Líderes de los pueblos indígenas denunciaron ante el Ministerio Público que dos grupos armados ilegales estarían afectando la autonomía y seguridad de estos resguardos, obligando a sus jóvenes a vincularse a las estructuras armadas.
La Procuraduría General de la Nación pidió a varias entidades del orden nacional y territorial rendir un informe detallado sobre las acciones adoptadas para proteger los derechos fundamentales de la comunidad indígena Emberá Chamí, asentada en el río San Juan, en jurisdicción del municipio de Mistrató, Risaralda.
El requerimiento está dirigido a los ministerios del Interior y Defensa, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Mistrató. Según el ente de control, la solicitud responde a denuncias recibidas por parte del resguardo indígena sobre presuntos casos de reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados ilegales que operan en su territorio.
De acuerdo con la Procuraduría, esta situación pone en riesgo no solo la integridad de los menores involucrados, sino también derechos colectivos del pueblo indígena, como la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación, principios protegidos por la Constitución y el bloque de constitucionalidad.
En ese sentido, a través de una nota de prensa, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de adoptar medidas urgentes, con enfoque étnico y territorial, que garanticen la seguridad de la población y permitan preservar su estructura social y cultural.
Además, recordó que la presencia de actores armados ilegales en territorios indígenas representa una amenaza grave para la vigencia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Así las cosas, las entidades requeridas deberán entregar un reporte oficial con las actuaciones administrativas realizadas, así como los mecanismos preventivos, de protección y seguimiento implementados en la zona.
Este documento también deberá contener información sobre la coordinación institucional frente a esta problemática y el estado actual de las denuncias conocidas. Finalmente, la Procuraduría señaló que continuará haciendo seguimiento al caso, en el marco de sus competencias constitucionales, con el fin de evitar la repetición de hechos que vulneren los derechos de comunidades étnicas en situación de riesgo.
APN Noticias
