Written by 5:30 am BARRANCABERMEJA

Allanamiento y decomiso en Euforia Jeans genera controversia 

 

En Barrancabermeja Un nuevo operativo en el almacén Euforia Jeans, propiedad del empresario barranqueño Sebastián Rodríguez, desató polémica en la comunidad.

Por: Milton Ardila | El procedimiento, liderado por la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) y con el apoyo de la Policía Nacional, incluyó el decomiso de mercancía por un presunto caso de usurpación de derechos de propiedad industrial.

El despliegue de entre 50 y 80 uniformados, incluyendo personal del ESMAD, sorprendió a comerciantes y ciudadanos, quienes cuestionaron la magnitud del operativo. Este es el cuarto procedimiento realizado contra el establecimiento en los últimos años, lo que llevó a Rodríguez a denunciar lo que considera una persecución por parte de las autoridades.

“No soy un delincuente”

Fueron las palabras que expreso Sebastián Rodríguez mientras clamaba justicia tras el allanamiento, el comerciante expresó su desesperación y preocupación por la situación que enfrenta su empresa. En declaraciones, afirmó que, aunque tiene deudas pendientes con la DIAN, su negocio es legítimo y necesita trabajar para poder ponerse al día.

“Estoy desesperado, me persiguen, no me dejan dormir, no me dejan trabajar, no soy un delincuente y lo que quieren es llevarme preso”, señaló el comerciante, visiblemente afectado. Su madre, Sandra Rodríguez, también se mostró angustiada por el impacto que estos operativos han tenido en la estabilidad de la empresa familiar.

El allanamiento de Euforia Jeans generó una ola de reacciones en Barrancabermeja. Comerciantes locales y ciudadanos manifestaron su inquietud por la reiterada intervención de la DIAN en negocios del distrito, señalando que, si bien es fundamental el cumplimiento de la ley, también se deben garantizar los derechos de los empresarios.

Por su parte, la Alcaldía de Barrancabermeja emitió un comunicado, en el que aclaró que no tuvo injerencia en el operativo, ya que este fue ordenado y ejecutado por entidades nacionales.

No obstante, la administración local envió un equipo de la Secretaría de Salud para brindar apoyo a una mujer que sufrió una crisis nerviosa durante el procedimiento. Además, aseguró que trabajó en la zona para evitar alteraciones al orden público.

“La prioridad de la administración es garantizar el bienestar de la ciudadanía y velar por que estos procedimientos se realicen conforme a la ley”, señaló la Alcaldía en el comunicado.

Asimismo, el gobierno distrital hizo un llamado a la DIAN para que en futuros operativos se respete la dignidad y los derechos de los ciudadanos. También instó al comerciante afectado a denunciar cualquier irregularidad que haya ocurrido durante el procedimiento.

En este comunicado, la Alcaldía reafirmó su respaldo al sector comercial de Barrancabermeja, con el cual ha trabajado desde 2024 en estrategias de fortalecimiento, formalización y capacitación. Sin embargo, aclaró que en casos como este, su función se limita a garantizar que las directrices de las autoridades nacionales se cumplan dentro del marco legal.

Finalmente, la administración distrital aseguró que seguirá monitoreando este tipo de situaciones para garantizar que se respete el debido proceso y los derechos de los involucrados.

Por su parte, la Policía Nacional defendió la legalidad del operativo, afirmando que estas acciones buscan proteger el comercio formal y garantizar que los productos en circulación cumplan con las normativas vigentes.

Aun así, la comunidad de Barrancabermeja reacciono y exploto en redes, en contra la fuerza publica por el exceso de fuerza durante el operativo y la repeticion constante del mismo, contra los comerciantes.

Este nuevo operativo contra Euforia Jeans deja entonces sobre la mesa varias preguntas por la ciudadanía: ¿Se trata de un procedimiento legítimo o de una persecución contra el empresario? ¿Las autoridades están aplicando las medidas de manera equitativa con todos los comerciantes?

Mientras las respuestas llegan, Sebastián Rodríguez enfrenta un proceso judicial por presunta usurpación de derechos de propiedad industrial, un caso que sin duda marcará un precedente en la lucha entre el comercio local y las regulaciones del Estado.

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