La Defensoría del Pueblo ha estado alertando desde hace un año acerca de la intensificación del conflicto entre grupos armados en Norte de Santander.
El comisionado asesor de paz de Colombia, Otty Patiño, admitió que el Gobierno no evaluó la advertencia inicial emitida el año anterior por la Defensoría del Pueblo acerca de una potencial contienda entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una agrupación disidencia de las Farc en la zona del Catatumbo, tal como sucede desde el 16 de enero pasado.
Lo que se percibía por medio de las alertas representaba una intensificación del conflicto. No se llevó a cabo, y deseo ser muy autocrítico, un estudio detallado de por qué se estaban intensificando esos conflictos entre aquellos que tenían una situación de coexistencia, entre lo que denominan (…) el Frente 33 y el Eln en esa región”, manifestó Patiño.
Patiño participó en una sesión técnica del estado de cosas inconstitucional (ECI) de las garantías de seguridad para los signatarios del Acuerdo de Paz, llevada a cabo por la Corte Constitucional. En esta sesión, se discutió la situación en el Catatumbo, región situada en el departamento de Norte de Santander, donde la violencia guerrillera ha causado la muerte de al menos seis excombatientes de las Farc. La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo ya había sido previamente.
Desde el 16 de enero, los conflictos entre la guerrilla del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo han causado entre 60 y 80 fallecimientos, de acuerdo con los cálculos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que el total de desplazados supera los 50.000. No obstante, las autoridades únicamente han logrado identificar 47 cuerpos debido a la situación que continúan experimentando las áreas
