La Unidad de Restitución de Tierras (URT), ha venido reflexionando sobre los derechos de las mujeres como un objetivo esencial, para reparar injusticias que se hunden en la historia de las generaciones que han conformado el país.
Por: María Adalgiza Velásquez| La justicia para las mujeres es una condición esencial para construir una sociedad más equitativa para todas y todos. De acuerdo con el más reciente informe del DANE y la ONU (2024) sobre las desigualdades de género, las mujeres representan el 51,2% de la población. Por cada 100 hombres hay 105 mujeres a nivel nacional; mientras que en las zonas urbanas son 109 mujeres, y en las zonas rurales 93 mujeres.
Aunque ellas representan a la mayor parte de la población, su participación en el mercado laboral es de 52,6%, mientras que para los hombres es del 76,6%. La brecha se explica por el trabajo doméstico y los cuidados que la sociedad patriarcal, en su interacción con el neoliberalismo, impuso a las mujeres. El DANE (2021), mediante la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, contabilizó la riqueza producida por las mujeres con el trabajo doméstico en 19,6% del Producto Interno Bruto de Colombia.
A pesar de ser una de las principales fuentes de riqueza en el país, la pobreza afecta más a las mujeres. Ellas tienen una probabilidad casi tres veces mayor (30,4%) que los hombres (11,7%) de no contar con ingresos propios. En 2023, a nivel nacional, había 121 mujeres por cada 100 hombres en condición de pobreza. Las desigualdades se hacen más críticas para las mujeres campesinas, populares, indígenas y afrodescendientes. Un indicador es la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares que reconocen como jefa a una mujer (29,2%), en contraste con los que tienen como jefe a un hombre (23,6 %). Aunque esas diferencias también se presentan en las zonas urbanas, los niveles de inseguridad alimentaria son particularmente altos en los hogares rurales con jefatura femenina (35,3%).
En el actual Gobierno, la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria se redujo en todos los casos respecto a 2022, pero el mejoramiento sigue siendo mayor en los hogares con jefatura masculina. Las anteriores cifras muestran la deuda histórica que el país tiene con las mujeres, sobre todo con las campesinas, indígenas, afrodescendientes y populares. Tener perspectiva de género en la formulación de políticas públicas no es un problema reivindicativo: es un enfoque indispensable para la gestión eficiente de los recursos públicos. La gestión eficiente conlleva reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo. Sus experiencias están marcadas por la interacción de múltiples factores como la clase social, la etnia, la orientación sexual, entre otros aspectos, lo que exige reconocer la necesidad de una perspectiva interseccional. Por ello es urgente garantizar la participación de las mujeres —en su diversidad— en todos los espacios de toma de decisiones, para encarar inequidades que están marcadas por un país construido con una matriz colonial; en donde el acceso a derechos estuvo vinculado al color de piel blanco, a la condición de propietario y al género masculino.
En este Gobierno hubo en lo político un avance fundamental, se alcanzó la paridad en los puestos denominados ‘otros niveles decisorios’ (OND), y en los de ‘máximo nivel decisorio’ (MND), ya se superó el 45%. Sin embargo, en el Congreso, la participación de las mujeres no ha superado el 30%, y todavía hay departamentos sin mujeres electas en la Cámara de Representantes. La gobernanza de las mujeres no solo busca la igualdad de género, sino una transformación profunda de la sociedad, al superar las estructuras de opresión que niegan la capacidad de representación política a las mujeres subalternizadas, porque su participación en espacios decisorios desafía las estructuras de poder tradicionales y las jerarquías racistas y patriarcales, a través de formas de organización y liderazgo basadas en la construcción de comunidad, la solidaridad, y la participación colectiva de todas las personas sin importar su género. Jaqueline Campos Rincón secretaria general URT
Las mujeres rurales en Colombia, en toda su diversidad, han sido protagonistas de la resistencia del campesinado frente a la guerra y el despojo. Al mismo tiempo, han sufrido la doble carga de la violencia que azota al campo y la discriminación de género sostenida por estructuras patriarcales que persisten en nuestra sociedad. Ellas han liderado procesos de protección de territorios campesinos, como en el caso de la heroica dirigente María Zavala en Montería, quien además pronunció junto a sus compañeras el clamor “¡Basta ya!”, que inspiró el título del informe sobre el conflicto colombiano realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica hace más de una década, y que luego todo el pueblo colombiano ha hecho suyo en perspectiva de construir la paz.
La injusticia contra el campesinado colombiano es tal que ha sido el sector que más ha padecido la guerra, como lo denunció el informe ‘Guerra contra el Campesinado’ (Duarte, Bautista y Uprimny, 2022). En ese terrible contexto, las mujeres no solo llevaron a cuestas la memoria de las víctimas y sostuvieron a sus comunidades desplazadas, sino que se convirtieron en actoras clave en la lucha por la reforma agraria, meta que recibe hoy por parte de nuestro Gobierno un impulso sin precedentes desde la administración de Carlos Lleras Restrepo. Más recientemente, investigaciones académicas y el saber de las propias organizaciones campesinas han resaltado cómo el trabajo femenino en el campo, en especial el de las mujeres campesinas, ha sido esencial para los mercados de exportación que generan divisas para la economía colombiana. Su atención al detalle y una disposición histórica al cuidado —que a la vez es un aporte de vida y un rol social impuesto— han propulsado el auge de los cafés especiales, cuyo éxito en los mercados internacionales no sería el mismo sin el aporte de las mujeres colombianas (Sañudo et al., 2023). El crecimiento dinámico del agro en este gobierno se debe no solo al precio internacional de los productos —como pretenden algunos sectores opositores—, sino también a políticas concretas, como la reducción del precio de los fertilizantes y la expansión del crédito público y privado mediante incentivos a la capitalización y otras políticas públicas. Estos logros no habrían sido posibles sin la dedicación y persistencia de las mujeres campesinas, populares, indígenas, afrocolombianas, raizales y mestizas, quienes sostienen y proyectan al campo colombiano hacia un futuro de dignidad, reparación y justicia social.
En conclusión, en materia de restitución en el gobierno del cambio, ¡AVANZA!
Solicitudes: 163.802 / Demandas: 24.201/ Sentencias: 10.144/ Hectáreas restituidas: 760.213/ Personas beneficiadas: 106.225/ Inversión en proyectos productivos: $ 254.644 millones de pesos
Entrevista realizada a JAQUELINE CAMPOS RINCÓN secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras nivel central (URT) También nos entrega los avances en materia de restitución a corte de Marzo 2025.
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Socióloga – Lideresa social-política- feminista – Gestora social
Consejera nacional – Distrital
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