La medida incluye la separación de la gerente, la remoción de la junta directiva y la designación de un agente especial interventor por un año. Entre los hallazgos figuran fallas en urgencias, farmacia, seguridad del paciente y un deterioro progresivo de las finanzas.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este martes la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado (ESE) Universitaria del Atlántico, tras detectar 49 hallazgos que afectan directamente el cumplimiento misional de la entidad y ponen en riesgo la calidad de la atención en salud.
La medida, que tendrá vigencia de un año, contempla la separación inmediata de la actual gerente, la remoción de la junta directiva y el nombramiento del doctor Fredys Miguel Socarrás Reales como agente especial interventor, quien desde hoy asume como representante legal de la institución.
De acuerdo con la Supersalud, durante el ejercicio de inspección y vigilancia se encontraron fallas asistenciales, administrativas y financieras que comprometen de manera grave la prestación de los servicios.
Entre las más relevantes se encuentran la inadecuada e insegura atención a los usuarios, la falta de adherencia a la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal y la ausencia de activación de la ruta psicosocial. También se evidenciaron problemas en la conservación de medicamentos y en la disponibilidad de insumos médico-quirúrgicos, deficiencias en el manejo de residuos hospitalarios y en los procesos de esterilización, así como incumplimientos en las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar la seguridad en la atención.
La Superintendencia advirtió, además, que la entidad presenta un deterioro progresivo en sus finanzas, reflejado en un déficit presupuestal creciente y en una gestión inadecuada de los recursos, que ha llevado a comprometer gastos sin respaldo en ingresos reales. A esto se suma una gestión ineficaz del talento humano, lo que agrava las dificultades operativas de la institución.
El nuevo interventor, Fredys Miguel Socarrás Reales, deberá presentar en un plazo máximo de 30 días calendario un plan de trabajo que permita corregir las fallas identificadas y encaminar a la ESE hacia un modelo de atención seguro, eficiente y sostenible.
