El objetivo principal de esta red era documentar irregularmente a ciudadanos dominicanos y venezolanos para facilitar su tránsito hacia Norteamérica y Europa, cobrando elevadas sumas de dinero por estos servicios ilegales y poniendo en riesgo la vida y seguridad de los migrantes.
Migración Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, desarticuló una red criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes y a la falsificación de documentos públicos, en un operativo simultáneo desarrollado en varias ciudades del país.
El caso se originó gracias a una alerta emitida por la Regional Amazonas de Migración Colombia, que detectó a un ciudadano dominicano intentando salir del país con documentación colombiana presuntamente falsa. A partir de este hecho, se desplegó una investigación que permitió establecer que la estructura tenía su epicentro en Barranquilla, Maicao, Valledupar y Medellín, y contaba con un sofisticado esquema delictivo que incluía la obtención fraudulenta de registros civiles colombianos, la falsificación de apostillas y el acceso ilícito a sistemas informáticos.
Como resultado de la operación, fueron capturadas once personas en distintas ciudades: seis en Soledad, dos en Barranquilla, una en Valledupar, una en Medellín y una en Arroyohondo (Bolívar).
Entre los detenidos se encuentran tres funcionarios de la Notaría Primera de Barranquilla, presuntamente implicados en la expedición irregular de documentos oficiales. Durante los allanamientos se rescataron tres migrantes —dos ecuatorianas y una dominicana— que fueron puestas a disposición de Migración Colombia.
En las diligencias se incautaron dos armas de fuego, municiones, equipos electrónicos y una gran cantidad de documentos de identificación, tanto colombianos como extranjeros, incluyendo registros de nacimiento, cédulas, partidas de bautismo y apostillas, entre otros, con información relevante para la investigación.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que esta operación demuestra el compromiso de la entidad con la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos, una prioridad para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Destacó, además, la importancia del trabajo conjunto entre instituciones nacionales e internacionales para combatir este flagelo y reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier oferta de trámites migratorios a través de terceros no autorizados. Recordó que los servicios oficiales son personales y se realizan exclusivamente a través de las entidades competentes.
