En una reunión recientemente e realizada en Barrancabermeja, liderada por gobernadores de Bolívar, Santander y Antioquia, se analizó la situación actual de la territorialidad del Magdalena Medio.
Por: Oswaldo Ríos Carrascal | Producto de esa reunión se generaron una serie de comunicaciones que culminaron en trinos y posiciones emitidas por el presidente Gustavo Petro y uno que otro participante en el citado evento, donde además de analizar la situación de orden público, también se hizo referencia al presunto abandono estatal en lo correspondiente a inversiones sociales y económicas en esta región del país.
Hablar de regionalización implica citar a Silva (2021), quien se refiere a la propuesta de Fals Borda dirigida hacia la transformación del Estado-nación al Estado Unitario, a partir de la base de la autonomía como política socio espacial del territorio.
El autor contempla además, que el proceso de la regionalización en Colombia, originalmente concebido a partir de las regiones naturales-culturales, respondió a modelos espaciales de la llamada Nueva Geografía Económica , acorde a lo referido por De Mattos, 2000; Moncayo, 2004; Fujita & Krugman, 2004; Banco Mundial, 2009; Valdivia & Delgadillo, 2013, definidos por la transformación antrópica o la manera en que la sociedad capitalista se relacionó en condiciones espaciales heterogéneas u homogéneas de acuerdo con sus dinámicas propias
Lo reclamado por los gobernantes en Colombia ha enfatizado en mantener una autonomía territorial que exige administración propia, modificando los espacios de sociedad moderna e implicando la diferenciación de la economía, derecho, entre otros aspectos, pero con inyección presupuestal estatal con mayor músculo financiero, enmarcándose esto dentro de una autonomía, buscando una unidad en las localidades cuyas afinidades la crearían.
Trujillo (2007) identifica que la crisis del Estado-Nación vertical concebido “desde arriba”, se enfrenta a la descentralización de una sociedad pluralista y a los desafíos ante la idea tradicional de soberanía e identidad nacional, promovidos por las identidades singulares de las subculturas regionales y su diversidad étnica-cultural, la productividad y la competitividad, de la mayor exigencia del bienestar social y de infraestructura, así como del desafío ambiental.
Eso es lo que se podría evidenciar en este caso, donde las visiones encontradas entre el presidente y los gobernantes de determinados territorios muestran criterios y concepciones diferentes, sin asumir un liderazgo que permitiera dejar de lado el abandono hacia las subregiones abandonadas, azotadas por la miseria y la violencia, pero que producen riquezas y aumento del PIB en los correspondientes departamentos.
Lo grave aquí, es que desde el centralismo no se piensa en ceder espacios a las llamadas provincias y otorgarles autonomía para su manejo territorial, dado que eso ocasionaría pérdidas de los ingresos económicos por regalías y por ende, se cederían los apetitos burocráticos donde el caudal electoral es interesante y amplio.
El problema de asumir la gobernabilidad territorial, radica en las discusiones y luchas por el poder administrativo de la nueva unidad territorial. Fals Borda (1991), incorpora la flexibilidad como regla general de orientación política, económica y social de naturaleza participativa para facilitar la conformación de esquemas organizativos territoriales, bajo principios de equidad, como la compensación territorial de las diferencias económicas, sociales o de orígenes de la planeación regional en Colombia y sus retos ante el territorio del siglo XXI.
Es difícil encontrar ese respeto por la autonomía en un territorio donde algunos buscan más ventajas que otros, donde imperan la anarquía, la ambición de poder económico y social y el afán por el arribismo y la jerarquía permanente
Fals Borda (1991), asume el concepto de autonomía como el atributo de las provincias, consistiendo en ese orden de ideas en la constitución de asociaciones de municipios o territorios vinculados por razones históricas, sociales, culturales, económicas o ecológicas que deberán satisfacer plenamente la participación política, social y económica de los habitantes de los municipios o territorios.
La propuesta de Fals Borda en la Constitución de 1991, se enfocó hacia una transformación del Estado-nación al Estado Unitario, a partir de la base de la autonomía como política socio espacial del territorio.
Por su parte, Borja (1996) concibe que la autonomía territorial exige su administración propia, es decir modifica su Estado, y Lechner (1997), sostiene que la autonomía depende de la articulación de los espacios de sociedad moderna, e implica la diferenciación de campos como la economía, derecho, etc.) debidamente acotados y autónomos, volviendo problemática la “unidad” de la sociedad bajo campos que ya no operan desde el vértice jerárquico de un orden piramidal.
Como este tema es de amplio análisis y discusión, lo ideal sería consultar entre los ciudadanos que habitan cada uno de los municipios implicados a través de una asamblea constituyente, siguiendo los lineamientos constitucionales y basados en el principio de autonomía, máxime cuando se esta en discusión no solo por los aspectos económicos, sino por la diversidad, étnica, cultural, social y ambiental, donde abundan invaluables e innumerables recursos naturales.
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*Magister en educación, especialista en docencia universitaria, Ingeniero agrónomo
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