La entidad anunció medidas contra el funcionario Guillermo Alfonso Jaramillo por desabastecimiento de medicamentos
Hoy jueves, 2 de enero, se conoció quela Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por su presunta responsabilidad con la escasez de medicamentos e insumos médicos durante el año 2023.
Con esto se anunció que se formuló un pliego de cargos contra Jaramillo. La situación por la que se le señala ha sido alertada durante casi un año en relación con el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en el país en el que pacientes de enfermedades huérfanas y con diagnósticos delicados no logran acceder a sus medicinas que, en la mayoría de los casos, son esenciales para el cumplimiento de sus tratamientos.
La entidad, encargada en indagar y sancionar a los funcionarios públicos, aseveró que el jefe de la cartera de la Salud tiene responsabilidad en los hechos, ya que “solo planeó y ejecutó acciones para superar el desabastecimiento de medicamentos mediando una orden judicial, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento de sus funciones”.
Por medio de un comunicado, se detalló que Jaramillo habría “omitido tomar las medidas necesarias” para resolver la crisis, advertida desde 2022 por diferentes asociaciones médicas tras su llegada al cargo el pasado mes de marzo de 2023.
En la investigación adelantada por Ministerio Público y la Sala Disciplinaria de Instrucción se acreditó que el ministro Jaramillo tardó meses en realizar planes de acción para atender el llamado urgente, en el que se advirtió que habían, al menos, 2.351 medicamentos e insumos médicos en riesgo de escasez, siendo varios de ellos de primera necesidad.
La entidad también apuntó que dichas acciones concretas solo fueron realizadas tras las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que cobijaba principalmente al Ministerio de Salud y al Invima, para “establecer las bases de una nueva política nacional farmacéutica en los términos de que trata el artículo 23 de la Ley 1751 de 2015, en otras palabras, la elaboración de un nuevo documento Conpes, que renueve el No.155 de 2012, con base en una metodología de participación que tenga dicha mesa de trabajo como una instancia de consulta”.
Se destacó que la hoja de ruta, ordenada nuevamente en el mes de diciembre de 2024, ya había sido pedida como medida cautelar por el mismo Tribunal en 2023 tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría, con el propósito que se pudiera diseñar un plan de urgencia que garantizara el abastecimiento de fármacos.
En el reciente fallo, la magistratura del Tribunal volvió a tocar este punto y ordenó que las autoridades debían continuar con medidas de urgencia que permitiera el acceso a la salud.
La Procuraduría explicó que el ministro, entonces, expidió en el mes de noviembre de 2023 la Resolución 1896, en la que se indicó un plan de acción que contenía estrategias y actividades concretas para prevenir y superar la crisis.
Conforme con lo expresado en el documento de investigación, las acciones se dieron con el objetivo de cumplir con la orden que le impartió el Tribunal de Cundinamarcael 30 de octubre de 2023, “como respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas”.
“El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”, se sentenció.
En sus cargos, se explica quela omisión o retardo injustificado de sus funciones propias como persona a cargo del Ministerio impactó negativamente el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio. “La falta fue calificada provisionalmente como Grave a título de Culpa Grave”, se señaló.
En el mes de diciembre de 2024 el Tribunal de Cundinamarca volvió a ordenarle al Gobierno acciones sobre la crisis de medicamentos que continúa en Colombia, esta vez solicitando organizar mesas de trabajo que lleven a expedir una política farmacéutica del sector que contara con la participación de la Procuraduría, las EPS, la Adres, la Superintendencia de Salud, organizaciones de pacientes y otros actores.
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