La ciudad vive la peor ola de violencia en la historia que no cesa pese a los anuncios institucionales.
Por: José Moreno | La inseguridad en Santander es un problema real. Hurtos a personas y residencias, extorsiones y homicidios han aumentado, generando miedo entre los ciudadanos. Ante esto, el gobernador propone un impuesto para “financiar más seguridad”.
La historia de Barrancabermeja durante muchos años ha estado marcada por su importancia estratégica y económica pero hoy, el panorama es otro.
La inseguridad ha desbordado las calles, los atracos, homicidios selectivos, extorsión, quema de vehículos y desapariciones han vuelto a ser parte del paisaje diario.
La ciudadanía en general convive con el miedo, donde ya no se trata solo de zonas rurales sino también de zonas urbanas que se han convertido en un foco de riesgo.
Los comerciantes denuncian el regreso de las vacunas, pequeños negocios reciben llamadas intimidatorias, exigiendo dinero a cambio de una supuesta “protección”.
Los barrios como el parnaso, primero de mayo, galán y el centro presentan altos índices de criminalidad y las acciones de la institucionalidad parecen no ser suficientes.
Mientras tanto, los grupos armados siguen operando a cualquier hora del día, las disidencias, paramilitares reciclados y estructuras narcotraficantes coexisten en una guerra silenciosa donde pareciera que el único objetivo es asesinar.
Las fronteras invisibles se han reactivado en muchas comunas de la ciudad donde los jóvenes no pueden atravesar ciertas cuadras sin exponerse a represalias.
Los homicidios han aumentado, las cifras oficiales muestran una tendencia alarmante señalando que para el 2024, se registraron más de 90 asesinatos en el distrito.
En lo corrido del 2025, la violencia no se ha reducido, al contrario, los casos de sicariato y ajustes de cuentas se han incrementado.
Muchas de estas muertes están relacionadas con disputas por el control del microtráfico, donde el narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia local.
Pero no es el único, la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas también alimentan este escenario de inseguridad.
Barrancabermeja como parte del Magdalena Medio, es una región históricamente disputada por actores armados donde la paz sigue siendo un anhelo lejano para miles de habitantes.
A eso se suma la débil presencia institucional, las inversiones en seguridad no corresponden con la gravedad del problema, el pie de fuerza policial es insuficiente, la ciudad con más de 200 mil habitantes, no cuenta con la cantidad de uniformados requeridos.
Los cuadrantes de la Policía no alcanzan a cubrir todas las zonas críticas, existen barrios que permanecen sin patrullajes por días enteros.
El Ejército hace presencia en algunas áreas rurales pero la violencia se ha urbanizado y allí, su intervención es más limitada, tomando en consideración sus facultades.
Las autoridades civiles intentan dar respuestas, pero sus discursos son repetitivos, las mesas de seguridad y consejos extraordinarios no aportan resultados tangibles.
La comunidad ha perdido confianza, muchos ciudadanos prefieren no denunciar, temen a las represalias o simplemente prefieren huir de la ciudad como en aquella época de los años 90.
La impunidad agrava el problema, la mayoría de los crímenes quedan sin resolver, no hay investigaciones efectivas ni sanciones ejemplares. El sistema judicial local está colapsado, los fiscales y jueces no dan abasto y el crimen avanza más rápido que las sentencias.
A esto se suma el desempleo juvenil donde miles de jóvenes sin oportunidades ni alternativas, terminan siendo captados por las redes criminales.Los grupos armados ilegales (GAI) ofrecen dinero rápido, razón esta, por la que se ha vuelto común ver a adolescentes como campaneros, cobradores o gatilleros.
La educación no compite con el poder de las armas, máxime si las escuelas se encuentran en condiciones precarias, sin programas de prevención ni acompañamiento psicosocial.
La salud mental es otro gran pendiente donde muchos jóvenes crecen en hogares fracturados, expuestos a violencias múltiples y sin apoyo institucional.
El municipio necesita una política pública integral eficiente siendo necesario inversión en lo social, en lo cultural y en el deporte.
También se necesita mayor transparencia en los contratos de seguridad. Algunas cámaras de vigilancia están dañadas o no funcionan desde hace meses, olvidado que la tecnología puede ser una aliada.
Los líderes sociales cumplen un papel clave, pero muchos están amenazados y en el peor de los casos han sido asesinados. Defender los derechos se ha vuelto una sentencia de muerte.
El Estado debe proteger a quienes levantan la voz garantizando medidas efectivas de protección y respuesta inmediata ante amenazas. La Fiscalía debe priorizar los casos de amenazas donde no se puede permitir que el miedo silencie a quienes luchan por su comunidad.
Barrancabermeja no puede normalizar la violencia, no puede resignarse a vivir bajo el miedo y la incertidumbre permanente. La ciudadanía merece seguridad, pero también verdad, principalmente frente a quiénes están detrás del control territorial es el primer paso para combatirlos.
No se puede hablar de seguridad sin transparencia, los recursos deben llegar a donde más se necesitan, sin intermediarios corruptos que disfracen el mecanismo de la paz para llenar sus bolsillos
Esto ha sido documentado en innumerables oportunidades por las diferentes organizaciones sociales pero muchas veces no son escuchadas o simplemente sus informes terminan archivados o ignorados.
Los organismos como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con diferentes miembros de la comunidad internacional han visitado la región, pero las autoridades locales no hacen seguimiento real a sus recomendaciones.
Todo esto nos permite ver se hace necesario y urgente retomar el enfoque territorial, donde resulta importante escuchar a las comunidades, diseñar políticas desde abajo y no desde escritorios centrales.
El modelo de seguridad debe replantearse, no puede centrarse solo en la represión debe incluir prevención, justicia y reparación.
El trauma colectivo no desaparece solo, se requiere un enfoque psicosocial para sanar las heridas que ha dejado la guerra urbana. Los centros de escucha, las casas de juventud y los espacios seguros deben ser prioridad, no como favor, sino como derecho.
El arte, el teatro, la música y el deporte como salvadores de vidas pueden ser barreras contra el reclutamiento y la desesperanza.
Las iglesias, fundaciones, colectivos barriales y organizaciones civiles al estar aislados de las propuestas del gobierno local hacen poco siendo necesario que el Estado los convierta en su aliado.
No hay soluciones mágicas, pero sí hay rutas posibles. Las más importante quizás es reconocer la gravedad del problema y actuar con decisión ante una Barrancabermeja que merece vivir sin miedo y alejada de la guerra.
La vida digna no debe ser una excepción debe ser la norma para todos, sin importar el barrio, la edad o el estrato; en general, la paz es posible, pero requiere voluntad política, articulación institucional y, sobre todo, compromiso ciudadano.
No se puede seguir esperando, cada día de inacción cuesta vidas, destruye proyectos y perpetúa el dolor de miles de familias que son víctimas de las muertes de sus hijos o seres queridos.
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Abogado, CEO de la firma (Moreno Alvarez Abogados), Defensor de Derechos Humanos, Representante Legal y Director de la Corporación Corpovimadh.
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