La desigualdad social en nuestro país ha sido un tema recurrente a lo largo de las últimas décadas, pero la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar esta situación de manera integral. A medida que la economía empieza a recuperarse, es fundamental reflexionar sobre cómo las políticas económicas actuales han impactado a las comunidades más vulnerables y, sobre todo, cómo podemos dirigirnos hacia un modelo más inclusivo que no deje a nadie atrás.
Por: Letty Fabiola Carranza | La pandemia exacerbó las desigualdades existentes. Estudios recientes indican que los sectores más desfavorecidos, como trabajadores informales y familias en situación de pobreza, han sido los más afectados, enfrentando pérdidas de ingresos, desempleo y limitaciones en el acceso a la salud y la educación. Mientras tanto, los segmentos más privilegiados de la población han podido adaptarse a la crisis gracias a la digitalización y otros recursos. Este escenario ha llevado a un incremento en la brecha de riqueza y oportunidades, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas económicas implementadas hasta la fecha.
Las políticas económicas actuales han estado centradas en la recuperación rápida, priorizando la estabilización financiera y la reactivación de sectores clave. Sin embargo, esta visión ha pasado por alto el impacto desproporcionado que tiene la desigualdad en el tejido social y económico del país. Las medidas de apoyo, aunque necesarias, han sido insuficientes para abordar las raíces de la desigualdad. Programas de ayudas directas, por ejemplo, se han visto limitados y, en muchos casos, no alcanzan a aquellos que más lo necesitan. Esto resalta la importancia de rediseñar las políticas públicas con un enfoque más inclusivo.
Un enfoque inclusivo, que considere las diversas realidades de la población, es esencial no solo para aliviar el sufrimiento inmediato, sino también para construir un futuro más equitativo. Esto implica repensar la inversión en educación y formación, áreas donde aún persisten grandes brechas. Garantizar acceso a una educación de calidad para todos, así como fomentar programas de aprendizaje que se adapten a las necesidades del mercado laboral, permitirá empoderar a los individuos y ofrecerles oportunidades reales de progreso.
La economía social y solidaria debe ser un pilar en el desarrollo de nuevas políticas económicas. Promover cooperativas, emprendimientos locales y proyectos comunitarios no solo genera empleo, sino que también fortalece el tejido social. Al fomentar un modelo de negocio que priorice el bien común sobre el lucro individual, se pueden contrarrestar las dinámicas de desigualdad y exclusión.
La implementación de impuestos progresivos es otra herramienta que merece consideración. Un sistema tributario más equitativo podría redistribuir mejor la riqueza, dirigiendo recursos a servicios públicos esenciales y programas sociales que beneficien a las comunidades más vulnerables. Países que han adoptado este enfoque han logrado mitigar las consecuencias de la desigualdad, algo que debería ser modelo a seguir.
La importancia de una voz activa en la toma de decisiones no puede subestimarse. La participación ciudadana debe ser un componente clave en el diseño y la ejecución de políticas económicas. Las comunidades deben ser escuchadas, y sus realidades consideradas en un proceso que busque el bienestar colectivo. Esto contribuirá a la creación de políticas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la población.
Es esencial reconocer que las políticas económicas que no consideran la inclusión social suelen perpetuar el ciclo de la pobreza. Se basan en modelos que favorecen el crecimiento económico a expensas del bienestar social. Esta situación se presenta no solo en el ámbito de la política pública, sino también en la forma en que las empresas abordan la responsabilidad social. Muchas veces, la creación de empleo no equivale a la creación de oportunidades para personas de todas las clases sociales. Las relaciones laborales se mantienen en términos de explotación y precarización en lugar de dignidad y desarrollo.
La desigualdad social es un desafío que no puede ignorarse en el contexto de la recuperación económica post-pandemia. Las políticas económicas actuales han mostrado limitaciones que requieren reevaluación. Es momento de transitar hacia un enfoque más inclusivo que no solo busque recuperar el crecimiento, sino que aspire a un desarrollo equitativo. Solo así podremos construir una sociedad más justa y resiliente, donde las oportunidades sean accesibles para todos, sin excepción.
La historia nos ha mostrado que una economía inclusiva es la clave para un futuro sostenible.
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* Topógrafa, Trabajadora Social en formación, Defensora de Derechos Humanos.
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