Un balance presentado en la capital del país sobre el seguimiento a la entrega de medicinas a usuarios del Sistema de Salud da cuenta de la grave problemática en los territorios.
A partir de un balance presentado sobre la ‘Estrategia de respuesta inmediata para la atención de problemáticas de acceso a medicamentos en Colombia’ —Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional—, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la actual situación que padecen usuarias(os) y pacientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Desde que comenzó el seguimiento, el pasado 10 de abril, hasta la fecha, el estudio hecho da cuenta de que alrededor del 48% de las personas reportó no haber encontrado solución a la problemática. Son enormes los obstáculos que impiden la garantía del goce efectivo al derecho fundamental a la salud.
“Las encuestas que la Defensoría aplica en los puntos de dispensación sugieren que entre el 60 y el 80 por ciento de las personas no reciben sus medicamentos o se los entregan de manera parcial. Las personas deben comprar, poco a poco, sus medicamentos en las droguerías de barrio a precios más altos”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La Defensora Iris Marín Ortiz agregó que es un problema que se agrava con la desigualdad socioeconómica y territorial que hay en el país: “Porque una persona en Bogotá, en estrato cuatro, cinco o seis, va a tener mayor posibilidad de suplir la carencia del medicamento que una persona de un estrato bajo o que esté en una zona rural dispersa o en un territorio étnico”.
Panorama desalentador
Hay problemas de disponibilidad de medicamentos para tratar la diabetes, la salud mental y los problemas cardiovasculares. El losartán, acetaminofén, metformina, valsartán, empagliflozina, levotiroxina, atorvastatina, vitaminas, rosuvastatina y amlodipino, de acuerdo con la encuesta hecha a 2.010 usuarias y usuarios del SGSSS en toda la geografía nacional, son diez de los medicamentos no entregados en los dispensadores físicos.
El 40% de los pacientes que reportó la no entrega de medicamentos estaba afiliado a la Nueva EPS en el momento de hacer la solicitud de entrega. Las siguientes tres EPS fueron Sanitas, con 15%; Salud Total, con 10%, y Cajacopi, con 5%. Estas cuatro EPS acumulan el 70% del total de pacientes y usuarios(as) encuestados.
Una vez las y los encuestados indicaban que no les habían entregado los medicamentos solicitados, se les preguntó cómo solventarían la situación, ante lo cual el 56% manifestó que lo compraría de manera particular, un 13% reduciría la dosis y un 18% indicó que lo solucionaría de otra forma, como esperar a que la EPS se lo entregue o suspender el consumo del medicamento.
Las principales consecuencias de la falta de acceso a medicamentos redundan en la descompensación clínica y el agravamiento de patologías, la judicialización y sobrecarga del sistema legal, el impacto económico sobre las y los usuarios, el colapso de los servicios hospitalarios y la pérdida de confianza institucional y malestar social.
El trabajo conjunto
Veedurías, personerías y organizaciones de la sociedad civil han enriquecido el seguimiento desde una perspectiva social y humana a la compleja situación que viven las personas para acceder a los servicios de salud y, especialmente, a los medicamentos.
Con la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría ha logrado una coordinación armónica, con la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en los PMU dispuestos en las regiones. Las entidades promotoras de salud (EPS), pese a los retrasos y la difícil situación, han asumido compromisos y soluciones.
Compromisos adquiridos
En el lugar de encuentro donde fue presentado el balance, realizado en Bogotá, y al que asistieron distintos actores del SGSSS, los compromisos adquiridos fueron:
- Participación de la Fiduprevisora en las mesas interinstitucionales en los territorios, para mitigar la problemática.
- Atención a las solicitudes y quejas presentadas por los veteranos de las Fuerzas Militares.
- Que las EPS citen a los entes de control como observadores/garantes a las mesas de negociación y conciliación con gestores farmacéuticos.
- Compromiso de monitoreo particular en zonas de difícil acceso.
- Hacer monitoreo especial a Famisanar en lo relacionado con el cambio de gestores farmacéuticos, para evitar congestiones. Se propuso pasar del 50% de pendientes al 10% en este mes.
- Hacer seguimiento a Cajacopi sobre la gestión que realiza en el norte de país.
- Hacer un seguimiento específico a las entidades promotoras de salud indígenas (EPSI).
“Necesitamos ir un paso más allá en la construcción de soluciones que realmente nos permitan, con base en el esfuerzo tan importante que hemos hecho, impulsar la acción institucional y así darle solución a este problema tan crítico que está afectando la dignidad humana en nuestro país”, puntualizó en el recinto la Defensora del Pueblo.
