Con el inicio del 2025, los colombianos enfrentan nuevos gastos debido al incremento en las tarifas de los peajes en todo el país.
Según lo anunciado por el Ministerio del Transporte, este aumento corresponde a la inflación del 2023 y forma parte de un plan que contempla dos ajustes adicionales, programados para el 16 de enero y el 1° de abril.
Sin embargo, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos ha sido significativo, especialmente en zonas como el Peaje de los Andes, donde el alza superó los 3.200 pesos colombianos, generando rechazo entre conductores y viajeros.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en contra de estos incrementos, señalando irregularidades en los contratos de concesión realizados en gobiernos anteriores. A través de su cuenta de X, Petro calificó como un “error uribista/vargasllerista” la privatización de las vías en departamentos como Antioquia, donde algunos peajes han registrado alzas de hasta el 52 %.
“Hay peajes regulados por el Estado y otros que no. Dependen del contrato de concesión hecho, en mi opinión, muy mal en pasados gobiernos. Esos procesos terminaron con la privatización de las vías públicas”, afirmó el mandatario, quien también pidió a la Superintendencia de Transporte actuar frente al abuso en los costos.
La decisión de ajustar las tarifas ha causado descontento entre los colombianos, especialmente entre aquellos que utilizan las carreteras para trabajar o movilizarse hacia sus ciudades de origen. Las quejas se han intensificado debido a la falta de claridad sobre cómo se utilizarán los recursos recaudados y las consecuencias económicas que los aumentos pueden tener en el transporte de mercancías y en el costo de vida.
Organizaciones de transportadores y ciudadanos han exigido transparencia y regulación estricta de los contratos de concesión, mientras que el Gobierno ha reiterado su intención de revisar las concesiones realizadas bajo administraciones anteriores para garantizar condiciones más equitativas para los usuarios de las vías.
Con estas medidas en la mira, la controversia sobre el manejo de los peajes resalta la necesidad de un debate nacional sobre la infraestructura vial y su financiación, en busca de un equilibrio entre sostenibilidad económica y calidad del servicio.
