Según Credhos la comunidad del Madgalena Medio vive en medio del temor por la presencia de grupos armados, cierres forzados de establecimientos comerciales e imposición de toques de queda
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) lanzó una voz de alarma ante la creciente amenaza de un posible paro armado en varios municipios del Magdalena Medio.
Según Iván Madero Vergel, presidente de la organización, desde el pasado fin de semana se ha registrado la presencia de supuestos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como Clan del Golfo, quienes han llegado a zonas rurales y urbanas para imponer restricciones a la población civil.
De acuerdo con Madero, estos hombres armados han dado órdenes expresas de cerrar establecimientos comerciales y han prohibido la circulación de personas después de ciertas horas de la noche. Estas acciones, que se han reportado principalmente en municipios como Puerto Wilches (Santander), San Pablo, Simití y Cantagallo (sur de Bolívar), y Yondó (Antioquia), han generado un clima de terror e incertidumbre en la región.
“La situación es crítica; hay confinamiento y desplazamientos forzados silenciosos. Apenas nos enteramos de la muerte de alias Chirimoya, quien era el quinto en la línea de mando del Clan del Golfo y dirigía el bloque de guerra en el sur de Bolívar, sabíamos que vendrían represalias. Y efectivamente, el fin de semana empezamos a recibir llamadas de las comunidades denunciando la llegada de hombres armados en moto, quienes comenzaron a dar órdenes de cierre”, denunció el defensor de derechos humanos.
Madero explicó que estas acciones podrían ser el preámbulo de un paro armado en la región. “Lo que se espera es un paro armado, porque lo que estamos viendo es una limitación sistemática a la movilidad y a la actividad económica de las comunidades. Esto tiene en zozobra a la población civil”, precisó.
La organización también advirtió que este escenario ocurre en un contexto de debilitamiento de la presencia estatal y militar en la zona.
“Hemos identificado el avance de los actores armados, pero no vemos un fortalecimiento proporcional de la fuerza pública. Es necesario que el cambio de estrategia militar que anunció el Ministerio de Defensa se implemente de forma real y efectiva. Lo que se dice en Bogotá muchas veces no se traduce en acciones concretas en el territorio”, señaló Madero.
Mientras tanto, el temor se apodera de los habitantes. “No nos quedó de otra que cerrar. La gente tiene miedo, aún no quieren abrir sus negocios por temor a represalias. Hemos visto hombres con fusiles patrullando las calles como si tuvieran el control absoluto”, relató un residente de Cantagallo.
Estas intimidaciones coincidieron con la aparición y posterior desactivación por parte de la fuerza pública de un cilindro bomba, al parecer dejado por el Eln en la vía que comunica a los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar.
Frente a esta situación, el coronel Oswaldo Alexander Forero, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, reconoció la existencia de amenazas y confirmó que han ocurrido eventos relacionados con grupos armados ilegales en varios municipios del Magdalena Medio.
“Hay una serie de eventos protagonizados por estos grupos que están sembrando temor en la región. Infortunadamente, han circulado audios que han generado una gran intimidación entre los pobladores. La evidencia es que sí hay informaciones y presencia de esos componentes criminales en el territorio por eso nuestro trabajo ha sido fortalecer medidas de seguridad en conjunto con la policía en los sitios donde se ha denunciado esta situación”,”, expresó el oficial.
Asimismo, Forero aseguró que la presencia militar se ha incrementado. “La seguridad se ha reforzado con mayor presencia, patrullaje conjunto con la Policía y acompañamiento de la Armada Nacional. Estamos comprometidos en garantizar la tranquilidad de las comunidades y evitar que se consolide cualquier intento de paro armado. Estamos confrontando esta amenaza y reforzando la seguridad en coordinación con la Policía Nacional en los lugares donde se han presentado las denuncias”, concluyó.
En medio de este panorama, la incertidumbre reina, y el llamado de las organizaciones sociales es claro: se necesitan acciones urgentes por parte del Estado para proteger la vida y la movilidad de los pobladores de la región.
