La ruptura surgió cuando el Presidente Petro insinuó que políticos republicanos, incluyendo Marco Rubio, apoyaban un golpe en su contra. Audios del excanciller Leyva alimentaron la tensión. Estados Unidos llamó a consultas a su embajador, y Petro respondió igual. La relación bilateral se deterioró por acusaciones, migración y narcotráfico.
Estados Unidos y Colombia han normalizado sus relaciones tras una breve crisis diplomática. Washington ha enviado este miércoles de regreso a su encargado de negocios, John McNamara, después de una semana de haberlo llamado a consultas.
Es un gesto de reciprocidad con Bogotá, cuyo embajador regresó el martes. El mensaje con el que aterrizó McNamara, sin embargo, está lejos de transmitir tranquilidad.
“Llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi Gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del Gobierno colombiano”, ha declarado.
El diplomático, a cargo de la embajada de manera interina, ha señalado que hay “una tendencia negativa” en las relaciones.
“Espero (…) evitar una escalada que perjudique los intereses de ambos países, especialmente los de Colombia”, ha advertido. Es volver a una ‘calma chicha’, como dicen en Colombia: una aparente tranquilidad que convive con una constante tensión que puede volver a explotar en cualquier momento.
La razón de esta última crisis, oficialmente, es la molestia de Estados Unidos por unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un acto político el 11 de junio.
“Dice un presidente vecino (el venezolano Nicolás Maduro) que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”, dijo respecto al secretario de Estado del país norteamericano. Washington esperó varias semanas, pero finalmente optó por retirar a su embajador interino por “las declaraciones infundadas desde los más altos niveles del Gobierno de Colombia”.
Para entonces, el diario EL PAÍS de España, había revelado unos audios en los que el excanciller Álvaro Leyva mencionaba a congresistas cercanos a Rubio que supuestamente lo apoyarían en un plan para hacer caer al Gobierno colombiano.
El presidente Petro aseguró luego que el secretario de Estado “no estuvo metido realmente” en un complot, pero insistió en que la justicia de Estados Unidos debía investigar las actuaciones de Leyva.
El embajador de Colombia, Daniel García-Peña, regresó el martes a Washington con una retractación enfática de los comentarios del 11 de junio.
“Quiero reiterar (…) que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna participación en un golpe de Estado ni en ningún intento de desestabilización”, declaró en una rueda de prensa.
No ocultó las dificultades en las relaciones entre ambos gobiernos, pero transmitió un mensaje conciliador. “Si bien tenemos diferencias, tenemos que concentrarnos en los temas en los cuales hay coincidencias”, subrayó.
Ambos países han dado a entender en los últimos días que, en realidad, hay otros asuntos que producen tensión más allá de las declaraciones de Petro hace un mes y que ha habido negociaciones al respecto como parte de esta crisis.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, comentó el martes durante una rueda de prensa que había conversaciones en curso sobre “acuerdos de seguridad” y “negociaciones comerciales”. “Esperamos tener una mejor relación”, dijo.
García-Peña mencionó horas después, al regresar a la embajada colombiana, unos reglamentos automotrices del Ministerio de Comercio que Washington ve cómo barreras a sus productos y que Bogotá se ha comprometido a revisar.
“Esperamos que eso sea un ejemplo de cómo Colombia está dispuesta a seguir revisando esos temas que para Estados Unidos son parte de la agenda”, resaltó.
McNamara, por su parte, ha hecho referencia a varios asuntos en sus declaraciones de este miércoles.
“Estados Unidos continuará tomando medidas decisivas para frenar la migración ilegal, abordar los múltiples temas pendientes en nuestra relación comercial, contrarrestar el flujo de narcóticos hacia nuestras fronteras y llevar a los narcotraficantes ante la justicia”, ha comentado.
Aunque ha matizado que Colombia sigue siendo “un socio estratégico en América Latina”, ha insinuado que Bogotá no está cediendo en los asuntos que la Administración de Donald Trump “busca con urgencia”: “Mi deseo y el del Gobierno de Estados Unidos es mantener y fortalecer nuestra estrecha relación con Colombia. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos contar con un socio fuerte y colaborativo”.
La crisis se ha resuelto en una dinámica similar a otras ocurridas desde que Trump es presidente de Estados Unidos: Washington eleva la apuesta con medidas contundentes o amenazas, luego negocia, y el país afectado cede con varias concesiones.
En enero, esta estrategia ya había sido utilizada en Colombia. Trump reaccionó con furia cuando Petro negó el aterrizaje de unos aviones estadounidenses con deportados que llegaban esposados. Amenazó con aranceles, Bogotá prometió medidas reciprocas y finalmente todo se evitó con negociaciones entre mandos medios.
La Casa Blanca celebró que Colombia se comprometiera a “la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales”. Bogotá, en tanto, todavía destaca que al menos los deportados ahora vuelven sin esposas en vuelos que financia el Gobierno colombiano.
