La Policía reportó el desmantelamiento de varias estructuras dedicadas al sicariato y el aumento de presencia en más de la mitad de los municipios del departamento, en medio de un semestre marcado por 340 homicidios, aumento de extorsiones y una crisis de seguridad que preocupa a las autoridades y la sociedad civil.
El departamento del Magdalena atraviesa una coyuntura crítica en materia de seguridad y orden público. Durante el primer semestre de 2025, el departamento registró 340 homicidios, la cifra más alta en los últimos 15 años, según el seguimiento de la Plataforma de Derechos Humanos y Alertas Tempranas (PDHAL Sierra Nevada), basada en datos de Medicina Legal, SIEDCO y monitoreo de prensa.
Este panorama de violencia sostenida se traduce en un promedio de casi dos asesinatos diarios, con picos en zonas de disputa territorial y expansión del narcotráfico. En este contexto, el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Javier Duarte, informó que en lo corrido del año se ejecutaron 36 acciones operativas en 13 municipios, logrando la captura de 97 presuntos integrantes de estructuras como el Clan del Golfo, Los Pachencas y Los Primos.
“Estas personas, en esa lucha por el control territorial, han afectado en buena parte la zona norte del departamento y, en particular, con el delito del homicidio, que ha ascendido”, señaló el alto oficial.
Según la plataforma PDHAL, la disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada es responsable de 203 homicidios; el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y Los Primos, de 88; y el conflicto Clan del Golfo–Los Carperos, de otros 10. Santa Marta encabeza el registro con 90 asesinatos, seguida de Ciénaga (57), Zona Bananera (46), Fundación (33) y Aracataca (21).
Alerta institucional
En respuesta a esta ola de violencia, la Policía informó que ha reforzado patrullajes, inteligencia y campañas públicas, diseñando carteles de los más buscados, lo que ha facilitado la identificación y captura de varios cabecillas y sicarios.
“Queremos felicitar a la comunidad porque, gracias a ella, hemos dado con algunos de estos delincuentes y hoy se encuentran a buen recaudo de la autoridad judicial”, subrayó el coronel Duarte. Sin embargo, el balance operativo, aunque relevante, no ha logrado revertir la tendencia ascendente de homicidios y delitos conexos como la extorsión, que afecta especialmente a comerciantes, docentes, agricultores y líderes sociales, que vienen denunciando defensores de derechos humanos como Norma Ver Salazar, Lerber Dimas y Augusta Moreno.
De hecho, la gravedad de la situación llevó a la Procuraduría General de la Nación a declarar una crisis de seguridad en Santa Marta y en el norte del Magdalena a mediados de marzo, exigiendo acciones urgentes de protección a la población civil, aceleración de la judicialización de capturados y mejoras en los centros de reclusión, que presentan condiciones de hacinamiento e inseguridad.
Yendo más allá, la plataforma PDHAL advierte que, además de los homicidios, se ha intensificado la presencia de delitos asociados como el confinamiento de comunidades, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y el fortalecimiento de corredores del narcotráfico, que utilizan la región como plataforma para el tráfico internacional de cocaína.
Finalmente, la defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, fue enfática en que la crisis que actualmente se vive en el departamento del Magdalena, especialmente en las estribaciones de la Sierra Nevada y Santa Marta, requiere intervención urgente y decidida sin tantas alocuciones ni visitas protocolarias.
“No basta con voluntad. Se necesitan más investigadores, más tecnología, más recursos. Hay funcionarios que ni siquiera cuentan con un computador para realizar su trabajo. Y esa dotación debe estar contemplada en los planes integrales de seguridad y convivencia, que deben ser financiados por alcaldías y gobernaciones. No es solo invertir en fuerza pública, también en capacidad investigativa”, puntualizó Norma Vera.
APN Noticias
