El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 en Colombia. La decisión no surgió de la nada: su origen se remonta a debates y demandas que comenzaron en julio del año pasado. Este es el contexto que explica cómo se llegó a esta trascendental medida judicial.
La suspensión del decreto del salario mínimo para 2026, anunciada por el Consejo de Estado, ha generado un fuerte impacto en trabajadores, empresarios y en la agenda política nacional. El aumento decretado por el Gobierno, que representaba un incremento histórico del 23,7 %, fue frenado tras la acumulación de múltiples demandas que cuestionaban la legalidad del proceso.
El camino hacia esta decisión puede rastrearse desde julio de 2025, cuando comenzaron a surgir inconformidades sobre la metodología utilizada para definir el ajuste salarial. Organizaciones sindicales, gremios empresariales y expertos en derecho laboral señalaron que el decreto no cumplía con los parámetros técnicos exigidos por la ley, especialmente en lo relacionado con la concertación y los estudios económicos que deben respaldar la medida.
La controversia se intensificó en diciembre, cuando el Gobierno oficializó el aumento. Aunque fue celebrado por sectores de trabajadores como un avance en justicia social, varios gremios empresariales advirtieron que el incremento podría afectar la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas. Paralelamente, abogados laboralistas presentaron demandas ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto carecía de soporte técnico suficiente.
El alto tribunal, tras revisar las demandas, decidió suspender provisionalmente el decreto mientras se estudia de fondo su legalidad. La medida implica que el Gobierno debe expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los lineamientos legales. En este lapso, tanto trabajadores como empleadores enfrentan incertidumbre sobre cómo proceder con los pagos ya realizados.
Expertos señalan que los salarios ya pagados con el aumento no deberían devolverse, pues se hicieron bajo un decreto vigente en su momento. Sin embargo, el futuro dependerá de la nueva decisión gubernamental. Para las empresas, el reto es doble: reorganizar presupuestos y contratos mientras esperan claridad jurídica.
El impacto de la suspensión también se refleja en sectores como vivienda y consumo. El aumento del salario mínimo había generado expectativas de mayor capacidad adquisitiva, pero ahora muchos trabajadores se preguntan si podrán sostener planes de crédito o gastos adicionales.
En conclusión, la suspensión del decreto del salario mínimo no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que comenzó meses atrás con debates sobre la legalidad y sostenibilidad del aumento. La decisión del Consejo de Estado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se deben fijar los salarios en Colombia, y deja en evidencia la necesidad de procesos más transparentes y técnicamente sólidos.
