Esta medida afectaría a más de 35.000 personas que dependen de la minería como su principal fuente de ingresos.
Más de 300 habitantes de California, Vetas, Suratá y Matanza se manifestaron pacíficamente frente a la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en rechazo a las zonas de reserva que el Ministerio de Ambiente planea establecer.
Los protestantes, equipados con pancartas y megáfonos, consideran que el decreto es arbitrario y no ha sido concertado con las comunidades locales. Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros (Asomineros), declaró: “Nos declaramos en desobediencia civil contra un decreto que ignora la delimitación del Páramo en la que hemos trabajado durante 12 años y que condena a la ilegalidad a los mineros tradicionales y ancestrales”.
Los manifestantes argumentan que la minería responsable es esencial para el desarrollo de la región y forma parte de su herencia cultural. Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), criticó la nueva declaración de reserva, afirmando que “condena a la ilegalidad a centenares de familias que han intentado formalizarse”, y acusó al gobierno de actuar sin consultar a las comunidades afectadas.
También participaron representantes de Calimineros, una empresa reconocida por su modelo de formalización, quienes expresaron su preocupación por la creciente persecución a la minería ancestral. Afirmaron que las medidas actuales no consideran las prácticas responsables y sostenibles de los mineros locales.
Los manifestantes instaron a las autoridades regionales, incluyendo la CDMB, la Gobernación de Santander y la Procuraduría, a condenar el decreto, que ya ha sido demandado ante el Consejo de Estado por su supuesta ilegalidad. “Defenderemos con nuestra vida nuestro derecho a trabajar y ejercer una actividad económica legítima”, enfatizó González.
