El conflicto por los pasaportes en Colombia desvela una red de contratos, poder empresarial y tensiones institucionales. Thomas Greg & Sons, protagonista central, enfrenta denuncias presidenciales e investigaciones que sacuden la Cancillería. En medio de propuestas internacionales y decisiones cuestionadas, se abre un debate crucial sobre la soberanía estatal y la transparencia en servicios esenciales.
En la trastienda del poder colombiano se gesta una historia que une documentos de identidad, contratos multimillonarios, tentáculos empresariales y denuncias presidenciales. Se trata del caso de los pasaportes colombianos, protagonizado por la empresa Thomas Greg & Sons, la Cancillería, la Procuraduría General de la Nación y el presidente Gustavo Petro, en un episodio que pone a prueba la transparencia institucional y la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales sin comprometer su autonomía.
El documento que abre fronteras
El pasaporte es mucho más que un documento de viaje. Para millones de colombianos, representa la posibilidad de buscar mejores oportunidades, reunirse con familiares, o simplemente explorar el mundo. Pero detrás de ese cuadernillo con chip, sellos y código QR, se esconde una infraestructura de producción altamente especializada que ha estado en manos de una sola empresa por casi dos décadas: Thomas Greg & Sons.
Desde 2007, la firma ha sido la encargada de fabricar estos documentos, amparada por contratos que superan los 600.000 millones de pesos. Aunque su permanencia podría explicarse por su experiencia técnica, también ha sido criticada por la falta de competencia efectiva en las licitaciones. En 2023, por ejemplo, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta una licitación argumentando que los pliegos favorecían exclusivamente a Thomas Greg.
Thomas Greg & Sons y más allá
Lo que ha provocado mayor inquietud no es únicamente la permanencia de Thomas Greg en la fabricación de pasaportes. Su influencia se extiende a otras áreas estratégicas del Estado, como la logística electoral. La empresa ha participado en 27 procesos licitatorios de la Registraduría en los últimos 16 años, siendo el único oferente en 26 de ellos. Esto ha encendido las alarmas sobre una posible concentración empresarial que pone en riesgo la pluralidad democrática.
Según el presidente Gustavo Petro, la empresa estaría dirigida por expresidentes y excandidatos presidenciales, lo que representa una “burla” al sistema electoral. En una de sus intervenciones más contundentes, Petro afirmó:
“Es absolutamente inmoral que candidatos de élite de la oligarquía dirijan la empresa que realiza los cómputos. Una enorme burla a la democracia”.
Las denuncias del presidente Petro
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha denunciado lo que considera prácticas antidemocráticas en la contratación estatal. En el caso de Thomas Greg, sus declaraciones han sido especialmente incisivas. Ha acusado a funcionarios de la Cancillería de diseñar pliegos amañados, de beneficiar de manera deliberada a la empresa, y de permitir la concentración de datos sensibles en manos privadas, incluyendo bases electorales que podrían facilitar fraudes.
Petro asegura que Thomas Greg ha ganado licitaciones “con trampa” y que el Estado necesita recuperar el control sobre sus propias infraestructuras tecnológicas. Estas afirmaciones, aunque polémicas, han derivado en acciones concretas por parte de órganos de control, en particular la Procuraduría.
La lupa de la Procuraduría
En julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios involucrados en el manejo del contrato de pasaportes. Los investigados incluyen a los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como al jefe de despacho presidencial Alfredo Saade.
Según el Ministerio Público:
- Murillo habría recurrido indebidamente a la figura de urgencia manifiesta en 2024 para prorrogar el contrato sin justificar adecuadamente las condiciones técnicas.
- Sarabia, por su parte, habría ignorado advertencias técnicas sobre la inviabilidad del nuevo cronograma de implementación, lo que generó una cadena de retrasos y confusión institucional.
- Saade habría impartido instrucciones para modificar el sistema de asignación de citas, a pesar de no tener la competencia legal para hacerlo.
Estas investigaciones buscan determinar si hubo negligencia, omisión o abuso de poder en el manejo del contrato, y si los funcionarios involucrados facilitaron la permanencia irregular de Thomas Greg & Sons.
¿Solución portuguesa o parche apresurado?
En medio del escándalo, el gobierno anunció en abril de 2025 una nueva estrategia para la emisión de pasaportes. La propuesta consiste en una alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, con la promesa de empezar la producción a partir de septiembre de 2025.
Sin embargo, el anuncio parece más una declaración de intenciones que una solución ejecutable. A día de hoy:
- El acuerdo internacional no ha sido firmado.
- La Imprenta Nacional no cuenta con la infraestructura técnica adecuada.
- No se han asegurado los recursos presupuestales para la transición.
Esto ha generado un ambiente de incertidumbre, con expertos que alertan sobre una posible crisis de desabastecimiento que dejaría a miles de colombianos sin pasaporte. Además, la logística internacional podría representar riesgos adicionales en seguridad de datos y tiempos de entrega.
Implicaciones jurídicas y debate público
El caso de los pasaportes ha desatado un debate nacional sobre la legalidad, la moralidad y la eficiencia del modelo de contratación estatal. Juristas advierten que declarar desierta una licitación sin justificar criterios técnicos puede violar principios de transparencia y libre competencia. Por otro lado, organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el uso político de las licitaciones como herramienta de presión institucional.
La situación también ha reabierto la discusión sobre los monopolios tecnológicos en el Estado, y la necesidad de fortalecer capacidades internas para garantizar autonomía operativa. ¿Debe Colombia depender de empresas extranjeras para producir sus documentos oficiales? ¿Puede una entidad pública asumir ese rol con calidad y seguridad?
Una red de intereses
Lo que ha quedado en evidencia es que el caso de los pasaportes colombianos no es un episodio aislado. Es el reflejo de una estructura en la que los intereses políticos, empresariales y administrativos se entrelazan de manera compleja. Thomas Greg & Sons se ha consolidado como un actor dominante, no solo por su capacidad técnica, sino por sus relaciones con sectores de poder.
Algunos analistas hablan de una especie de “Estado subcontratado”, donde la prestación de servicios esenciales depende de actores privados que terminan operando con una autonomía superior a la del propio gobierno. Esta privatización institucional, aunque no ilegal per se, puede derivar en abuso de poder, pérdida de control público, y debilitamiento de la capacidad estatal.
¿Qué sigue para Colombia?
En este contexto, Colombia enfrenta un doble reto: resolver el problema concreto de los pasaportes, y reflexionar sobre el modelo de contratación estatal. Para ello, se requieren decisiones audaces y estructurales que reemplacen la lógica del parche por una estrategia sostenible, competitiva y transparente.
El futuro del caso depende de:
- La firma y ejecución efectiva del acuerdo con Portugal.
- La capacidad de la Imprenta Nacional para asumir el rol con calidad.
- Las decisiones disciplinarias de la Procuraduría.
- La voluntad política para abrir el mercado a nuevos oferentes y fortalecer capacidades públicas.
Crónica de una crisis anunciada
La historia de los pasaportes colombianos es, en muchos sentidos, una crónica de una crisis anunciada. Los signos estaban allí: licitaciones sin competencia, contratos prorrogados sin debate público, y denuncias presidenciales que señalaban lo que muchos preferían ignorar.
Pero también es una oportunidad. Una posibilidad de que Colombia revise sus instituciones, fortalezca su aparato público y rompa los lazos que atan lo estratégico a lo privado. Porque en democracia, cada documento, cada contrato, cada servicio… cuenta.
