El caso Vitalogic revela una trama de corrupción en Bucaramanga: seis condenados por direccionamiento contractual, falsedad y omisión legal. La investigación judicial y el periodismo de Corrillos evidencian cómo se vulneró la ética pública en la gestión de residuos.
Ocho años después de la firma del contrato de consultoría para el manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario El Carrasco, la justicia colombiana cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia administrativa de Bucaramanga. El caso Vitalogic, como se le conoce desde sus primeras revelaciones, culminó con la condena de cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y un contratista, todos implicados en una trama de falsificaciones, direccionamientos y omisiones legales que marcaron el proceso de adjudicación de un contrato por 336 millones de pesos.
Pero detrás de las sentencias judiciales hay una historia más profunda: la de un entramado institucional que permitió la corrupción, la de un exalcalde que negó su responsabilidad hasta el final, y la de un medio regional que, contra todo pronóstico, destapó el escándalo.
En 2016, la EMAB suscribió un contrato de consultoría con el propósito de implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos en El Carrasco. La propuesta, presentada por el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala, prometía soluciones innovadoras y sostenibles. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación demostró que el proceso estuvo viciado desde su origen.
Las investigaciones revelaron que Alarcón presentó propuestas falsas de otros ingenieros para simular competencia, mientras que los funcionarios de la EMAB omitieron requisitos legales, direccionaron el contrato y falsificaron documentos públicos y privados. El resultado: seis condenas por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Rodolfo, el gran orquestador
El caso involucró al entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien fue condenado en primera instancia por su presunta intervención en la planeación del contrato. Aunque siempre negó su responsabilidad, la justicia determinó que favoreció la adjudicación del contrato a Alarcón, reforzando el entramado de decisiones irregulares.
Hernández, conocido por su discurso anticorrupción, enfrentó una paradoja política: mientras denunciaba irregularidades en otras dependencias, su administración avalaba un contrato viciado. Su condena, aunque aún en proceso de apelación, marca un precedente en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales.
La condena involucra también a:
José Manuel Barrera Arias
Exgerente de la EMAB
Condena: 11 años y 10 meses de prisión
Barrera Arias fue el rostro visible de la EMAB durante la firma del contrato. Ingeniero con trayectoria en gestión pública, su rol fue clave en la aprobación del proyecto Vitalogic. La Fiscalía lo señaló como responsable directo del direccionamiento contractual, avalando documentos sin verificación técnica. Su condena refleja la responsabilidad jerárquica en el entramado.
Rubén Enrique Amaya Vanegas
Jefe de disposición final
Condena: 13 años y 1 mes de prisión
Amaya Vanegas tenía a su cargo la operación técnica del relleno sanitario. Su participación fue decisiva en la validación de propuestas sin sustento técnico. La justicia lo consideró uno de los autores intelectuales del fraude, al haber facilitado el camino para la adjudicación irregular.
César Augusto Fontecha Rincón
Jefe jurídico de la EMAB
Condena: 12 años y 7 meses de prisión
Fontecha Rincón fue el encargado de revisar la legalidad del contrato. En lugar de alertar sobre las irregularidades, avaló documentos falsos y omitió requisitos legales. Su condena pone en evidencia el colapso de los controles internos de la empresa.
Abelardo Durán Leyva
Subgerente técnico
Condena: 12 años y 2 meses de prisión
Durán Leyva participó en la evaluación técnica de las propuestas. Según la Fiscalía, actuó en complicidad con Alarcón para favorecer su adjudicación, ignorando criterios de idoneidad y competencia.
Abigail León Nieves
Subgerente administrativa
Condena: 12 años y 2 meses de prisión
León Nieves fue responsable de la gestión documental y administrativa del contrato. Su firma aparece en varios documentos que sustentaron el proceso, pese a las inconsistencias evidentes. La justicia la consideró parte activa del entramado.
Jorge Hernán Alarcón Ayala
Contratista
Condena: 9 años y 10 meses (domiciliaria por razones de salud)
Alarcón fue el cerebro detrás de la simulación de competencia. Presentó propuestas falsas de otros ingenieros, manipuló documentos y logró que su empresa fuera favorecida. Aunque cumplirá su condena en casa, su rol fue central en el caso.
Corrillos: el medio que destapó la verdad
En medio del silencio institucional y la opacidad administrativa, el medio regional Corrillos jugó un papel fundamental en la revelación del caso Vitalogic. Desde 2017, sus investigaciones periodísticas comenzaron a levantar sospechas sobre el contrato, cuestionando la falta de competencia real, la opacidad en la adjudicación y el perfil del contratista.
Con reportajes documentados, entrevistas a expertos y análisis jurídico, Corrillos logró posicionar el tema en la agenda pública. Su cobertura fue clave para que la Fiscalía iniciara las investigaciones formales, y para que la ciudadanía exigiera transparencia.
El trabajo de Corrillos no solo evidenció el caso, sino que demostró el poder del periodismo regional como herramienta de control social. En un contexto donde los grandes medios ignoraban el tema, fue la persistencia local la que permitió que la verdad saliera a la luz.
El caso Vitalogic dejó profundas heridas en la institucionalidad de Bucaramanga. La EMAB, que debía ser garante de la gestión ambiental, se convirtió en símbolo de corrupción. La confianza ciudadana se vio afectada, y el relleno sanitario El Carrasco sigue siendo un problema sin solución estructural.
Las condenas judiciales representan un avance, pero también evidencian la necesidad de reformas profundas en los procesos de contratación pública, en los sistemas de control interno y en la formación ética de los funcionarios.
Además, el caso plantea preguntas sobre la responsabilidad política de quienes, como Hernández, participaron en la planeación del contrato. ¿Puede un discurso anticorrupción justificar decisiones irregulares? ¿Qué mecanismos existen para prevenir el direccionamiento desde los niveles más altos?
Vitalogic como caso de estudio
Más allá de las condenas, Vitalogic se convierte en un caso de estudio para universidades, medios y entidades públicas. Su análisis permite reflexionar sobre:
La ética en la función pública: cómo la omisión de controles y la complicidad técnica pueden facilitar la corrupción.
El rol del periodismo regional: cómo medios como Corrillos pueden ser agentes de cambio y vigilancia ciudadana.
La responsabilidad política: cómo los líderes deben responder por las decisiones que avalan, incluso si no las ejecutan directamente.
Con las condenas emitidas, Bucaramanga enfrenta el reto de reconstruir su institucionalidad. La EMAB debe recuperar su legitimidad, el relleno sanitario requiere soluciones reales, y la ciudadanía debe mantenerse vigilante.
El caso Vitalogic no es solo una historia de corrupción: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin ética, cuando los controles fallan y cuando el silencio se impone. Pero también es una historia de resistencia, de periodismo valiente y de justicia que, aunque tardía, llegó.
