El peaje en La Mesa de Los Santos, vía de conexión vital entre Bucaramanga y las zonas turísticas del cañón del Chicamocha, desató una ola de inconformidad entre habitantes, comerciantes y líderes comunitarios de la región. Para los pobladores, el costo del peaje representa no solo una carga económica injusta, sino una afrenta a su derecho de movilidad, acceso a servicios y desarrollo local.
La Mesa de Los Santos, reconocida por su riqueza natural y vocación turística, se ha convertido en el epicentro de un nuevo conflicto entre ciudadanía y gobierno. La reactivación del peaje en la vía que conecta este corregimiento con Bucaramanga generó un fuerte rechazo por parte de sus habitantes, quienes consideran que el cobro afecta gravemente su movilidad, actividad económica y acceso a derechos básicos. Esta vía no solo es clave para el turismo del cañón del Chicamocha, sino también para los desplazamientos cotidianos de cientos de residentes, comerciantes y agricultores locales.
El malestar se tradujo en movilizaciones, plantones y reclamos públicos que exigían medidas concretas como tarifas especiales, inversión directa en infraestructura y participación comunitaria en las decisiones. La protesta, lejos de ser espontánea, articuló voces de líderes locales, transportadores y organizaciones ciudadanas. Ante la presión social, la Gobernación de Santander abrió espacios de diálogo que condujeron a un acuerdo provisional: descuentos para residentes, instalación de una mesa técnica de seguimiento y compromisos de mejora vial.
Este caso pone en evidencia la necesidad de revisar los modelos de concesión vial en territorios rurales, considerando criterios de equidad, sostenibilidad y respeto a las comunidades que habitan las rutas.
Las demandas ciudadanas
Desde finales de junio, diversos sectores sociales manifestaron su desacuerdo con el cobro, alegando falta de inversión en la vía, ausencia de mantenimiento adecuado, y exclusión de beneficios concretos para las comunidades aledañas. Las solicitudes se centraron en:
La eliminación del cobro para residentes permanentes de La Mesa.
La renegociación del contrato de concesión con criterios de equidad territorial.
El establecimiento de tarifas diferenciales para comerciantes y transportadores de la región.
La inversión directa en obras de mejora vial y señalización.
La protesta organizada
En respuesta al descontento, los habitantes organizaron plantones pacíficos, bloqueos temporales y asambleas comunales, generando atención mediática y presión sobre el gobierno departamental.
Las manifestaciones, lejos de ser espontáneas, mostraron una planificación estratégica, con voceros designados y apoyo logístico de organizaciones comunitarias. En redes sociales, el hashtag #NoAlPeajeInjusto se convirtió en símbolo de la resistencia local.
El acuerdo logrado
Tras una semana de negociaciones, la Gobernación de Santander anunció un acuerdo parcial con los líderes comunitarios. Los principales puntos incluyen:
| Elemento del Acuerdo |
Detalle |
| Tarifas diferenciadas | Descuento del 50% para residentes acreditados |
| Suspensión temporal del cobro | Aplicación durante festivos mientras se renegocia el modelo |
| Mesa técnica de seguimiento | Instauración con participación comunitaria |
| Compromiso de obras | Inversión en mantenimiento y señalización vial |
El gobernador manifestó que “escuchar a la comunidad es el primer paso para construir vías más justas y sostenibles”, aunque sectores críticos alertan sobre la necesidad de fiscalizar la ejecución real de los compromisos asumidos.
Más allá del peaje: ¿modelo o síntoma?
Este episodio pone en evidencia tensiones persistentes entre infraestructura vial y justicia territorial. ¿Cómo garantizar que las concesiones beneficien no solo a quienes transitan, sino también a quienes habitan la región?
El caso de La Mesa de Los Santos podría sentar precedente para revisar modelos similares en otras zonas rurales de Colombia, donde el costo de la movilidad se convierte en obstáculo para el desarrollo.
