, que ha estado en declive desde el cierre fronterizo en 2015.
- Sustituir cultivos ilícitos por proyectos agrícolas sostenibles.
- Fortalecer la seguridad fronteriza mediante coordinación policial y militar.
- Mejorar la calidad de vida de las comunidades limítrofes, afectadas por el abandono estatal y la violencia.
El memorando tiene una vigencia inicial de cinco años y contempla la posibilidad de extenderse a otras zonas como Arauca–Apure y la Amazonía compartida.
Beneficios potenciales
Económicos
- Reactivación comercial: Colombia mantiene un superávit comercial con Venezuela de más de USD 300 millones. La zona podría dinamizar el intercambio de bienes y servicios.
- Complementariedad productiva: Venezuela aporta materias primas; Colombia, capacidad industrial. Esto permitiría crear clústeres competitivos.
- Atracción de inversión extranjera: Países como China, India, Rusia y Turquía han mostrado interés en participar en la zona.
Sociales
- Formalización laboral: Se espera que la zona genere empleo formal en sectores como agricultura, manufactura y servicios.
- Acceso a servicios básicos: La cooperación en salud y educación podría beneficiar a poblaciones históricamente marginadas.
- Movilidad legal: Facilitar el tránsito de personas podría reducir el uso de trochas ilegales y mejorar la seguridad.
Ambientales
- Sustitución de cultivos ilícitos: El acuerdo propone reemplazar la coca por cultivos legales como café, cacao y frutas tropicales.
- Protección del ecosistema amazónico: Se contempla cooperación en la región compartida de la Amazonía.
Críticas y preocupaciones
Jurídicas
- ¿Tratado o memorando?: Juristas como Abelardo de la Espriella han demandado el acuerdo ante el Consejo de Estado, argumentando que se trata de un tratado internacional que debió pasar por el Congreso.
- Falta de control político: La oposición denuncia que el acuerdo fue firmado sin debate público ni aprobación legislativa.
De seguridad
- Presencia de grupos armados: La zona incluye el Catatumbo, donde operan el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
- Riesgo de zona gris: Fenalco advierte que podría convertirse en un refugio para el crimen organizado binacional.
- Soberanía militar: Aunque Petro ha negado que fuerzas venezolanas operen en Colombia, persiste la preocupación por una eventual injerencia.
Políticas
- Legitimación del régimen de Maduro: Críticos como Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal acusan al gobierno colombiano de “entregar el país al narcodictador”.
- Uso electoral: Algunos analistas sugieren que el acuerdo podría ser usado como plataforma política en las elecciones de 2026.
¿Por qué ha generado polémica?
La controversia se explica por varios factores:
- Contexto geopolítico: Venezuela sigue siendo un régimen sancionado por EE.UU. y cuestionado por organismos internacionales.
- Historial de violencia en la frontera: Más de 75 trochas informales son usadas para narcotráfico, trata de personas y contrabando.
- Desconfianza institucional: La falta de transparencia en la implementación del acuerdo ha generado suspicacias.
- Polarización política: La iniciativa ha sido interpretada como una estrategia ideológica más que técnica.
¿Qué sigue?
El memorando contempla la creación de un equipo de trabajo bilateral que deberá:
- Diseñar planes de acción anuales
- Intercambiar información técnica y estadística
- Presentar informes periódicos
- Coordinar con autoridades locales y nacionales
Además, se prevé la participación de actores sociales, empresariales y académicos en calidad de consultores.
La Zona Binacional entre Colombia y Venezuela representa una apuesta audaz por la integración regional en una de las fronteras más complejas de América Latina. Si bien sus objetivos son loables —reactivar la economía, sustituir cultivos ilícitos, mejorar la calidad de vida—, su implementación plantea desafíos jurídicos, políticos y de seguridad que no pueden ser ignorados.
La clave estará en garantizar transparencia, respeto a la soberanía, control institucional y participación ciudadana. De lo contrario, lo que hoy se presenta como una “zona de paz” podría convertirse en una nueva zona de conflicto.
